Mientras el presidente de la FEMP, Abel Caballero, asegura en el acto en Moncloa que «nunca se alcanzó un pacto de esta envergadura», el PP y las Mareas claman contra el «ataque al municipalismo» y la «incautación de fondos»
Es la primera vez en la historia de la Federación Española de Municipios y Provincias – FEMP que el presidente usa el ‘voto de calidad’ que permitió desbloquear el empate en la votación
El acuerdo aprobado ayer por el que el gobierno central recibe los 14.000 millones de remanente municipal a cambio de un fondo para los ayuntamientos de 5.000 millones a percibir en los dos próximos años, sigue dando que hablar. Aprobado in extremis, con un empate a 12 sólo resuelto con el ‘voto de calidad’ del presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, el rechazo ha sido unánime por parte de de todas las fuerzas políticas menos el PSOE.
Así, mientras que Caballero acudía a Moncloa para formalizar la firma del acuerdo, donde aseguraba, al lado del presidente Sánchez que nunca se alcanzó un pacto de «esta envergadura entre la FEMP y el Gobierno de España», el Partido Popular y las Mareas gallegas clamaban contra lo que consideran un «ataque al municipalismo» y la «incautación de los fondos» de los ayuntamientos.
Una visión que choca de frente con la defendida por el presidente de la FEMP, que insiste en que se trata de «un acuerdo de la mayor importancia y muy municipalista«. Postura idéntica a la que, en Twitter, ha defendido Pedro Sánchez: «Es un acuerdo para impulsar, también desde los Ayuntamientos, la recuperación del país», y «clave para dotar a los pueblos y ciudades de los recursos necesarios para que puedan paliar los efectos de la COVID19 y contribuir a la reconstrucción económica y social».
Frente a esto, el PPdeG consdiera que «Pedro Sánchez ha pervertido la FEMP«, y recuerdan, atendiendo a la resolución de la votación en la Junta Extraordinario de ayer, que este «no es un acuerdo de la FEMP, si no de los alcaldes socialistas que están en la FEMP«.
Los ‘populares’ inciden en que el voto de calidad del presidente de la FEMP -que fue usado ayer por primera vez en la historia de la entidad- ha posibilitado la «incautación del ahorro de los ayuntamientos y de las diputaciones». «Un dinero que es de los vecinos y que el Ejecutivo central, con el apoyo incondicional del alcalde de Vigo, está confiscándole a los ciudadanos«, argumenta Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense.
En una línea similar se manifiestan las Mareas gallegas, que han emitido esta mañana un comunicado tajante en el que afirman que el acuerdo para la «incautación de los remanentes de ayuntamientos y diputaciones pisotea las competencias municipales, adolece de un marcado carácter centralista y supone un desprecio para el trabajo de los ayuntamientos».
«Este plan cuestiona el espíritu del artículo 140 de la Constitución Española y revienta la ya muy tocada autonomía municipal, pretendiendo tutelar a los ayuntamientos. Frente a lo que consideramos una excusa para limitar el gasto y la inversión local, las Mareas municipalistas de Galicia demandamos la protección de las personas, sobre todo de las más vulnerables», añaden.
Ajeno a todo, Caballero defendía desde Moncloa que la forma adoptada es la única posible «debido a la ley que el PP hizo en 2012 que obliga a no tener déficit y sanciona a los Ayuntamientos que lo tengan». No obstante, este mismo año el gobierno central había realizado ya excepciones a esa regla de gasto sin pedir nada a cambio: por ejemplo, cuando se autorizó el uso de una parte de ese superávit -alrededor de 300 millones en toda España- para gasto social; o cuando posteriormente se permitió gastar el 7% en la compra de vehículos no contaminantes para los servicios públicos.