Con las tarifas que pretende aprobar el Concello, el agua pasará a ser un 26% más cara, por ejemplo, que en A Coruña

Modernizar o mejorar un servicio tan esencial para los ciudadanos como lo es el ciclo del agua es un hito que no luce en el currículum de ningún dirigente público. Pese a su importancia, implica inversiones millonarias poco visibles y de escaso valor a la hora de emitir el voto. Un argumento difícilmente defendible pero que explica la falta de atención presupuestaria por parte del Concello en un sistema de abastecimiento claramente deficiente. Y en este contexto, parece razonable que los vigueses reclamen saber a dónde van a parar los 40 millones de euros que el Concello recauda al año a través de los recibos, cuyo destino es desconocido. Recibos, por cierto, que vuelven a subir este año pese a que la calidad del agua roza el “deficiente” en algunos barrios y dista mucho de tener los parámetros que existen en otras ciudades de Galicia y de España

La ciudad espera a que de una vez por todas alguien decida actuar en la ETAP do Casal, en la de Valladares, o en los colectores y depósitos de la urbe. Mientras, el tiempo sigue transcurriendo. Son ya más de diez años los que han pasado desde que se conociera el primer informe técnico que apuntaba a la necesidad urgente de ampliar y modernizar la estación potabilizadora. Un informe que fue ignorado desde el Concello durante más de una década pero que acabó dándose a conocer en 2017 mientras la ciudad de Vigo tenía dificultades para el abastecimiento. Ese mismo año, otro informe, en esta ocasión de la concesionaria Aqualia, ratificaba la necesidad urgente de intervenir. La inversión valorada ya entonces en 21 millones de euros sería muy poco rentable políticamente. Las consecuencias; un agua de muy mala calidad, en ocasiones no apta para el consumo humano, y la pérdida de hasta una cuarta parte del agua potable en las redes de abastecimiento. ¿Sequía en Vigo? Sí, pasó. Y fue así porque si bien no está en manos humanas el facilitar la llegada de precipitaciones, sí es responsabilidad del Concello que el 25% del agua embalsada se pierda en un sistema de distribución deficiente.

Conviene recordar que no han sido pocas las mediciones de calidad en las que técnicos independientes dieron el calificativo de “agua de muy mala calidad”, rango previo al de “no potable”, a las muestras recogidas en domicilios privados de diferentes barrios de la ciudad de Vigo. Domicilios que, evidentemente, comparten red con instalaciones como colegios, guarderías o centros de día. Es decir, esa agua que en diferentes momentos se mostró como casi insalubre es la que se utiliza en lugares que dan servicio a niños y mayores.

Concentraciones de hierro o de aluminio por encima de lo recomendable y turbidez llamativa en el agua de la ciudad han sido constantes en los últimos años en las mediciones efectuadas por lo laboratorios de referencia en el control de calidad del suministro.

Aquellos que no quieren gastar un euro en mejorar la calidad del agua en la ciudad se empeñan en desdecir los informes técnicos para insistir en que la potabilizadora “funciona maravillosamente”. El adjetivo, hiperbólico como de costumbre, pretende justificar una prórroga del actual contrato de gestión integral del ciclo del agua. Y hacerlo con un sistema de tarificación a todas luces lesivo para los vigueses, que verán cómo se encarece mes a mes el consumo en sus hogares. En algunos casos, en la mayoría, llegando a multiplicar por tres lo que están pagando en estos momentos. La mitad de calidad al triple de coste.

El agua más cara

Sí, con las tarifas que pretende aprobar el Concello, el agua pasará a ser un 26% más cara, por ejemplo, que en A Coruña por culpa de la tarifa municipal. El sistema tarifario propuesto sigue sin corresponderse con los costes reales, que aumentan y se trasladan de la parte del consumo a la cuota fija. De este modo, una familia media de tres miembros, con un consumo de 14 metros cúbicos, que paga actualmente 34,86 euros cada dos meses por los servicios del agua, sumideros y depuración pasará a pagar 41,62 euros. Hasta 60 euros más al año, ¿es mucho o es poco? Habría que preguntárselo a esos vigueses que pasan apuros para afrontar sus gastos diarios.

Y no, nada tiene que ver en este incremento el canon autonómico del agua, que representa aproximadamente el 13% del importe del recibo, frente a la tasa municipal del 31% del abastecimiento y del 33% del saneamiento. Es decir, de los más de 28 euros que se pagarán en el nuevo recibido de la cuota fija (ahora son 7,6 euros), el tramo que corresponde a la Xunta es de 3,6 euros y el resto es recaudación municipal.

Vigo se ha convertido así en una suerte de gallina de los huevos de oro para Aqualia, que volverá a ver como se prorroga su concesión a dedo por segunda vez consecutiva, al igual que sucedió en 2016, en esta ocasión bajo la débil excusa de que una serie de incertidumbres, indefiniciones y supuestos incumplimientos hacen aconsejable que se estire su contrato.  

La ampliación de la concesión se disfraza con un supuesto plan de inversiones y una recaudación municipal cuyo destino es una incógnita para el contribuyente. Muy al contrario, no lo son los 100 millones que desde otras administraciones se han invertido en la nueva depuradora, el millón que tiene reservado para el saneamiento de Teis o los más de 6 millones que prevé para paliar las inundaciones del Lagares, superando con creces la recaudación que percibe por su canon.

Pero en la diferencia de trato entre administraciones no hay consuelo para el ciudadano de Vigo que padece un sistema de abastecimiento indigno para la primera ciudad de Galicia.