La magistrada explica que el mayor cumplimiento de las obligaciones con los acreedores va a permitir “la conservación de empresas auxiliares”, que comprenden “unos 6.500 puestos de trabajo, indirectos”
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha acordado autorizar a la administración concursal para que lleve a cabo la venta de la unidad productiva de Hijos de J. Barreras por 14.700.000 euros a favor de la mercantil Astilleros Armón Vigo. De ese precio, 14.200.000 euros corresponden a los bienes y derechos que adquiere la empresa, mientras que el resto -500.000 euros- serán abonados por la chatarra de los cascos de la armadora Havila. Astilleros Armón, según consta en el auto, contra el que no cabe presentar recurso, subrogará a veinte trabajadores de la concursada. La formalización de la compraventa deberá realizarse en el plazo de un mes, computado dese hoy, fecha de notificación del auto.
La magistrada explica en la resolución que, a la hora de tomar la decisión sobre la venta de la unidad productiva, ha tenido en cuenta que “el beneficio de algunos interesados va en perjuicio de otros”. Así, advierte que, “si se mantiene la estructura empresarial existente para evitar la pérdida de puestos de trabajo, se está favoreciendo a los trabajadores de la concursada, pero a costa de los acreedores y los trabajadores de estos acreedores, que también se ven afectados”. Por ello, subraya en el auto que para resolver cuál de las tres ofertas presentadas debía ser la adjudicataria de la unidad productiva se debió atender al “interés del concurso”, es decir,” a la satisfacción de los intereses de los acreedores”.
En la resolución, asegura que la minimización de la pérdida de los puestos de trabajo, en la medida de lo posible, se tendrá en cuenta “cuando no entre en conflicto con el interés del concurso”. A continuación, la jueza analiza cada una de las ofertas y, en primer lugar, indica que la de Marina Meridional es rechazada porque “no cumple ninguno de los presupuestos necesarios para adjudicarle la unidad productiva”.
En cuanto a la oferta económica de Astilleros Gondán, recalca que, en su conjunto, no supera la oferta presentada por Astilleros Armón. Por ello, “como garantía del interés de los acreedores y del resto de intereses en conflicto (acreedores, trabajadores de los acreedores, acreedores de los acreedores…)”, la jueza ha autorizado la venta de la unidad productiva a esta última empresa. La magistrada subraya que “la sostenibilidad del tejido empresarial e industrial del sector auxiliar y complementario de la actividad de Hijos de J. Barreras, vinculada al sector naval, determina que haya que velar por la satisfacción de los créditos de quienes, como acreedores, concurren al proceso”.
La oferta de Gondán asciende a 5.500.000 euros, mientras que la de Armón es de 14.200.000 euros y, si es con inclusión de la chatarra procedente de los casos de Havila, 14.700.000 euros. No obstante, a esta última hay que aplicarle una merma por las indemnizaciones por despido o extinción de los contratos laborales. Por lo que, la oferta de Armón para destinarse al pago del resto de créditos del concurso es de 10.244.442 euros, si se atiende al precio de la primera opción, o de 10.744.442 euros si incluye los cascos de Havila. En ambos casos, según destaca la jueza, el importe ofrecido por Armón destinado al pago de los acreedores supera en más de un 45 % al de Gondán.
Además de constituir la mejor oferta económica, Armón se compromete, según la resolución, a una “rápida reactivación de la actividad de la unidad productiva, prevista en un plazo de seis meses, lo que determinará también la reactivación de la actividad en el sector naval afectado por el concurso de acreedores”.
La jueza incide en que una mayor satisfacción de los acreedores va a permitir, en este caso, “la pervivencia de empresas auxiliares del sector naval que, de otro modo, se verían nuevamente afectadas por las situaciones de insolvencia padecidas por la concursada”. En el auto explica que esas empresas auxiliares comprenden “unos 6.500 puestos de trabajo, indirectos, que se generarán con la reactivación de la actividad que hasta la fecha venía desplegando la concursada”.
En el auto también indica que la oferta de Gondán, preferida por los empleados y sus representantes, “no permite satisfacer la práctica totalidad de los créditos de los acreedores y genera dudas respecto de la continuidad de todos los trabajadores de la plantilla ya fuera de este proceso, una vez transmitida la unidad productiva”. Así, señala que “nadie”, es decir, “ni los trabajadores ni la propia ofertante, Astilleros Gondán”, han ofrecido “argumentos que justifiquen la necesidad de la totalidad de la plantilla en activo para reactivar la actividad suspendida durante largo tiempo por la concursada”.
La magistrada recuerda “que la ausencia de trabajo llevó a los empleados de Barreras a un expediente de regulación temporal de empleo”, al tiempo que asegura que “tampoco la carga de trabajo, basada en meras expectativas, aunque importantes y quizás fundadas”, permite presumir “que sea precisa toda la plantilla para la puesta en marcha de la actividad de construcción y reparación naval”.
