La asociación alerta sobre la desindustrialización de Galicia e insiste en la necesidad de dotar a las empresas de seguridad jurídica
La junta directiva del Círculo de Empresarios de Galicia, en su reunión de hoy y después de analizar la resolución de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de la concesión a la empresa papelera ENCE, ha manifestado «su profunda preocupación por la negativa repercusión y los riesgos que para la economía de la provincia de Pontevedra y para Galicia tendría el cierre de la factoría, no solamente en términos de empleo directo e indirecto, sino también sobre el resto de sectores vinculados a esta actividad, principalmente el forestal, transportes y servicios anexos«.
En un comunicado, la entidad, que respeta la resolución judicial, alerta sobre las consecuencias del posible cierre de la factoría, vital para la economía de Pontevedra. «Se trata de un paso más en el preocupante y desalentador proceso de desindustrialización que viene sufriendo nuestra comunidad autónoma, con los casos de Alcoa en San Cibrao, los astilleros Barreras y Vulcano en Vigo, así como las empresas productoras o grandes consumidoras de energía como Endesa, Naturgy, Gamesa, que afectarán a miles empleos. Todo ello en un sector, el industrial, que en conjunto se encuentra muy por debajo del peso medio que tiene en el PIB nacional, y en un momento en el que, más que nunca, se plantea la necesidad de reindustrializar el país», alerta el Circulo de Empresarios.
En este sentido, señalan que esta situación se produce en un momento en el que «se plantea la necesidad de reindustrializar el país» y se afronta una crisis que afecta a distintos subsectores de servicios, y ve con «escepticismo» abordar el traslado de ENCE con fondos europeos, que deben emplearse para «potenciar inversiones de nueva generación», en lugar de para «cubrir la industria instalada e inviable como consecuencia de actuaciones administrativas irresponsables que perseguían el cierre de dicha factoría».
Así las cosas, la entidad ha puesto el foco en «el alto grado de inseguridad jurídica de la economía española» y la «farragosidad burocrática» que «colocan a España a la cola de los países desarrollados a la hora de atraer inversión y fomentar la creación de empresas y empleo».
Por ello, ha hecho un llamamiento a las administraciones y sectores sociales para que impulsen «políticas activas de industrialización, empleo y captación de inversores externos», con la protección del tejido que presenta «índices positivos de actividad», y la creación de otros nuevos sectores.
