Los eurodiputados del Partido Popular miembros de la Comisión de Pesca, Gabriel Mato y Francisco Millán Mon, han intervenido en el pleno del Parlamento Europeo (PE) en el marco del debate sobre el reglamento de ejecución que veta la pesca de fondo en 87 áreas del Océano Atlántico.

En presencia de la Comisaria Helena Dalli en sustitución del Comisario de Medio Ambiente, océanos y Pesca, Gabriel Mato y Francisco Millán Mon han pedido una vez más a la Comisión Europea (CE) que suspenda ya la aplicación del veto a la pesca de fondo y que lo revise lo antes posible.

Gabriel Mato ha criticado duramente que la Comisión adopte “todas las medidas con las más variadas excusas, la mayoría de ellas de tipo medioambiental, causando un grave perjuicio a los pescadores europeos”. El eurodiputado canario ha vuelto a cuestionar, tal y como ha hecho desde que se conoció esta decisión, que se ejecute el acto de ejecución de un Reglamento de 2016 seis años después, “en el peor momento posible y de la peor manera posible”.

“La Comisión Europea ha tomado una decisión sin consultar a los interesados, sin un informe científico actualizado, sin una evaluación de impacto socioeconómico y, además, en un periodo especialmente difícil, tras el Brexit, la Covid-19, la subida de los combustibles y la guerra en Ucrania”, ha destacado.

El portavoz del Grupo PPE en la Comisión de Pesca del PE ha planteado una serie de preguntas al Ejecutivo comunitario en relación con su decisión y le ha pedido que espere hasta conocer el nuevo estudio científico del ICES, que se publicará en las próximas semanas, para llevar a cabo un acto de ejecución que refleje la realidad del sector y evitar así este grave daño que se le está produciendo, bajo el “pretexto de proteger las áreas marítimas vulnerables”.

“¿De verdad piensan que desplazar una gran cantidad de barcos de una zona a otra no va a suponer una mayor sobrecarga y un sobreesfuerzo pesquero en esas áreas? ¿Es así como la CE va a proteger las áreas marítimas vulnerables?”, ha inquirido Mato, quien también ha tratado de que el Ejecutivo se pronuncie sobre si se va a establecer algún sistema de ayudas a los pescadores, quienes -ha destacado el eurodiputado popular- “merecen, al menos, respuestas”.

Por su parte, el eurodiputado gallego y miembro de la Comisión de Pesca, Francisco Millán Mon, denunció también el “uso indiscriminado” de datos científicos, la “ausencia de una evaluación de impacto socioeconómico”, la “falta de consultas suficientes” o a la “negativa, totalmente injustificada, a distinguir entre el arrastre y el palangre, en contra de lo que por ejemplo dice el ICES”. “En el fondo, la Comisión ha trabajado con brocha gorda en vez de con pincel fino”, dijo.

“Este Parlamento ya censuró hace dos semanas el proceder de la Comisión en una enmienda presentada por el Grupo Popular. La Comisión también ha recibido la crítica unánime del Parlamento de Galicia, primera región pesquera de Europa, y de los cuatro Estados miembros afectados: España, Portugal, Irlanda y Francia”, destacó.

Millán Mon mostró su preocupación tras conocerse los primeros datos sobre el impacto de este veto, ya que “en Galicia las capturas de las especies afectadas han caído hasta un 60% y la facturación ha disminuido notablemente”.

El eurodiputado gallego recordó durante su intervención que “el pasado 15 de septiembre, el mismo día que se aprobaba el reglamento que hoy debatimos, este Parlamento adoptaba una resolución reclamando a la Comisión que se abstuviese de proponer más normas que pongan en riesgo nuestra seguridad alimentaria”. Millán Mon subrayó que no se puede seguir legislando en el sector alimentario como si nada pasase: “ahí están la guerra de Ucrania y sus terribles consecuencias. En un momento excepcional con el precio de la cesta de compra disparado, no se entiende que la Comisión esté limitando las capturas y la venta de pescado de la flota europea”, afirmó.

“Hay ecosistemas vulnerables, pero nuestra seguridad alimentaria, nuestros pescadores y sus familias también son vulnerables. Por las deficiencias jurídicas, científicas, procedimentales y también, evidentemente, deficiencias de esta decisión en materia de oportunidad; por todas estas razones, insisto en que lo más sensato sería la suspensión de la medida”, concluyó.