La Xunta refuerza las ayudas a comedores escolares y alcanza 1,75 millones para las Anpas gallegas

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Un total de 147 asociaciones de madres y padres se benefician del incremento del 10% en una línea clave para sostener el servicio de comedor en los centros educativos

La Xunta de Galicia ha reforzado las ayudas destinadas a los comedores escolares gestionados por asociaciones de madres y padres, elevando la dotación total hasta los 1.750.000 euros, tras aplicar un incremento del 10% sobre la partida inicialmente prevista. La medida permitirá dar respuesta al aumento de usuarios registrado en los comedores escolares durante el presente curso.

Con esta ampliación presupuestaria, el Gobierno gallego reafirma su compromiso con las familias y con los servicios complementarios del sistema educativo, consolidando una línea de apoyo que, gracias a las mejoras introducidas en los últimos años, permite que las asociaciones beneficiarias reciban hoy casi el triple de fondos que antes de la pandemia.

Una ayuda clave para el funcionamiento diario de los comedores

Las subvenciones están destinadas a sufragar los gastos de gestión del servicio de comedor escolar, que incluyen el coste diario del menú, la vigilancia y cuidado del alumnado durante el tiempo de comedor, así como los gastos de mantenimiento, personal, limpieza y equipamiento necesario para la correcta prestación del servicio.

El incremento de crédito responde a la previsión recogida en la propia orden reguladora de estas ayudas, que permite ampliar la dotación cuando se produce un aumento significativo en el número de solicitudes. En esta convocatoria, correspondiente al curso 2024-2025, las cuantías concedidas oscilan entre los 400 euros y más de 309.000 euros, en función del número de comensales atendidos por cada entidad.

Pontevedra lidera el reparto y Vigo concentra las mayores cuantías

Por provincias, Pontevedra encabeza el número de entidades beneficiarias, con 71 asociaciones que reciben un total de 824.330 euros, seguida de A Coruña, con 66 entidades y 792.419 euros. Ourense suma ocho asociaciones beneficiarias y Lugo, dos.

En el caso de Vigo, destaca especialmente la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnado, que gestiona 26 comedores escolares y recibe 309.663 euros, un 14% más que en la convocatoria anterior. También sobresale la Federación de Anpas de centros públicos de la provincia de Pontevedra, con ayudas para 23 comedores.

Estas ayudas se integran en un amplio paquete de medidas impulsadas por la Xunta para aliviar el gasto de las familias, que este curso superan los 100 millones de euros en ahorro directo gracias al conjunto de apoyos al sistema educativo.

El Concello aprueba el proyecto de la Gran Vía entre Tarragona y Gerona con siete rampas mecánicas

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La actuación cubrirá un corredor de cerca de 400 metros y tendrá un presupuesto de 9,14 millones de euros

El proyecto cuenta con financiación de fondos europeos FEDER

La Xunta de Gobierno del Vigo aprobó este viernes, 23 de enero de 2026, el proyecto de reforma de un tramo de la Gran Vía, entre las calles Gerona y Tarragona, que incluirá la instalación de siete rampas mecánicas para facilitar el tránsito peatonal.

Según informó el alcalde, la actuación permitirá mejorar la accesibilidad en un corredor de cerca de 400 metros de longitud entre las plazas de España y América. El importe de licitación asciende a 9.143.000 euros y contará con financiación del Gobierno de España a través de los fondos europeos FEDER.

El proyecto contempla la colocación de siete rampas cubiertas con pérgolas, con longitudes que oscilarán entre 33 y 46 metros, así como la mejora de la accesibilidad entre las aceras y el bulevar central. Además, se prevé la ampliación de las zonas verdes, manteniendo la estructura actual de la vía.

Desde el Concello se señaló que la intervención busca mejorar la movilidad peatonal y favorecer la actividad económica y comercial de la zona. En paralelo, el alcalde indicó que el proyecto del segundo tramo, comprendido entre las calles Tarragona e Illas Baleares, se encuentra en una fase avanzada y que el tramo actualmente aprobado está ya listo para salir a licitación.

La reforma de la Gran Vía se enmarca dentro de las actuaciones municipales destinadas a mejorar la accesibilidad y la conexión peatonal en uno de los principales ejes urbanos de la ciudad.

