Registra una moción de urgencia tras la imputación de Patricia Rodríguez Calviño
Reclama aclarar responsabilidades y la creación de un protocolo de inspección de atracciones
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado una moción de urgencia para el próximo pleno del Concello de Vigo en la que solicita el cese de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, tras su imputación judicial en relación con el accidente mortal del Saltamontes, ocurrido el 3 de agosto de 2024 durante las fiestas de Matamá. La formación también pide la creación de una Comisión Especial de Investigación.
Según expone el BNG, la decisión judicial aprecia la existencia de indicios de una posible responsabilidad municipal vinculada a un control negligente de la atracción. En este sentido, la formación señala que la Fiscalía apunta a la inexistencia de un protocolo municipal de inspección y a la falta de una instrucción clara para ordenar el precinto de la atracción, pese a que no reunía las condiciones exigidas por la normativa para su autorización.
El portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, calificó la situación de “gravísima” al afectar directamente a una integrante del Gobierno local y consideró que debe ser tratada en el pleno municipal. También criticó que, 538 días después del accidente, no se hayan ofrecido “explicaciones suficientes ni se hayan asumido responsabilidades”, pese a las solicitudes realizadas por la oposición.
En la moción, el BNG reclama el “cese inmediato” de la concejala de Seguridad y la puesta en marcha de una comisión de investigación que permita esclarecer las circunstancias del accidente, determinar responsabilidades políticas y administrativas y analizar el funcionamiento de los servicios municipales implicados. La formación propone que dicho órgano elabore conclusiones y medidas correctoras.
Además, el Bloque solicita la elaboración urgente de un protocolo municipal para la inspección, control y autorización de atracciones de feria e instalaciones similares, con criterios técnicos objetivos, procedimientos claros y mecanismos efectivos de control y precinto. También demanda reforzar los medios humanos y materiales de los servicios municipales del área de Seguridad.
Igrexas afirmó que la ciudadanía “ten derecho a conocer toda la verdad de lo ocurrido, a que se depuren las responsabilidades que correspondan y a que se adopten las medidas necesarias para evitar que un suceso similar vuelva a repetirse”.