Asesorará a la Xunta y diseñará medidas para la recuperación paulatina de la economía

Feijóo apuesta por «diseñar actuaciones para la recuperación paulatina de nuestra economía» al tiempo que se gestiona la emergencia sanitaria e se programan las semanas posteriores al levantamiento del estado de alarma

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció hoy que Galicia contará con un comité de expertos en el ámbito económico para asesorar a la Xunta sobre el impacto de la crisis del COVID-19 y evaluar medidas. “Tenemos que diseñar medidas para la recuperación paulatina de nuestra economía, gestionar la emergencia sanitaria e ir pensando en las semanas posteriores al levantamiento del estado de alarma”, abundó.

Durante la rueda de prensa del Consello, Feijóo subrayó que este comité contará con expertos del ámbito académico, del ámbito de la sociedad civil, de la sociedad empresarial y con personas vinculadas al Círculo de Empresarios de Galicia, al Foro Económico de Galicia y la Asociación de la Empresa Familiar de Galicia, entre otras instituciones. Y, por parte de la Xunta, estará todo el equipo económico del Gobierno gallego –Facenda, Economía, Medio Rural y Mar-.

Sus funciones principales serán la de determinar el impacto de la emergencia sanitaria en la economía, la previsión de la caída del Producto Interior Bruto, la previsión de la merma de los ingresos vía tributaria de Galicia y del conjunto de España y el impacto que supondrá en el déficit público. “Y, con esta información trabajaremos en el ámbito del diálogo social, de las organizaciones sindicales y patronales”, aseveró.

Refuerzo de las aportaciones para favorecer la liquidez del sector marítimo-pesquero

El presidente del Gobierno gallego destacó también, en la rueda de prensa, el refuerzo de las aportaciones para favorecer la liquidez de la industria del mar.

Con esta iniciativa, las empresas marítimo-pesqueras podrán garantizar la financiación del tráfico comercial en la cadena de abastecimiento, mediante préstamos avalados por el Instituto Gallego de Promoción Económica para: adelanto de facturas, gestión del pago de las compras; o pólizas de comercio exterior. Y también se favorecerá la posibilidad de financiar inversiones en materia de producción.

Asimismo, la Administración autonómica avalará la aportación de créditos a medio y largo plazo -con un tipo de interés cero-, por parte de las entidades financieras para favorecer la viabilidad de las empresas del sector.

Suspensión del cobro de los alquileres de abril de las viviendas propiedad de Xestur

Por otra parte, Feijóo anunció también la decisión de suspender el cobro de los alquileres de abril de las 64 viviendas propiedad de Xestur y las cuotas correspondientes a este mismo mes por las parcelas industriales que tienen adjudicadas Xestur y el IGVS en régimen de alquiler o en derecho de superficie.

El presidente de la Xunta aseveró que con esta última decisión, son ya unas 4.300 las familias gallegas que se pueden beneficiar de las medidas extraordinarias en materia de vivienda.

Impacto de la decisión del Gobierno de confiscar 100 M€ de las políticas de empleo

Por otra parte, el Consello da Xunta evaluó también la decisión “inesperada” del Gobierno de España de confiscar a la Comunidad 100 millones de euros previstos para políticas activas de empleo.

“Estamos hablando de una decisión sin precedentes, que invade claramente las competencias autonómicas y totalmente inesperada, ya que nada se dijo en las tres videoconferencias de presidentes”, resaltó Feijóo, quien trasladará al presidente del Estado la discrepancia de Galicia.

El responsable del Gobierno gallego aseveró que estos 100 millones, que están en los presupuestos de la Comunidad, estaban destinados fundamentalmente a formar a personas desempleadas, por lo que la Administración autonómica no podrá poner en marcha ocho programas de formación pactados con los sectores: un plan específico para el naval, otro para la automoción, otro para el forestal, así como las unidades formativas en empresas.

Los empresarios de Pontevedra insisten en que el Gobierno se asesore con las organizaciones empresariales para consensuar acciones efectivas que amortigüen el impacto de la crisis

La Confederación apunta que es necesario flexibilizar el mercado laboral y apoyar financieramente a las empresas

Tras los dramáticos datos del paro de marzo, la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) urge al Gobierno a dialogar para frenar la destrucción del tejido productivo y del empleo.

