Un hombre de 83 años, ingresado en el Álvaro Cunqueiro y con patologías previas, se ha convertido esta tarde en la novena víctima mortal de la segunda ola de Covid en Vigo y su área.
Hasta el momento, la pandemia se ha cobrado 141 fallecimientos en el área sanitaria de Vigo, cinco de ellas durante este mes de octubre.
El Comité de Personal del Ayuntamiento de Vigo solicita la dimisión de la teniente de alcalde y concejala de esta área en el Ayuntamiento de Vigo, la ex ministra socialista Elena Espinosa, ante su «caótica gestión en materia de recursos humanos».
Así lo han hecho público hoy todos los sindicatos -SICO, CSIF ,UGT, CCOO, CIG, SPPME, CUT- a través de un manifiesto en el que enumeran las distintas deficiencias que viene padeciendo el Concello de Vigo, y que se han visto «agravadas, de manera muy significativa, desde el inicio del presente mandato corporativo con la designación de Elena Espinosa».
El manifiesto, que será leído mañana a las 11 horas en la Plaza del Rey, denuncia la «constante actitud de desprecio» de la edil hacia el Comité, «haciendo gala de una injustificable ausencia de las más elementales reglas de cortesía institucional».
En esta línea, recuerda el Comité que ya en febrero de este año pidieron una reunión con el alcalde, Abel Caballero, sin obtener ninguna respuesta. Una situación, exponen, que les obliga a «hacer públicas las deficiencias en la gestión de recursos humanos que precarizan el trabajo» de los empleados del Concello de Vigo.
Los sindicatos reparten sus protestas en cinco puntos destacados, que comprenden desde el colapso de la gestión municipal hasta la necesidad de normalizar las relaciones institucionales.
Detalla el comité en este apartado la «falta generalizada de personal en todos los servicios». «No se cubren, ni si quiera temporalmente, ningún tipo de bajas laborales, ni tampoco las ausencias del personal municipal».
Asimismo, alertan de que se encuentran «pendientes de pago» a una parte del personal municipal «distintos conceptos retributivos y con varios años de retraso».
Los sindicatos recuerdan en primer lugar que «no se han ejecutado aún las Ofertas de Empleo Público (OEP) de los anos 2014/15/16/17/18/ 19, y continúa sin negociarse la OEP de 2020».
Además, advierten de que el el parque móvil dependiente de los servicios exteriores cuenta con una flota de vehículos en la que sus «camiones tienen una media de 35 años». Un escenario en el que subrayan que «la mayor parte de las instalaciones municipales son inadecuadas y obsoletas».
El tercer punto en discordia hace referencia a la falta de acatamiento de las sentencias judiciales, tanto en el ámbito laboral como en el funcionarial. En este apartado, el Comité denuncia el incumplimiento de fallos como la suspensión ilegal de los descanso regulados de los bomberos -hoy mismo el TSXG ratificaba la nulidad de los servicios mínimos impuestos durante la huelga de este cuerpo-; de «sentencias de acoso laboral»; o de otras «referidas al pago directo de la seguridad social».
«El Capítulo I de los presupuestos no se ajusta a las necesidades reales del gasto imputable al cuadro de personal», subrayan los sindicatos. Es decir, no hay el dinero suficiente para atender el gasto generado por la plantilla vigente.
Por último, el Comité denuncia la «falta de una relación fluida, constante y constructiva» para abordar cualquier tipo de negociación. Negociaciones que reclaman, por ejemplo, para un nuevo acuerdo regulador y convenio laboral; para las instrucciones de horario y jornadas; para la redacción de un nueva Relación de Puestos de Trabajo; o para sacar a concurso público, «basado en el mérito, en la igualdad y en la capacidad, todos los puestos de trabajo que se encuentran ocupados de forma provisional o temporal».
O Bloque Nacionalista Galego cuestionou esta mañá a decisión do Goberno municipal de proceder á venda de 89 animais nacidos en Vigozoo e instou a poñer en marcha un plan para a transformación do recinto poñendo fin ao modelo de exhibición de animais presos.
O concelleiro, Xabier P. Igrexas, afirmou non compartir a fórmula escollida polo Goberno local para se “desfacer” destes exemplares. “Non compartimos que se trate os animais como calquera ben móbel inventariado, coma se fosen unha motocicleta ou unha cousa. Entendemos que o máis axeitado tería sido promover un convenio de colaboración con algún refuxio ou santuario de animais, onde se garanta que van estar en mellores condicións que en Vigozoo”, explicou.
Neste sentido, o edil xulga insuficientes as garantías de que o traslado, tal e como se recolle no prego, permita un maior respeito ao benestar animal no novo destino. Igrexas anunciou que dará traslado desta posición na Comisión Informativa de Medio Ambiente do Concello que se celebrará este mércores.
