La autopista sigue siendo de titularidad estatal y Audasa mantiene una concesión vigente hasta agosto de 2048

Galicia podrá asumir competencias sobre tarifas, inspección y sanciones, pero el traspaso no elimina por sí solo los peajes ni la concesión

El debate sobre el futuro de la AP-9 suele mezclar tres cuestiones diferentes: quién es propietario de la autopista, quién la explota y quién paga cuando un usuario circula gratis o con descuento. La situación jurídica actual permite separar claramente esos tres ámbitos.

La AP-9 es hoy una infraestructura pública integrada en la Red de Carreteras del Estado. Lo que está en manos privadas no es la autopista, sino su concesión de construcción, conservación y explotación, que corresponde a Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española (Audasa) y vence el 18 de agosto de 2048.

Audasa es actualmente una sociedad privada. Su único accionista es Ena Infraestructuras, integrada a su vez en el grupo Itínere. La documentación registrada ante la CNMV confirma que, a junio de 2026, Itínere está controlada conjuntamente por APG Asset Management y Swiss Life Asset Managers.

El traspaso a Galicia todavía no se ha completado

La Ley Orgánica 3/2026, aprobada este verano, establece el marco para transferir a Galicia tanto la titularidad de la AP-9 como las competencias relacionadas con la concesión. Sin embargo, la aprobación de la ley no hizo efectivo automáticamente el traspaso.

Para que Galicia asuma realmente esas competencias, Estado y Xunta deben alcanzar primero un acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias, concretar los medios materiales y presupuestarios y aprobar posteriormente el correspondiente real decreto. A fecha de septiembre de 2026 ese proceso todavía no se ha completado y no existe una fecha cerrada para hacerlo efectivo.

Cuando el traspaso se produzca, Galicia podrá asumir funciones como la autorización de nuevos tramos y reformas, la supervisión e inspección de la autopista, la potestad sancionadora sobre Audasa y decisiones relacionadas con el régimen económico de la concesión, incluidas la actualización o supresión de tarifas y los programas de descuentos.

Esto no significa, sin embargo, que Audasa desaparezca. La concesión seguiría vigente hasta 2048 salvo que se modificase, rescatase, anulase o extinguiese por alguna otra vía jurídica.

Que el usuario no pague no significa que el peaje no tenga coste

Este es uno de los puntos más importantes para entender el sistema. Las actuales bonificaciones de la AP-9 ya funcionan mediante compensaciones públicas a Audasa.

El Real Decreto de 2021 establece expresamente que las bonificaciones financiadas por el Estado deben mantener la “neutralidad” económica de la concesionaria. Es decir, cuando la Administración decide que un usuario pague menos o no pague determinados trayectos, los Presupuestos del Estado compensan a Audasa por los ingresos que deja de percibir en los términos establecidos legalmente.

Por tanto, una AP-9 gratuita para el conductor no equivale necesariamente a una AP-9 sin coste: mientras exista la concesión, eliminar o reducir los peajes puede trasladar ese coste desde el usuario directo a los presupuestos públicos.

La propia Ley Orgánica de transferencia deja establecido cómo se repartirían esas obligaciones. El Estado seguirá asumiendo las consecuencias económicas de las decisiones adoptadas antes del traspaso. Pero si, una vez transferida la autopista, Galicia introduce modificaciones en el régimen económico-financiero de la concesión, será la comunidad autónoma la que deba asumir las repercusiones económicas de esas nuevas decisiones.

Así, la Xunta podría tener competencia para introducir nuevos descuentos o incluso plantear la supresión de determinados peajes, pero tendría que afrontar las consecuencias económicas que generase sobre la concesión vigente.

¿Quién paga el mantenimiento de la autopista?

Audasa no se limita a cobrar los peajes. Su concesión comprende también la conservación y explotación de la AP-9, por lo que el mantenimiento ordinario de la infraestructura forma parte de sus obligaciones como concesionaria.

Eso no significa que todas las grandes obras realizadas en la autopista sean financiadas necesariamente por Audasa. La concesión ha sido modificada en numerosas ocasiones para realizar nuevas actuaciones y, dependiendo de cada acuerdo, determinadas inversiones han sido asumidas directamente por el Estado. Es el caso, por ejemplo, de la remodelación del enlace de Pontevedra Norte aprobada en 2023, cuya inversión fue asignada íntegramente al Ministerio de Transportes, mientras Audasa asumía posteriormente determinadas funciones de conservación y explotación.

Las prórrogas de la AP-9 no comenzaron con un único Gobierno

La historia de la concesión tampoco se reduce a una sola decisión política. La concesión original fue adjudicada en 1973 y sufrió sucesivas ampliaciones.

En 1977 se prolongó su vigencia hasta 2013. Posteriormente, en 1994, durante el Gobierno de Felipe González, un nuevo real decreto amplió el plazo hasta agosto de 2023. Seis años después, en 2000, durante el Gobierno de José María Aznar, la concesión volvió a ampliarse otros 25 años, estableciendo su finalización el 18 de agosto de 2048.

Bruselas cuestiona las ampliaciones, pero la concesión sigue vigente

La Comisión Europea considera que las ampliaciones de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 vulneraron las normas comunitarias de contratación pública al introducir cambios sustanciales sin convocar una nueva licitación.

En julio de 2025 Bruselas emitió un dictamen motivado contra España y señaló que estas ampliaciones eran equiparables a nuevos contratos de concesión que deberían haber sido sometidos a un procedimiento competitivo.

Sin embargo, ese pronunciamiento de la Comisión Europea no equivale a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que haya anulado la concesión. Mientras no exista una decisión jurídica que produzca ese efecto o se adopte otra solución administrativa válida, la concesión de Audasa continúa vigente hasta 2048.

El escenario actual, por tanto, es más complejo que una simple elección entre “peajes” o “autopista gratuita”: Galicia está pendiente de recibir la titularidad y las competencias, Audasa conserva una concesión con derechos y obligaciones hasta 2048 y cualquier cambio que altere su equilibrio económico puede tener consecuencias para las arcas públicas.

Fuentes oficiales consultadas: BOE —Ley Orgánica 3/2026, Real Decreto 681/2021 y normativa de la concesión—; Comisión Europea; Comisión Galega da Competencia; SEPI; CNMV.