El BNG pide el cese de la concejala de Seguridad imputada por el accidente del Saltamontes y una comisión de investigación municipal

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Registra una moción de urgencia tras la imputación de Patricia Rodríguez Calviño

Reclama aclarar responsabilidades y la creación de un protocolo de inspección de atracciones

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado una moción de urgencia para el próximo pleno del Concello de Vigo en la que solicita el cese de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, tras su imputación judicial en relación con el accidente mortal del Saltamontes, ocurrido el 3 de agosto de 2024 durante las fiestas de Matamá. La formación también pide la creación de una Comisión Especial de Investigación.

Según expone el BNG, la decisión judicial aprecia la existencia de indicios de una posible responsabilidad municipal vinculada a un control negligente de la atracción. En este sentido, la formación señala que la Fiscalía apunta a la inexistencia de un protocolo municipal de inspección y a la falta de una instrucción clara para ordenar el precinto de la atracción, pese a que no reunía las condiciones exigidas por la normativa para su autorización.

El portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, calificó la situación de “gravísima” al afectar directamente a una integrante del Gobierno local y consideró que debe ser tratada en el pleno municipal. También criticó que, 538 días después del accidente, no se hayan ofrecido “explicaciones suficientes ni se hayan asumido responsabilidades”, pese a las solicitudes realizadas por la oposición.

En la moción, el BNG reclama el “cese inmediato” de la concejala de Seguridad y la puesta en marcha de una comisión de investigación que permita esclarecer las circunstancias del accidente, determinar responsabilidades políticas y administrativas y analizar el funcionamiento de los servicios municipales implicados. La formación propone que dicho órgano elabore conclusiones y medidas correctoras.

Además, el Bloque solicita la elaboración urgente de un protocolo municipal para la inspección, control y autorización de atracciones de feria e instalaciones similares, con criterios técnicos objetivos, procedimientos claros y mecanismos efectivos de control y precinto. También demanda reforzar los medios humanos y materiales de los servicios municipales del área de Seguridad.

Igrexas afirmó que la ciudadanía “ten derecho a conocer toda la verdad de lo ocurrido, a que se depuren las responsabilidades que correspondan y a que se adopten las medidas necesarias para evitar que un suceso similar vuelva a repetirse”.

O BNG de Vigo pedirá no Pleno a suspensión da nova licitación do bus: “Suporá 9 anos máis de mal servizo pero máis caro”

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Traslada unha moción para “evitar que o Goberno de Abel Caballero hipoteque de novo a cidade cun servizo privatizado de transporte urbano insuficiente e deficiente”

Propón un modelo alternativo baixo xestión pública con máis frecuencias, mellores horarios, un novo mapa de liñas e con reducións no prezo do billete

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclama a suspensión da nova licitación do transporte urbano de Vigo. A fronte nacionalista vén de rexistrar unha moción ao Pleno, convocado para este vindeiro luns, na que demanda desistir do procedemento aberto polo Goberno de Caballero para a nova concesión privatizada co fin de “evitar unha hipoteca de 9 anos máis cun servizo de bus insuficiente e deficiente”.

O portavoz municipal do BNG, Xabier P. Igrexas, defendeu este venres en rolda de prensa que “estamos a tempo de evitar que se dilapide a grande oportunidade” co remate da actual concesión de Vitrasa, baseada nun prego do ano 1994 que cualificou de “superado e incapaz de responder aos retos actuais de mobilidade”.

Porén, Igrexas tachou de “moi decepcionantes” as condicións fixadas polo Goberno municipal na nova licitación do transporte urbano. “Basicamente é máis do mesmo pero cun custo económico moito maior”, criticou. Os pregos do servizo manteñen o mesmo número de autobuses que a actual flota, unicamente sendo actualizados por vehículos novos; o mesmo cadro de persoal sen incrementos; e cun máximo de quilometraxe que continuará por debaixo do que se percorría antes da pandemia.

Caballero ignora as demandas veciñais

“Con estes pregos o propio Concello fai inviábel, e demostra que non ten vontade de mellorar o servizo de bus”, advertiu o portavoz municipal do BNG. Unhas condicións que, lamentou, ignoran as principais necesidades demandadas pola veciñanza de mellorar frecuencias, liñas e puntualidade, como evidenciou o estudo técnico encargado polo Concello, cun custo de case 400.000 euros, como base para a licitación.