A fronte nacionalista tamén advertiu de que nada se sabe do plan anunciado polo alcade a inicios de ano para a reconversión de Vigozoo, co obxectivo de superar o actual modelo de exhibición de animais presos.
“Desde xaneiro non coñecemos ningunha medida concreta, nin ningunha folla de ruta que defina como e cando se vai levar adiante esa transformación, que o BNG apoiamos plenamente”, explicou Igrexas que, aliás, lembrou que o PSOE rexeitou dotar dunha partida de 30 mil euros nos orzamentos municipais deste ano para esa finalidade, tal e como se propuña nunha das emendas nacionalistas.
O Bloque urxe a dar pasos para avanzar cara a un modelo máis sustentábel e respectuoso cos dereitos dos animais, poñendo fin ao actual Vigozoo.
La segunda ola de la pandemia, que suma 13 jornadas consecutivas de incremento en los contagios activos en el área sanitaria de Vigo, está teniendo su correlación en los centros educativos de la comarca, tal y como se desprende del último informe facilitado por la Consellería de Educación.
Así, el listado facilitado hoy por el departamento autonómico recoge ya 77 colegios afectados (3 de ellos son guarderías) en el área de Vigo. Se trata de un incremento global de 20 escuelas desde el pasado sábado, último día publicado hasta hoy.
Un incremento porcentual que tiene también su correlación, esta vez, en lo que a aumento de positivos se refiere. Los centros educativos de Vigo pasan de 90 a 124 positivos. Además, crece el número de clases cerradas, de 4 a 7.
La Policía Nacional de Vigo ha detenido a dos mujeres croatas de 23 y 26 años, sin domicilio conocido, por varios delitos de robo con fuerza.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de octubre cuando, sobre las 17.15 horas, una patrulla uniformada de la UPR que realizaba labores de prevención de la delincuencia observó a la pareja en actitud vigilante llamando insistentemente en varios timbres del telefonillo del edificio situado en el número 50 de la calle Eugenio Kraff. Después de que uno de los vecinos abriese, las mujeres entraron precipitadamente en el portal.
Ante las sospechas, los agentes decidieron seguir a la pareja, localizándola en el rellano de las escaleras, donde les fue requerida su documentación sin que pudiesen justificar su presencia allí.
Asimismo, entre las ropas que vestían, la patrulla observó unos bultos, requiriendo la presencia de personal femenino para el correspondiente cacheo que, tras ser realizado, arrojó la ocultación de distintos útiles empleados para el robo de viviendas: destornilladores, llave inglesa, tijeras y calcetines utilizados a modo de guantes.
Los investigadores creen que estas mujeres, en compañía de otros actores que aún no han podido determinar, se encuentran detrás de varios robos en viviendas de Vigo, en la calle Gran Vía, Avda. de Castrelos, Vázquez Varela, Travesía de Vigo, Antón Beiras, San Salvador, Caracas y Bolivia. En alguna de estas viviendas se hicieron con varias joyas de un alto valor económico.
A la detenida de 23 años, le constan varias detenciones en las que presenta documentaciones distintas o cambios en las fechas para confundir a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Así, ha sido detenida en lugares como Ourense, Alicante, Madrid, Elche o Gavá bajo distintos nombres.
Por su parte, la mujer de 26 años ha sido detenido en otras ocasiones en Valencia, Alicante, Madrid o Sarria Sant Gervasi.
Según los estudios realizados en la investigación de este tipo delictivo desde años anteriores, estos hechos son cometidos, mayoritariamente, por jóvenes procedentes de la antigua Yugoslavia, que se trasladan desde otras localidades donde están asentados, bien en transporte público, vehículos particulares o caravanas y que, haciéndose pasar por turistas, normalmente de origen italiano, se dedican al robo con fuerza en domicilios
Según se desprende de investigaciones anteriores y de la experiencia policial adquirida durante los años, las detenidas en las presentes formarían parte de una organización criminal, bien organizada, distribuida en clanes familiares, de una alta movilidad geográfica, con una estructura definida pero cambiante, constituida por diversas células o núcleos cuyos componentes se intercambian entre sí, con contactos tanto a nivel nacional como internacional.
Se trata personas procedentes de Croacia, si bien en ocasiones cuentan con personas de otras nacionalidades para tareas de apoyo, que han hecho del robo con fuerza en domicilio su forma de vida.
Mientras que los miembros más jóvenes, sobre todo las chicas, se dedican a la comisión material de los robos con fuerza en los domicilios, en ocasiones acompañadas de mujeres de más edad que les enseñan y controlan su actividad, los otros componentes realizan las tareas de vigilancia, transporte y control de estas, a fin de avisar en caso de que sean detenidas y evitar que se les ocupen encima efectos que puedan relacionarlas directamente con los hechos ya perpetrados.
