Mientras tanto, un pacto, no de gobierno, entre ambos partidos mayoritarios evitaría que el legislativo aprobase leyes o disposiciones de interés para independentistas contrarias al nuevo ordenamiento

En España, quienes tenemos la manía de analizarlo todo y  ponerlo en entredicho, estamos hartos de asegurar que nuestro  sistema electoral es un absoluto desastre, pues nos lleva siempre a  situaciones muy poco deseadas por la mayoría, sean de una facción  o de otra, ya que la mayor parte de las veces pone en manos de  desastrosas, pintorescas, perniciosas o nocivas minorías, las más  altas decisiones. 

Somos actualmente 35 millones de electores que en las  pasadas elecciones al Congreso de los Diputados, es decir al poder  legislativo, único poder elegible aunque sea con un sucedáneo o  caricatura de democracia, obtuvo los siguientes resultados: 

PP 33,05% 

PSOE 31,70% 

VOX 12,39% 

SUMAR 12,31% 

ERC 01,89% 

JUNTS 01,60% 

BILDU 01,36% 

PNV 01,12% 

BNG 00,62% 

CC 00,46% 

UPN 00,21% 

Lo primero que llama la atención es que existen 11 partidos  con representación en nuestro Parlamento, de los que cuatro de  ellos superan el 12% de porcentaje nacional en votos, mientras el  resto no llegan ni al 2% y, de ellos, tres no llegan siquiera al 1%. 

También que ningún partido ha conseguido una mayoría  absoluta y que ni siquiera las coaliciones naturales PP-VOX y PSOE SUMAR lo consiguen. 

De los que no llegan ni siquiera al 2%, la totalidad son  independentistas en mayor o menor medida, y de ellos, los que  están entre 1,12% y el 1,89% desean independizarse de España  por encima de cualquier otra consideración, pues así como  ERC+BILDU+BNG (3,87%) son de izquierdas, JUNTS+PNV+UPN  (2,93%) son de derechas, anteponen su carácter independentista a  su postura hacia un lado u otro. Incluso los que desean la  independencia del Pais Vasco BILDU+PNV (2,48%) o de Cataluña 

ERC+JUNTS (3,49%), no llegan, aunque formaran una extraña  alianza, a alcanzar el 2,5% en el caso de los vascos y al 3,5% en el  de los catalanes. 

Siendo así las cosas, actualmente y aunque haya sido el PP el  ganador de las elecciones, todo depende sobre todo de la postura  que adopte el PNV, el único que podría optar por dar el poder al PP,  y ello con solo el 1,12% de los votos nacionales, lo que supone una  absoluta locura, que un partido, independentista, que no desea bien  alguno a España, con una aceptación puramente testimonial y  absolutamente centrada en una mínima parte del país, donde ni  siquiera ganó, pudiera cambiar los destinos de España, dejándola  de nuevo a expensas de comunistas e independentistas, cuando  ellos son de derechas, en un Frente Popular ahora mucho más  exigente, caro, e injusto para España, pues no olvidemos además  que los nacionalismos excluyentes siempre han sido la base del  fascismo, algo incipiente tanto en Cataluña como en el País Vasco,  con su exclusión de todo lo que sea español. 

En Alemania, un país también descentralizado, no como  Estado de las Autonomías, donde es el Estado quien cede  autonomía y se la entrega a las regiones, sino como Estado Federal,  donde son los estados quienes se confederan para ceder parte de  su autonomía al Estado central, a efectos de conseguir una mayor  fortaleza, para evitar estos problemas, optaron en su día por  determinar que para conseguir representación en el Parlamento  nacional, los partidos deberían disponer de al menos el 5% de los  votos nacionales. Que los que no lo lograsen podían estar  representados en el gobierno del Land al que pertenecieran, pero  no en el Parlamento Nacional. 