Dende o Bloque alertaron tamén que se descoñecen as posíbeis modificacións do mapa de liñas, xa que o informe non inclúe unha nova modelización das rutas nin tampouco a actualización dos cálculos dos tempos de traxecto. “Unha mudanza longamente prometida polo actual Goberno local desde hai máis de 10 anos e unha demanda reiterada do movemento veciñal, diante dun deseño de liñas obsoleto, que todo apunta volverá a ser desatendida”, cuestionou Igrexas.

Malia a falla de melloras, o contrato vai incrementar “de forma moi significativa” os custos da prestación do servizo, e prevé tamén un aumento da subvención municipal e das tarifas, cando o prezo do billete en Vigo é xa o máis caro de todas as cidades galegas con e sen bonificacións. “Imos pagar máis polo mesmo servizo insuficiente e deficiente, pero con buses máis novos”, subliñou o portavoz municipal nacionalista.

Remunicipalización e melloras propostas polo BNG

Para o BNG o camiño para contar cun servizo de transporte urbano á altura da maior cidade de Galiza pasa pola remunicipalización do servizo de bus, a través dunha empresa pública municipal; unha medida que defenden tamén colectivos veciñais e sociais.

Igrexas sinalou que esta alternativa xa foi aplicada con éxito por outras urbes, incluso con menos recursos que Vigo, e permitiría mellorar o servizo, garantir a súa accesibilidade, reforzar a vertebración da cidade e avanzar cara a unha mobilidade menos dependente do vehículo privado. Lembrou que a reversión dos medios coa fin da concesión así como as condicións económico-financeiras do Concello fan “perfectamente viábel” este proceso.

Un novo modelo que, a xuízo do BNG, debe ter como principais eixos o deseño dun novo mapa de liñas que conecte mellor o conxunto de barrios e parroquias, o aumento de frecuencias (diurnas e nocturnas, de luns a domingo) e mellores horarios, así como incluír  un liña CERO, que una dende o barrio de Teis até Navia, e que permita conectar co resto de liñas de bus. Aliás, propoñen ampliar o billete de transferencia coa posibilidade de realizar até dous transbordos gratuítos nun período de 60 minutos, mellorar a integración intermodal e reducir o prezo do billete, incluíndo a gratuidade permanente para menores de 15 anos, persoas desempregadas e en situación de vulnerabilidade social.

De cara a definir o futuro do bus, a fronte nacionalista demanda tamén na súa moción que se convoque de forma urxente o Consello Sectorial de Transportes do Concello de Vigo para dar conta das conclusións do estudo técnico para debater e acordar “de maneira participativa” as condicións para o novo servizo de transporte urbano na cidade.

Recortes con Vitrasa

Dende o BNG consideran que a xestión privatizada do bus demostrouse nos últimos anos un “fracaso” diante do que consideran un “deterioro progresivo do servizo” con incumprimentos reiterados do contrato, unha caída evidente da calidade e unha conflitividade laboral constante ligada á precarización do persoal. “A falta de control efectivo por parte do Goberno municipal fronte a estas eivas evidencia de maneira incontestábel os límites dun modelo que non pon o interese público no centro”, afeou.

Entre estas deficiencias, Igrexas fixo fincapé no recorte de máis de 250 frecuencias diarias aplicadas despois da pandemia, a supresión de liñas necesarias como a C2, N2, N3 ou a de Persoas con Mobilidade Reducida) e a substitución das frecuencias fixas por un sistema variábel que “xera incerteza e dificulta a planificación dos desprazamentos, e que na práctica apenas serve de coartada para alargar os tempos de espera”.

O portavoz do Bloque manifestou que o resultado destes cambios foron “agardas interminábeis e autobuses que chegan de maneira amoreada ás paradas con longos períodos sen servizo”. Unha realidade que, denunciou, penaliza especialmente ás persoas que dependen do transporte público para ir traballar, estudar ou acceder a servizos básicos.