El alcalde confirmó que el proyecto está concluido y modificará por completo la actual estructura de cuatro plantas del antiguo ambulatorio de Teis, no apta para su uso futuro. Además de presentar un diseño arquitectónico “notable”, la biblioteca rebajará la altura máxima del inmueble y proporcionará unos 600 m2 de espacio utilizable, con un “hall verde” en la entrada y unas cien butacas de estudio y lectura.
El presupuesto será de 900.000 euros, que el Ayuntamiento de Vigo cargará a los remanentes municipales, una vez el Congreso de los Diputados desbloquee la utilización de los ahorros de las ciudades, votación prevista para este mismo martes, segundo adelantó el alcalde.
A normativa, as solucións, os retos e ameazas no campo da seguridade do universo dixital no teletraballo centrarán a segunda edición de CyberSec@GAL, o evento referente da ciberseguridade en Galicia, que se celebrará entre os días 2 ao 5 de novembro. O encontro, organizado pola Cátedra R en ciberseguridade, é froito da colaboración entre as universidades de Vigo e A Coruña, a empresa R e o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), e conta coa colaboración de atlanTTic, Citic, Isms Forum, Coit, Amtega e Gradiant.
Durante as dúas primeiras xornadas do evento, que se celebrará de xeito semipresencial haberá talleres destinados a estudantes do SUG (Sistema Universitario de Galicia) e Formación Profesional, co obxectivo de captar talento no ámbito da ciberseguridade. Na terceira xornada desenvolverase unha charla técnica para profesionais e o lanzamento dun ciber-reto en liña, que outorgará un premio valorado en 500 €. A derradeira xornada, Riscos no teletraballo, será semipresencial e está dirixida ao ecosistema empresarial galego, contando coa participación de expertos internacionais e cunha mesa redonda específica nesta temática.
Para pechar o evento presentaranse os premios de CyberSec@GAL aos mellores traballos académicos de grao, mestrado e doutoramento na área da ciberseguridade e no ámbito do SUG. CyberSec@Gal recoñecerá a excelencia académica do estudantado das universidades galegas cun premio á mellor tese de doutoramento, valorado en 700 €; dous premios para traballos de fin de mestrado na UVigo e UDC, valorados en 400 € cada un; e dous premios a traballos fin de grao na UVigo e na UDC, valorados en 300 € cada un deles.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado las pretensiones de los Ayuntamientos de Mos y Redondela relacionadas con la tarjeta PassVigo.
El Tribunal Superior considera, en relación al Ayuntamiento de Mos, que carece de legitimación para demandar como perjudicado por el hecho de que el Ayuntamiento de Vigo requiera estar empadronado en este concello para la obtención de la tarjeta, que ofrece descuentos en el transporte urbano. El alto tribunal gallego ha notificado hoy otra sentencia referente al mismo asunto, pero con el Ayuntamiento de Redondela como parte apelada. En este caso también le da la razón a la Administración local de Vigo, pues considera que el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Redondela en primera instancia es inadmisible porque los acuerdos municipales de 2014 y 2017 referentes a la PassVigo no fueron impugnados en su día.
El TSXG ratifica la inadmisibilidad del recurso presentado por el Ayuntamiento de Mos porque entiende que “ninguna consecuencia le supone el importe de las tarifas que abonan los viajeros del transporte urbano de la ciudad olívica”. Además, recuerda que el ente local carece de competencias “para defender los intereses de sus vecinos en sus relaciones personales”, pues la ley “tan solo faculta al municipio para gestionar sus propios intereses, para lo cual puede promover actividades y prestar servicios públicos que satisfagan a la comunidad vecinal, lo que no es el caso de ejercitar acciones en defensa de algún grupo de vecinos”. Concluyen los magistrados que esto es lo que pretende el Ayuntamiento de Mos, pero entienden que carece de legitimación para ello.
La Sala, a pesar de desestimar el recurso, no comparte algunas de las conclusiones de la sentencia apelada, que en su momento indicó que el acuerdo que en 2014 fijó las nuevas tarifas del transporte urbano se había dictado dentro de las competencias municipales, que era ajustado a derecho y que no había discriminación para los viajeros que no estaban empadronados en Vigo. Los magistrados del Superior, por el contrario, entienden que, de acuerdo con las leyes de transporte, es “discriminatorio” que los usuarios paguen más o menos según el lugar donde se encuentren empadronados.
