Se suspenderá la regla de gasto en 2020, se prorrogará el uso del superávit de 2019 para inversiones financieramente sostenibles y se concederán mejores condiciones para ayuntamientos con problemas económicos
Caballero asegura que la Junta de Portavoces de la FEMP, celebrada esta mañana, se muestra «mayoritariamente receptiva», y reclama el fondo de transporte para los ayuntamientos
Tras el histórico fracaso en el Congreso a la propuesta acordada entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno central, el Ministerio de Hacienda ha movido ficha hoy anunciando, para las próximas semanas, un nuevo Real Decreto-ley con el que busca que las Entidades Locales tengan más recursos y un mayor margen presupuestario con el que afrontar la actual crisis provocada por la pandemia.
El nuevo texto, cuyo impacto según el Ministerio superará los 3.000 millones, incluirá las medidas más urgentes e imprescindibles para los ayuntamientos que ya habían sido pactadas con la FEMP y que generaron aparentemente un mayor consenso.
Cabe recordar que el conflicto surgió cuando el gobierno central planteó -para la actual ley de techo de gasto- recibir todos los remanentes municipales -más de 15.000 millones de euros-, que devolverían a quince años a contar desde el 2022, a cambio de un fondo de algo más de 5.000. La propuesta fracturó al municipalismo, y sólo logró salir adelante tras un empate a 12 en la Junta de Gobierno de la FEMP desecho gracias al voto de calidad de su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Ahora, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que recuperará las medidas de liquidez y alivio financiero más necesarias y urgentes para los ayuntamientos. Medidas que se incluyeron en ese primer Real Decreto tumbado por las Cortes.
Así, Hacienda se compromete a habilitar las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones. También apuesta por suspender la regla de gasto en 2020 y ofrecer mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas -en la anterior propuesta, aquellos municipios que no tenían remanente no podían acceder al fondo propuesto-.
También se prorrogará para este año el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto, según estimaciones del Ministerio, alcanza los 987 millones. Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros.
Aceptación municipal
Un nuevo escenario para el que, según ha apuntado Caballero, la Junta de Portavoces de la FEMP, celebrada esta mañana, se muestra «mayoritariamente receptiva». Eso sí, el presidente de la Federación ha insistido en la necesidad de incluir el fondo de transportes para los ayuntamientos.
Así, el regidor olívico ha adelantado que en la Junta de Portavoces ha habido un «acuerdo unánime» para que el nuevo decreto ley incorpore el fondo de transportes, «que era de un mínimo de 275 millones de euros extensible a unos 400 millones».
Según Caballero, esto es «imprescindible que se apruebe con efectos del año 2020» porque algunos ayuntamientos «tendrán que hacer frente al menoscabo de ingresos de transportes y no tendrán los ingresos provenientes» del Gobierno central. De no hacerlo, ha avisado, «entraran en déficit» con las «consecuencias negativas que eso implica».
El alcalde ha reclamado también que el nuevo Real Decreto se apruebe en el «periodo más breve de tiempo» para tener «una normativa» que permita a las entidades locales hacer uso de su superávit. Asimismo, ha afirmado que seguirán dialogando con Hacienda para buscar «el enriquecimiento máximo para favorecer a los ayuntamientos».
Caballero ha insistido también en la necesidad de continuar con la negociación sobre la distribución del fondo de 5.000 millones a fondo perdido, así como de la utilización de los remanentes con que cuentan los Gobiernos Locales, cuestiones que no están recogidos en la propuesta presentada hoy y que supondrían la movilización de casi 15.000 millones de euros.