No mesmo sentido, a fronte nacionalista cuestionou o mal deseño do vixente mapa de liñas por “deixar mal comunicados” barrios e parroquias e dificultar o acceso a equipamentos estratéxicos como hospitais, centros educativos, o campus universitario ou os polígonos industriais. E tamén pola falla de coordinación con outros transportes como as estacións de tren e autobuses, o transporte marítimo ou aeroporto, e por unha cobertura nocturna “claramente insuficiente”.

A Deputación destina 220.000 € para financiar bens e servizos en eventos deportivos neste 2026

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O presidente Luis López adiantou que esta liña de axudas poderá incrementarse noutros 220.000 € se fose preciso e achegará ata un máximo de 1.000 € por evento

No 2025 foron 266 as entidades que recibiron 220.000 € para financiar bens e servizos en eventos deportivos na provincia

“E despois de falar de deporte e de turismo deportivo en Madrid, seguimos a facelo na casa”, subliñou o presidente Luis López na presentación da convocatoria das axudas para financiar bens e servizos en eventos deportivos na provincia de Pontevedra neste 2026, dotadas con 220.000 €. López adiantou que esta liña de axudas poderá incrementarse noutros 220.000 € se fose preciso, ata chegar aos 440.000 €, e distribuirá ata un máximo de 1.000 € por evento.

“Seguimos avanzando, unha semana máis, no noso obxectivo de converter Pontevedra na provincia do deporte”, asegurou Luis López quen recordou que o pasado ano gozaron destas axudas, que nas súas dúas convocatorias sumou 220.000 €, 266 entidades da provincia. No caso do 2026, a contía inicial parte xa dos 220.000 € que serán distribuídos, ao igual que o pasado ano, a través de dúas liñas: bens e servizos. A liña dirixida a adquirir bens contempla o financiamento de medallas, trofeos, equipamento deportivo básico como camisetas conmemorativas ou material promocional relacionado co evento como mochilas, bidóns, gorras ou pulseiras. No caso da liña destinada a contratar os servizos necesarios para organizar ou desenvolver eventos ou probas deportivas,  contémplase desde a asistencia sanitaria, os servizos médicos e ambulancias, ata a vixilancia, o control de accesos, a montaxe e desmontaxe, a cronometraxe e arbitraxe ou os servizos de difusión e comunicación.

La CEP ve avances en el Reglamento de Control de Pesca europeo, pero alerta del impacto en el cerco gallego

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La patronal pontevedresa, que agrupa a asociaciones del sector marítimo-pesquero, valora la mayor flexibilidad para la flota artesanal, pero advierte de que la norma sigue siendo excesivamente burocrática

La Confederación Empresarial de Pontevedra, que representa a asociaciones del sector marítimo-pesquero, valora de forma positiva la flexibilización del nuevo Reglamento de Control de Pesca de la Unión Europea, tras varias jornadas de movilización debido a su rechazo. Desde su entrada en vigor el pasado 10 de enero, las protestas y el malestar de los representantes de la industria han surtido efecto, con una relajación de ciertas exigencias que resultaban discriminatorias para la flota artesanal y de bajura.

Esta nueva modificación en cuanto al preaviso de entrada a puerto y anotación de todas las capturas por especie, supone un avance en cuanto a la diferenciación de aquellas flotas de pesca que faenan a escasos minutos de la costa, y cuya captura se realiza de forma diferente a las embarcaciones a nivel industrial. No obstante, la CEP advierte que el nuevo reglamento continúa incorporando una carga burocrática excesiva para este tipo de pescadores y empresas más pequeñas, predominantes en el litoral y cerco gallego, pudiendo comprometer su viabilidad a medio y largo plazo.

En este sentido, la Confederación subrayan que el principal problema de la normativa no radica en sus aspectos medioambientales, los cuales el sector comparte. La acumulación de trámites administrativos, obligaciones de control, registros y requisitos técnicos resultan difíciles de asumir tanto logísticamente como económicamente para las pequeñas y medianas empresas gallegas. No se cuestiona tanto el objetivo de control como la forma en que se exige cumplirlo.

Desde el primer conocimiento del reglamento, hace casi diez años, los representantes pesqueros gallegos mostraron su preocupación ante una norma que no diferenciaba entre flota industrial y artesanal, con los problemas que esto conlleva. No se trata de un debate de pescadores contra Bruselas, sino un problema que surge cuando la lógica de control choca con la diversidad del modelo marítimo de cada país y región.