Si esto ocurriera en España, en nuestro Parlamento  únicamente estarían representados PP, PSOE, VOX y SUMAR, nadie  más, de manera que corrigiendo porcentajes en función de las  nuevas representaciones, el resultado se hubiera convertido en el  siguiente: 

PP 36,95% 

PSOE 35,44% 

VOX 13,85% 

SUMAR 13,76% 

Ello llevaría a la coalición PP-VOX al 50,80%, con 178  parlamentarios y a PSOE-SUMAR al 49,20%, con 172. Con este  resultado, o con otro similar a la inversa, para nada habría que  contar, para constituir el poder ejecutivo, con partidos que odian a  España, que quieren independizarse, empobrecer nuestro código 

penal, que ya han conseguido que la secesión no sea un delito, que  la malversación de fondos tampoco lo sea, y que incluso el dar un  golpe de Estado tampoco (nuevo precio actual), considerando que  todo lo malo para España es un triunfo para ellos, quienes al ser llave de gobierno, imponen unos precios ilegales e inconstitucionales, solo al alcance de los más canallas y toda la  tropa de mediocres sin la menor dignidad a la sombra de la sopa  boba como único medio de sustento. 

Curiosamente, si pronto el dar un golpe de Estado deja de ser  delito, podría ser probable que sus autores denunciasen al Rey por  su condena al respecto cuando tal delito (entonces) se produjo, ya  que la amnistía no es un perdón en si, sino mucho más allá, la  inexistencia del delito, no el perdón de la pena como puede ser un  indulto, e incluso acabaríamos los españoles por indemnizarles.  

Acabar con esta lacra, no obstante, está en manos de un  acuerdo PP-PSOE que podría materializarse a corto-medio plazo si  realmente estos quisieran solucionar el asunto definitivamente, sin  tener que recurrir a los enemigos de España para hacerse con el  poder ejecutivo, y no gobernando juntos, algo impensable. 

Tras las elecciones, España ya conoce a su poder legislativo a  falta de contar con el ejecutivo. Entre el PP y el PSOE, superan el  66% de los votos válidos emitidos, sin necesidad siquiera de contar  con VOX ni con SUMAR, lo que tal mayoría supone la necesaria para  modificar la Constitución, e incluso la promulgación de cualquier ley  orgánica, lo que les permitiría, entre otras cosas, el suprimir el  Senado como cámara que nada tiene que ver con asuntos  territoriales, para lo que fue creado, y que como de segunda lectura  no hace otra cosa que complicar más las cosas, y modificar la ley  electoral introduciendo el porcentaje mínimo del 5% para formar  parte del Parlamento Nacional, incluso suprimir el carácter cerrado  y blindado de las listas para una mayor riqueza democrática,  modificaciones todas ellas al alcance de los partidos mayoritarios  actualmente, como acometer las necesarias para llevar a cabo lo  que expondré a continuación. 

Nunca me ha gustado la crítica gratuita, si no se aportan  ideas, ya sean utópicas, irrealizables o necesitadas de muchas  matizaciones, como es el caso. 

Para lograrlo, sin tener que decidir de momento el poder  ejecutivo, en cuanto a partidos políticos se refiere, se podría  proceder de la siguiente manera: Al igual que en su día se procedió  con los llamados “senadores de designación real”. 

Tanto el PP, como el PSOE y el Rey, como entonces,  designarían 10 representantes independientes, no militantes, de  reconocido prestigio cada uno, que integrarían el poder ejecutivo  provisional (gobierno), en tanto la comisión que ellos designaran  para acometer las reformas no terminase sus trabajos (se supone  que un año y medio). Lógicamente esta sería la base del acuerdo  del que seguramente habría que entrar en múltiples matices para  una adecuada articulación. 

Una vez reformada la Constitución, la ley electoral y eliminado  el Senado como cámara obsoleta actualmente, se convocarían  nuevas elecciones de las que saldrían los posibles cinco partidos  que evitarían el problema abriendo el panorama nacional a todas  las ideologías constitucionales que a todos nos afectan: Un partido  de derecha (VOX), uno de centro-derecha (PP), otro de centro (de  nuevo cuño), otro de centro-izquierda (PSOE) y finalmente otro de  izquierda (SUMAR) quienes, de no conseguir mayoría absoluta, ir a  una segunda vuelta para definir finalmente el gobierno. 

