La Confederación considera un agravio que el Gobierno pretenda que las empresas soporten el coste económico de la crisis mientras son obligadas a paralizar su actividad

Los empresarios de Pontevedra exigen medidas fiscales que alivien la presión sobre el tejido productivo

La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) ha lamentado hoy la aprobación de medidas que hacen recaer en las empresas el coste económico de la crisis. Estas decisiones, exponen en un comunicado, son «claramente improvisadas, además de publicadas en fin de semana y con nocturnidad».

El Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, que establece un permiso retribuido recuperable para los trabajadores que no presten servicios esenciales, viene a sumarse a otras medidas económicas que más que aliviar la carga de las empresas, la complican y generan inseguridad jurídica, desde el punto de vista de la Confederación pontevedresa.

“La recuperación de las horas con posterioridad no conllevará, al menos en la mayor parte de los casos, a una recuperación de la productividad y de la facturación perdidas. Es injusto y antieconómico que se obligue a cerrar a las empresas, se les impida racionalizar la plantilla por causas económicas y organizativas, y se las obligue a seguir pagando los seguros sociales y las nóminas de los trabajadores. Muchas pequeñas y medianas empresas no serán capaces de subsistir”, advierte Jorge Cebreiros, Presidente de la CEP.

La Confederación continúa reclamando una amplia rectificación en materia fiscal, como opción para contrarrestar las medidas transversales adoptadas hasta ahora, que no distinguen sectores, ni tamaños, ni territorios, dejando al descubierto el desconocimiento de la realidad y diversidad empresarial.

Agrega que a las Pymes no se les puede obligar a cerrar y al mismo tiempo exigirles que mantengan los mismos niveles de gasto. Estas imposiciones provocarán cierres de empresas y desempleo y lastrarán la vuelta a la normalidad. Es por ello que las nuevas medidas en el ámbito laboral aprobadas en el último Consejo Extraordinario de Ministros provocarán inevitablemente un mayor nivel de desempleo, a criterio de los empresarios de Pontevedra.

“Es un sinsentido que el Gobierno crea que las micropymes y las pymes, que en la provincia de Pontevedra son el 99,6% del tejido empresarial, pueden pagar cuotas de autónomos, alquileres, préstamos bancarios, gastos de suministros generales, seguros sociales, salarios, etc., sin poder desarrollar su actividad ni obtener ingresos, debido al confinamiento”, insiste Cebreiros.

Desde el punto de vista del Presidente de la confederación pontevedresa, “los empresarios nos merecemos más respeto que el que hasta ahora ha demostrado el Gobierno. No se han consultado ni consensuado muchas de las medidas económicas adoptadas. Y muchas son discriminatorias o generan grandes desigualdades de trato entre las empresas”.

Todos estos RDL de fin de semana, publicados con nocturnidad, están tensionando a un tejido empresarial cuya vulnerabilidad es máxima por lo inédito de la situación, y que, en su impotencia e indefensión, son amenazados con sanciones penales o/y administrativas.

A este respecto, la CEP advierte que el Real Decreto Ley 10/2020 denomina permiso retribuido a un cierre impuesto por decisión del Gobierno, lo que, en realidad, sería una situación de fuerza mayor por lo que pedirá un informe jurídico sobre una calificación de unos hechos que considera fraudulenta.

“Por si fuera poco, a esto se añade la sindicalización de todos los procedimientos, incluso para empresas que no estaban obligadas a tener representación sindical”, se lamenta Cebreiros. “La situación es inédita, pero no es de recibo que desde el Gobierno se ataque a los empresarios y se nos demonice en un momento como este, en el que la inseguridad y la incertidumbre se ceban con nosotros, cuando lo que queremos es defender la continuidad de nuestras empresas para garantizar el empleo”.