La entidad advierte de que el 51% de las personas extranjeras en la comunidad vive en situación de exclusión social y reclama una regularización extraordinaria para garantizar derechos básicos
La realidad tiene cifras, pero también tiene rostros. Y los datos que maneja Cáritas Diocesana de Tui-Vigo dibujan un escenario preocupante: la exclusión social entre la población extranjera en Galicia es 5,5 veces superior a la de quienes tienen nacionalidad española, según el último Informe FOESSA 2025.
Así lo trasladó Bibiana Vilariño, responsable de Acción Social de Cáritas Tui-Vigo, durante su participación en el programa ‘Vigo a Debate’ de TeleVigo, donde defendió la necesidad de una regularización extraordinaria de personas migrantes como vía imprescindible para “garantizar derechos y visibilizar a personas que ya conviven con nosotros”.
La invisibilidad como antesala de la exclusión
Vilariño puso cifras a una realidad que la entidad constata cada día: alrededor del 80% de las personas que acuden a Cáritas Tui-Vigo son migrantes. Una proporción que conecta directamente con el diagnóstico del Informe FOESSA, que revela que el 51% de las personas extranjeras en Galicia se encuentra en situación de exclusión social.
La falta de documentación, explicó, actúa como una barrera estructural. “La invisibilidad administrativa impide acceder a derechos básicos y ayudas regladas”, subrayó durante el debate. Esa invisibilidad condena a miles de personas a moverse en la economía sumergida o a depender de redes informales para subsistir.
Vivienda: el gran cuello de botella
El acceso a la vivienda emergió como el principal obstáculo para la integración. Según denunció la representante de Cáritas, el coste de una vivienda puede suponer más de la mitad de los ingresos de una persona.
Los datos respaldan esta afirmación: la vivienda es la dimensión donde más ha crecido la exclusión en Galicia, afectando ya al 26,1% de la población. Entre 2018 y 2024, el precio de la vivienda aumentó un 32%, mientras que la renta media de los hogares solo creció un 26,2%, ampliando la brecha entre ingresos y gasto residencial.
Esta tensión empuja a los colectivos más vulnerables al alquiler: el 28,8% de los hogares en riesgo de pobreza en Galicia vive en régimen de alquiler, frente al 15% de la población general. Una diferencia que evidencia la fragilidad de quienes carecen de estabilidad económica y jurídica.
Empleo precario y economía sumergida
El debate contó también con representantes de otras entidades sociales como Accem, Provivienda y la asociación ACuidarteTH, que coincidieron en señalar la precariedad laboral como otro de los grandes nudos del problema.
Soraya Mendoza, de ACuidarteTH, denunció la situación de muchas trabajadoras del hogar —en ocasiones profesionales cualificadas en sus países de origen— que trabajan sin contrato y residen en el domicilio de sus empleadores ante la imposibilidad de acceder a una vivienda.
Por su parte, Rubén Torres, de Provivienda,señaló que las personas migrantes aportan alrededor del 10% al sistema social en España, pero solo consumen el 1%, mientras que Ariadna Navarro, de Accem, subrayó que la regularización extraordinaria no solo beneficiaría a los propios migrantes, sino al conjunto de la sociedad al reducir la economía sumergida y reforzar la protección internacional.