Me limito a no abogar por un partido u otro, pues para PP y  PSOE, ello significaría esperar a principios de 2025 para optar de  nuevo al gobierno, pero ya con todo perfectamente definido y a  partir de ahí… Mientras tanto, un pacto, no de gobierno, entre  ambos partidos mayoritarios evitaría que el legislativo aprobase  leyes o disposiciones de interés para independentistas contrarias al nuevo ordenamiento, y sí lo hiciese para aquellas en que hubiese consenso entre ambos partidos, recuperando peajes injustificables como la abolición de los delitos de sedición, malversación de fondos  y sin tener que amnistiar a delincuente alguno como nuevo  chantaje al ejecutivo. 

El principal problema es que conseguirlo requiere de un  patriotismo que para nada parece actualmente en mente de  ninguno de los dos grandes partidos, ni de sus líderes, y menos de  la tropa de paniaguados que los sostienen, hoy viviendo a cuerpo  de rey, que de tener que abandonar la política no harían otra cosa,  profesionalmente, que engrosar las listas del paro. 

Evidentemente en el periodo aproximado de año y medio en el  que tuviera que llevarse a cabo la transformación, el ejecutivo de  notables, vaciaría de políticos las instituciones, que serían  negociadas por altos funcionarios, expertos en sus cometidos para,  entre otras consideraciones, evitar perdidas de tiempo y trabajo en  la constante guerra partidista que actualmente ahoga la efectividad  esperada en el devenir diario de tales instituciones.

Los partidos independentistas centrarían sus trabajos en sus  administraciones autonómicas regionales, y aquellos que quisieran  estar presentes en el Parlamento Nacional deberían presentarse  también en otras circunscripciones, a los efectos de conseguir ese  5% del ámbito nacional (1.775.000 votos), en lugar de pretender  cambiar de arriba a abajo un país con unos cuantos votos, de  partidos que para nada representan la voluntad de la mayoría de  los españoles, sino todo lo contrario. 

Creo que se trata de una propuesta que si nuestros principales partidos quieren a España no deberían echar en saco roto, por muchas ambiciones particulares que concurran en sus líderes, pues  se trata únicamente de demorar sus ambiciones a cambio de librar  a España de la lacra de los chantajes a que estamos sometidos, por  seguir disponiendo de una ley electoral enemiga de nuestra pacifica  convivencia. 

Otra solución, que no se va a dar, sería una revolución interna en el PSOE por parte de sus barones clásicos que aun mantienen los ideales del partido, poniendo como coto a la investidura de  Sánchez, el lograrlo a través de quebrar el orden jurídico,  constitucional e ideológico, algo que evitarían los “socialistas” de  nuevo cuño, en defensa de sus muy rentables prebendas, donde la  ideología ha pasado a mejor vida. 

También evitaría que el Rey, como garante máximo del  cumplimiento de la Constitución, tuviera que enfrentarse a ese  sujeto, capaz de vender a quien sea, a lo que fuera, cometiendo  todo tipo de ilegalidades, con tal de seguir en el trono de esa  dictadura “democrática” a la que apela permanentemente en pro de  sus intereses y a los de los que lo sostienen, creando de nuevo otro  frente de polarización entre españoles, como rio revuelto del que  sacar provecho. Por parte del rey, fracasada la propuesta Feijoo, me  temo, o no, que no queda otro camino que ir a nuevas elecciones.  

Con lo expuesto, España recuperaría el prestigio internacional  que ahora no tiene y que perdió en los últimos años, tras haber  sido en su momento un ejemplo de transición, respeto y  consideración. 

Creo que sería un logro definitivo para la “pacificación” del  país, su recuperación y su seriedad, pero también estoy  absolutamente seguro que, a parte de que esta propuesta nadie la  conozca pues su repercusión mediática es absolutamente nula,  nada interesa a quienes viven muy holgadamente de la política,  más interesados en la controversia que en buscar soluciones.