El TSXG asegura que, aun prescindiendo de esas leyes, tampoco encuentra “justificación alguna para otorgar un beneficio singular a los vecinos de Vigo”. De esta forma, manifiesta que es la empresa concesionaria “la que debe soportar el riesgo y ventura de su operación, sin que las arcas municipales deban realizar aportación alguna”. El alto tribunal gallego añade que, aunque existieran cláusulas que obligaran al Ayuntamiento de Vigo a sufragar parte del servicio de transporte, “no habría razón alguna para reducir las tarifas a los residentes en ese municipio con fundamento en que eran ellos los que aportaban los recursos de la hacienda municipal, pues quienes a ella contribuyen no son solo quienes están empadronados en su término municipal, sino cualquier persona, física o jurídica, que realiza el hecho imponible que justifica el nacimiento de la obligación de contribuir”.
La Sala rechaza imponer las costas al Ayuntamiento de Mos porque no comparte algunas de las conclusiones de la sentencia apelada.
Respecto al Ayuntamiento de Redondela, el TSXG no analiza el objeto principal del pleito al entender que el recurso presentado por este municipio tendría que haberse inadmitido en primera instancia porque la impugnación de los acuerdos municipales en relación a la tarjeta de transporte no se realizó en tiempo y forma debida.
El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó hoy el avance de las obras del futuro albergue público de peregrinos de Vigo, que se prevé que esté finalizado a finales de este año. La Xunta invertirá en total en esta actuación 1,8 millones, incluyendo la equipación.
En la visita, a la que también acudió la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, Rueda comprobó los trabajos realizados en la rehabilitación de las dos edificaciones de O Berbés y de la calle de O Peñasco para dotarlos de unas instalaciones en las que se garantiza la accesibilidad y con capacidad para acoger a 93 caminantes.
Rueda valoró la importancia de esta iniciativa “para que el año que viene Vigo tenga el albergue que merece, el que necesita”, y destacó el compromiso de la Xunta con la ciudad y con el Camino Portugués “en un año fundamental”, en referencia a la celebración del Xacobeo el próximo año.
En este sentido, recordó que los caminos son “una fuente de riqueza”, por lo que “es deber de las administraciones” ponerlos en valor. Así, apeló a la colaboración del ayuntamiento de Vigo para instalar señalización homologada del Camino portugués a su paso por la ciudad, en tanto es el único lugar en este itinerario que no cuenta con esta señalización.
La creación del albergue de Vigo se incluye en el plan de la Xunta, dotado con más de 7 millones de euros, para la ampliación y la mejora de la red pública de albergues de cara al Xacobeo 2021, que incluye la creación de nuevos locales, así como acciones de mantenimiento, reforma o ampliación de los ya existentes
Alfonso Rueda reconoció que “estamos en un año complicado” y que es preciso replantear el Xacobeo para adaptarlo a las nuevas circunstancias, aunque el Gobierno gallego no renuncia a convertirlo en un motor de recuperación económica y social para Galicia. Al respecto, señaló que la Xunta sigue trabajando y que espera afluencia de peregrinos, que entre los meses de julio, agosto y septiembre de este año ascendieron a más de 40.000, según los datos de compostelas entregadas.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Vigo contra la sentencia dictada por el contencioso administrativo número 1 de Vigo que anulaba los servicios mínimos decretados en la huelga de bomberos de la ciudad, ratificando dicha resolución.
Esa sentencia, confirmada ahora por el alto tribunal gallego, declaraba ilegales los mencionados servicios mínimos impuestos por el Gobierno local durante la huelga indefinida que mantienen los bomberos de Vigo desde hace más de un año -en concreto desde agosto de 2019-, y a través de la cual reclaman más personal y denuncian sus condiciones laborales.
El Ayuntamiento de Vigo recurrió la sentencia y, ahora, el TSXG ha desestimado el recurso y ha validado la sentencia de primera instancia -dictada tras un contencioso interpuesto por el sindicato CIG-.
El TSXG incide en que la propuesta de servicios mínimos recoge 20 efectivos y un jefe en funciones. «Casualmente ese número de efectivos es el mismo que, desde el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 de mayo de 2010, se establece para el servicio ordinario diario (…), por más números que haga el Ayuntamiento demandado en su afán de confundir la realidad», apunta la sentencia.
El secretario comarcal de la CIG de Vigo, Alberto Gonçalves, considera que este nuevo revés judicial vuelve a dejar a las claras que el Gobierno de Abel Caballero, en lugar de procurar una salida dialogada al conflicto laboral, insiste en la vulneración de derechos y en la adopción de medidas arbitrarias: «Estaba claro que con la fijación de unos servicios mínimos del 100% lo único que se pretendía era sabotear una huelga legal, vulnerando un derecho fundamental«.
«Y tenemos plena confianza de que los juzgados volverán a darle la razón a los bomberos en la demanda penitenciaria presentada por la CIG el pasado mes de agosto para que se depuren responsabilidades delante de tanto abuso», añade el máximo dirigente de la CIG-Vigo.