“El exceso de burocracia no contribuye a una pesca más sostenible, al contrario, resta tiempo, recursos y capacidad de adaptación a las empresas. Como con cada nueva legislación, siempre salen peor parados las pequeñas y medianas empresas, que, a pesar de la creencia general, suponen la gran mayoría del tejido económico nacional”, señala Jorge Cebreiros, presidente de la CEP.

Por todo ello, la patronal pontevedresa hace un llamamiento a las administraciones encargadas de adaptar la norma a la realidad de cada país a escuchar al sector, el cual viene identificando el problema desde hace tiempo atrás.

En este contexto, y como parte de su compromiso con la sostenibilidad económica y social del sector, la Confederación Empresarial de Pontevedra anunciará en los próximos días la creación de un foro de diálogo abierto que reunirá a asociaciones, empresas y representantes institucionales del sector pesquero.

Este espacio permitirá analizar de manera conjunta los problemas actuales y anticipar los desafíos futuros, fortaleciendo la colaboración entre todos los actores implicados y promoviendo soluciones adaptadas a la realidad del cerco gallego y de la flota artesanal.

La Confederación reitera su compromiso con un modelo sostenible y responsable, pero recuerda que los avances deben ir acompañados de una visión coherente y no generalizada.

El Castillo de Soutomaior se convierte en la primera fortaleza sostenible de Galicia

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La Diputación de Pontevedra refuerza su apuesta por un turismo responsable y de calidad

El Castillo de Soutomaior ha marcado un hito en el patrimonio gallego al convertirse en la primera fortaleza de Galicia en obtener un reconocimiento oficial de sostenibilidad, un distintivo que avala su gestión responsable y su alineación con los objetivos de desarrollo sostenible.

El reconocimiento fue recogido en Madrid por el diputado provincial Ricardo Martínez, acompañado por la directora de Turismo de la Deputación, Romina Fernández, en un acto que puso en valor el trabajo desarrollado en los espacios patrimoniales gestionados por la institución provincial.

Patrimonio, sostenibilidad y excelencia

La distinción reconoce buenas prácticas en la gestión del recinto, desde la eficiencia en el uso de recursos hasta la conservación del entorno natural y la mejora de la experiencia de las personas visitantes.

El Castillo de Soutomaior se suma así al Museo de Pontevedra como referente en sostenibilidad cultural en la provincia, consolidando un modelo que combina protección del patrimonio histórico y excelencia turística.

Calidad turística en toda la provincia

Este reconocimiento se enmarca en una estrategia más amplia para reforzar la calidad de los servicios turísticos, con especial atención a la red de oficinas de información y a la proyección de la provincia como destino sostenible, competitivo y de alto valor cultural.

La Diputación subraya que este tipo de certificaciones no solo mejoran la imagen turística, sino que refuerzan el compromiso con un modelo de desarrollo equilibrado y respetuoso con el territorio.

El PP de Vigo exige cambios en el reglamento europeo de pesca para proteger a la flota gallega

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Luisa Sánchez reclama al Gobierno que defienda en Bruselas una normativa adaptada a la realidad del sector

La pesca gallega vuelve a estar en el centro del debate institucional tras la iniciativa impulsada en Vigo para reclamar modificaciones urgentes en el reglamento europeo de control pesquero, una normativa que, según se advierte, pone en riesgo la viabilidad de la flota artesanal y de bajura.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reclamado al Gobierno central que “pase de las palabras a los hechos” y defienda con firmeza los intereses de Galicia ante las instituciones europeas, subrayando que la incertidumbre generada en el sector podría haberse evitado con una regulación más realista.

Normas alejadas del día a día en el mar

Entre las principales críticas figura la obligación de preavisar la llegada a puerto con varias horas de antelación, así como el uso de registros electrónicos complejos para las capturas, medidas que no tienen en cuenta las condiciones cambiantes del mar ni la operativa diaria de muchas embarcaciones.

Luisa Sánchez ha advertido de que estas exigencias afectan especialmente a la pesca artesanal y al marisqueo, sectores clave tanto desde el punto de vista económico como social en la costa gallega.

