El escrito del Ministerio Público retrotrae el comienzo de la investigación a 2016 cuando, a raíz de diversas denuncias vecinales anónimas, se tuvo conocimiento de que en una vivienda de la ciudad se vendía al menudeo cocaína y heroína
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acoge mañana un juicio en el que la Fiscalía solicita penas que oscilan entre los 2 y los 5 años de cárcel para un grupo de 7 acusados, la mayoría familiares, por un delito contra la salud pública.
En este sentido, el escrito del Ministerio Público retrotrae el comienzo de la investigación a 2016 cuando, a raíz de diversas denuncias vecinales anónimas, se tuvo conocimiento de que en una vivienda de la ciudad se vendía al menudeo cocaína y heroína. Se desplegó así un dispositivo de vigilancia detectando la actividad de la principal acusada y, posteriormente, de otro de los acusados, al que en agosto de ese mismo año se le incautó una bolsita termosellada que contenía 0,238 gramos de heroína, con un valor en el mercado ilícito de 26 euros en venta por dosis.
Además de a estos dos, se investiga a un tercero que acudía al domicilio varias veces al día a comprar droga para distribuirla, acompañando además a la acusada en sus desplazamientos para proveerse de sustancias y ejerciendo de probador de las muestras. Ambos fueron detenidos el 23 de agosto cuando circulaban entre la rotonda de Travesía de Vigo y Genero de la Fuente, en un Citröen C4, donde se incautó de una bolsa con 99,9 gramos de cocaína en roca con un valor de 12.202 euros en venta por gramos. Se intervinieron también, a la acusada, 25 euros, un pendrive y un teléfono móvil; y al otro investigado, 15 euros, tres teléfonos móviles y una papelina con 0,193 grs de cocaína en roca con un valor de 49 euros en venta por dosis.
A raíz de esto se acordó la intervención judicial del móvil de la acusada, observándose su continuidad en la realización de este tipo de conductas. No obstante, ahora comenzó a ser su hijo quien contactaba con los clientes para realizar las entregas. Las escuchas mostraron también que la acusada atravesaba una difícil situación económica por deudas con sus proveedores, por lo que comenzó a decrecer su actividad, empezando entonces a traficar con pequeñas cantidades de hachís.
A partir de ese momento contó con otro miembro de la familia, su sobrino, que estaba recluido en A Lama y que facilitaba esta sustancia al resto de reclusos. En este sentido, la mujer del sobrino contactó con la principal acusada para que le facilitase un par de bellotas de hachís para que su marido pudiese venderlas en la cárcel. Los Servicios Penitenciarios interceptaron el envío y decomisaron cuatro trozos de hachís con un peso total de 19,244 gramos que había escondido en el interior de su organismo, en la hebilla de su cinturón y en un paquete de tabaco, ascendiendo el valor de la droga incautada a 117 euros.
Ya en 2017, la esposa volvió a contactar con la acusada, quien le suministró otras cinco bellotas de hachís que le facilitó su hijo, pagándole la mujer 175 euros, encargándose el marido de la acusada, también investigado, de efectuar el cobro de la sustancia y preparar las bellotas, así como de entregárselas a su sobrino en la cárcel.
Como resultado de este hecho, la autoridad judicial acordó la detención de los acusados y el registro de los domicilios de la acusada y su hijo, incautándose de dinero, tres móviles, una báscula de precisión, tres bolsas con un total de 0,994 gramos de marihuana, una máquina picadora de tabaco, un sello judicial, una defensa eléctrica, una catana y dos pistolas detonadoras con cinco cartuchos. En la vivienda del hijo, también acusado, se encontraron siete teléfonos móviles, dos balanzas electrónicas y una cámara fotográfica.
Por todo ello, la Fiscalía pide para la acusada cinco años de cárcel y una multa de 36.000 euros; lo mismo para su hijo; y para el otro acusado colaborador, cuatro años de prisión y una multa de 20.000 euros. Estos se enfrentan a una acusación de delito contra la salud pública en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud.
Los restantes investigados están acusados de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud. Así, a la mujer del sobrino de la acusada le piden tres años de cárcel y una multa de 860 euros; lo mismo para el sobrino; y para el marido de la acusada y otro de los acusados, dos años de prisión y una multa de 630 euros.