La confederación advierte que la crisis sanitaria ha provocado un escenario económico sin precedentes, y que las medidas adoptadas por el Ejecutivo Central hasta ahora no han sido efectivas ni conseguido amortiguar el impacto en las empresas.

Ello no ha impedido que se fueran adoptando decisiones y contradecisiones, utilizando la figura del Real Decreto Ley, cambiando la redacción de las normas de hora en hora, publicando las resoluciones prácticamente al filo de la medianoche, y dando lugar a una inseguridad jurídica igualmente inédita.

“Los que conocemos la realidad del tejido empresarial, su diversidad y sus urgencias en estos difíciles momentos somos los empresarios, las organizaciones empresariales. No pueden seguir dejándonos al margen. Ya tenemos suficiente con lo incierto de la situación como para lidiar también con la improvisación del Gobierno. No pueden seguir decidiendo sin escucharnos quienes ni son empresarios ni conocen nuestras necesidades”, expone el Presidente de la CEP, Jorge Cebreiros.

Desde la CEP subrayan que en 15 días esta crisis se ha llevado por delante tantos empleos como durante los cinco meses siguientes al inicio de la crisis financiera global del 2008.

Sólo en la provincia de Pontevedra, el paro se incrementó en 3.650 personas en marzo, una caída intermensual del 5,6%, y eso sin que el Ministerio de Seguridad Social haya incluido a los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), ni a los que hayan causado alta en el Servicio Público de Empleo durante la última semana del mes. Para el resto del territorio nacional las cifras son igualmente preocupantes.

La Confederación reprocha que se les haya cobrado íntegra la cuota del mes de marzo a los autónomos, a pesar de que la actividad económica quedó restringida a mitad de mes. Desde el 14 de marzo la mayoría de los autónomos y muchas pymes han pasado de 100 a 0.

Con una población que permanece confinada desde hace 15 días, se ha producido una caída abrupta de la actividad y del consumo, excepto en el caso de los productos y bienes de primera necesidad. La economía doméstica, como ya se vivió en la crisis del 2008, ya acusa el impacto en el empleo y seguirá acusándolo si no se remedia.

“Cuanto peor le vaya a las empresas, peor comportamiento tendrá el mercado laboral y se perderán más puestos de trabajo, con la consiguiente caída de las rentas de las familias y, por ende, del consumo. Si partimos de la base que el Estado se financia con la recaudación de impuestos a contribuyentes y sector privado, no le conviene al Gobierno esta política de oídos sordos”, razona Cebreiros.

En línea con lo anterior, la CEP destaca que sin una economía productiva en funcionamiento y el consumo contenido -y cada vez más amenazado-, el Estado verá irremediablemente mermados sus ingresos, por lo que puede verse abocado a realizar ERTEs en la propia administración, desproporcionalmente sobredimensionada con 22 ministerios.

Por todo ello, la Confederación propone que el Ejecutivo negocie con las organizaciones empresariales medidas de flexibilización del mercado laboral, tanto para contratar como para gestionar lo que queda de crisis, así como también solicita que se articulen facilidades de pago y se flexibilicen las condiciones financieras y las medidas fiscales a las empresas.

“De nada van a servir las moratorias si, como se prevé y ya alertan desde importantes organismos internacionales, la recuperación será dura y lenta. Va a ser necesario que las empresas puedan acceder a financiación a interés cero y que se les facilite el pago todo lo que sea posible, evitando sanciones posteriores, para devolver a la normalidad al tejido productivo”, sostiene Cebreiros.

La Policía Local tramitó este último jueves 40 propuestas de sanción, y realizó 28 advertencias verbales, 84 identificaciones y 788 controles a vehículos

Vigo superó ayer la barrera de las 600 denuncias por saltarse el estado de alarma desde su inicio. En total, y según datos facilitados por el alcalde, la Policía Local ha tramitado 619 propuestas de sanción desde el comienzo del confinamiento, 40 en las últimas 24 horas.

A estas cifras hay que añadirle otras 28 advertencias verbales, 84 identificaciones y 788 vehículos controlados. A este respecto, los controles realizados en la jornada de ayer se ubicaron en Paseo de Granada, Avenida de Galicia, Gran Vía, calle Macal, Avenida de Europa e Travesía de Vigo, sumando siete conductores denunciados de los más de 320 parados.

Además, la Policía Local realizó controles de afluencia y seguridad en los mercados de la calle Coruña y del Calvario, donde se donde se cumplían las condiciones exigidas en el estado de alarma.