Flexibilidad para garantizar la actividad

La propuesta defiende que Galicia cuenta con medios propios de control e inspección suficientes para garantizar la trazabilidad de los productos del mar, por lo que reclama plazos más cortos, sistemas simplificados y una aplicación flexible de la normativa.

“El control es necesario, pero no a costa de imponer sistemas imposibles de cumplir en el día a día”, ha subrayado la dirigente popular, insistiendo en que la normativa debe proteger el producto y al consumidor sin asfixiar a quienes viven del mar.

La Audiencia de A Coruña confirma la condena por el accidente del Alvia y eleva las indemnizaciones a las víctimas

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El tribunal ratifica la pena de prisión al maquinista, absuelve al exdirectivo de ADIF y cierra una de las causas judiciales más complejas de Galicia

La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado la condena de dos años y medio de prisión al maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013, un accidente que causó 79 fallecidos y más de un centenar de heridos. El tribunal considera probado que el siniestro fue consecuencia de una imprudencia grave por desatención continuada en la conducción, mientras mantenía una llamada telefónica innecesaria.

La resolución judicial, de gran extensión y complejidad técnica, revoca parcialmente la sentencia de primera instancia al absolver al que fuera director de Seguridad en la Circulación de ADIF en el momento de la puesta en servicio de la línea, al entender que actuó conforme a los estándares normativos vigentes en ese momento.

Imprudencia grave y exceso de velocidad

La Audiencia concluye que el maquinista no adecuó la velocidad del convoy al tramo de vía, circulando a unos 200 kilómetros por hora en un punto donde debía reducirla a 80. Las magistradas destacan que el conductor desatendió señales visuales y acústicas, no activó el frenado a tiempo y accionó de forma reiterada el pedal de seguridad mientras continuaba la conversación telefónica, evitando así que se activara el freno de emergencia.

El fallo descarta que existiera un déficit de formación, errores en la señalización o una incidencia causal derivada de la desconexión del sistema ERTMS, subrayando que el propio maquinista conocía perfectamente las condiciones del tramo.

Indemnizaciones superiores a 22 millones de euros

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es el incremento de las indemnizaciones a las víctimas, que superan los 22 millones de euros. El tribunal amplía el número de familiares con derecho a compensación, aplicando el baremo actualizado de accidentes, y eleva las cuantías en la mayoría de los casos de personas lesionadas.

La Audiencia mantiene la responsabilidad civil de Renfe y del propio maquinista, siendo la aseguradora la encargada de afrontar los pagos en las cuantías fijadas.

Absolución y voto particular

En cuanto al exresponsable de seguridad ferroviaria, el tribunal concluye que no puede atribuírsele responsabilidad penal, al no haberse probado que una actuación distinta por su parte hubiera evitado el accidente con una probabilidad cercana a la certeza. La sentencia es firme, aunque incluye un voto particular discrepante de una magistrada que considera que debía mantenerse la condena al exdirectivo de ADIF por no haberse realizado una evaluación completa del riesgo.

Con este fallo, se cierra judicialmente una de las tragedias más profundas de la historia reciente de Galicia, aunque el impacto social, emocional y político del accidente de Angrois sigue muy presente más de una década después.

Sanxenxo consolida su tirón inmobiliario con el inicio de una gran promoción residencial

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Arrancan las obras de un proyecto que refuerza a las Rías Baixas como destino de segunda residencia

Sanxenxo continúa afianzando su posición como uno de los destinos residenciales más demandados del litoral gallego con el inicio de las obras de una nueva promoción de viviendas. El proyecto se enmarca en un contexto de creciente interés por la vivienda en zonas costeras, tanto a nivel nacional como internacional.

La actuación se desarrolla en una ubicación privilegiada y apuesta por un modelo residencial orientado a la calidad de vida, el diseño y la integración con el entorno.

Impacto local y económico

Además de ampliar la oferta de vivienda, el arranque de las obras supone un impulso para la economía local, generando empleo y actividad en sectores vinculados a la construcción y los servicios.

El proyecto refuerza el atractivo de Sanxenxo como destino de referencia en la Ría de Pontevedra, en un mercado de segunda residencia que mantiene una demanda sostenida.