La jueza considera probado que cometieron irregularidades para otorgar 86.311 euros a una constructora para compensarla por un sobrecoste en las obras del campo de fútbol de Moraña
El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel al expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán por conceder una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad. El imputado, que ha sido considerado culpable de un delito de prevaricación, en concurso con un delito de fraude, también ha sido inhabilitado para empleo o cargo público durante ocho años. La jueza ha condenado a dos años de cárcel y a ocho de inhabilitación para empleo o cargo público, como cooperadores necesarios del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude, a la exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, y al entonces director de Infraestructuras de la Diputación.
A
la misma pena de prisión –dos años- ha sido sentenciado el administrador y un
empleado de la adjudicataria del proyecto, así como el arquitecto que lo firmó,
a quienes también ha inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas durante
cuatro años. La magistrada, además, ha condenado a un año de prisión y a dos
años de inhabilitación para obtener ayudas públicas a cada uno de los dueños de
las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado
sin publicidad sabiendo que se trataba “de un mero trámite” para adjudicar la
obra a una determinada empresa.
La
jueza considera probado que la constructora a la que la Diputación había
adjudicado en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de
Moraña y otras obras en edificaciones anexas, aumentó su coste en 86.816 euros
debido a una certificación. Al tratarse de una obra ejecutada con subvención,
la legislación impedía rebasar el importe subvencionado, por lo que, según la
sentencia, “se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar
a la empresa el importe que reclamaba”. La magistrada destaca que, para hacer
frente a ese pago, en 2013, con el acuerdo del presidente de la Diputación, el
director de Infraestructuras, el administrador de la empresa, la alcaldesa de
Moraña y un arquitecto, se adjudicó de forma irregular otra obra a la misma
constructora por ese importe, en concreto, las mejoras en el vestuario y las
gradas del campo de fútbol, a pesar de que parte de ellas ya habían sido
realizadas. Una vez denegada la posibilidad de aumentar el coste de las obras
iniciales, “se buscaron alternativas para pagar esa certificación, creándose el
proyecto de mejora en vestuarios y graderío del campo de futbol”, indica la
jueza.
“Tal
conclusión se alcanza de la audición de las escuchas practicada en el plenario
y la documentación obrante en autos”, subraya la magistrada, al tiempo que
señala que el entonces presidente de la Diputación “sabía de primera mano, por
haber visitado el campo con motivo del anterior proyecto, también subvencionado
por la Diputación, que cuanto menos la mayoría de las obras para las que aprobó
una nueva subvención ya estaban ejecutadas”.
Esa
conducta del expresidente de la Diputación, según la jueza, “evidencia una
voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que
concede es claramente arbitraria y contraria a derecho”.
En
cuanto a los condenados como cooperadores necesarios, explica en la sentencia
que la alcaldesa de Moraña pidió la subvención a la Diputación “a sabiendas de
que las obras para las que la solicitaba, cuanto menos la mayor parte, ya
estaban ejecutadas” y el arquitecto “se limitó a firmar el proyecto y
certificaciones”. En cuanto al director de infraestructuras de la Diputación,
la jueza sostiene que “buscó el encaje de la operación, indicando incluso a qué
arquitecto como firmante del proyecto debían acudir”. Y, finalmente, el
administrador de la empresa adjudicataria intervino como “beneficiario último
de la subvención”, así como uno de sus empleados, que fue “quien ejecutó o
mandó ejecutar las actividades necesarias para la culminación del proyecto”.
La
magistrada ordena en la resolución el decomiso de la cantidad cobrada por la
empresa con motivo del proyecto de mejora de gradas y vestuarios del campo de
fútbol (86.311 euros), así como de la cantidad cobrada por el arquitecto. La
sentencia no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso ante la
Audiencia Provincial de Pontevedra.
