El gobierno central obtiene así 14.000 millones de remanentes municipales -dinero recaudado y no ejecutado que en el caso de Vigo ronda los 100 millones- que devolverá a 10 años a contar dentro de dos
A cambio, el Ministerio aportará con cargo a presupuestos 5.000 millones (2.000 este año y 3.000 el próximo) a los ayuntamientos que pongan a su disposición ese remanente
La fractura del municipalismo ha quedado hoy constatada en la Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada esta mañana en la Federación Española de Municipios y Provincias – FEMP, y que tenía por objetivo decidir qué hacer ante la propuesta del Ministerio de Hacienda para el uso de los remanentes municipales: ese dinero recaudado y no ejecutado que la ley obliga a ingresar en caja. Un planteamiento que ha salido a delante tras un empate en la votación que ha roto el voto de calidad del alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero.
Así, la proposición ha contado con 12 votos a favor socialistas y 12 votos en contra (10 del PP, uno de Cs y otro del PdeCat), llamando la atención la abstención de IU-Podemos, que ha provocado ese empate resuelto por el voto de calidad de Caballero, y que demuestra la falta de acuerdo sobre el planteamiento del principal socio de gobierno de Moncloa.
La propuesta de Hacienda llegaba a esta Junta de Gobierno tras haber sufrido ya modificaciones. En teoría, el objetivo era salvar la actual legislación, que impide a los municipios hacer uso de ese remanente. Norma, no obstante, esta norma ya se había sido esquivada en al menos un par de ocasiones este mismo año, cuando se autorizó a los ayuntamiento a disponer de una parte de ese superávit -alrededor de 300 millones en toda España- para gasto social; y cuando posteriormente se permitió gastar el 7% en la compra de vehículos no contaminantes para los servicios públicos.
Excepciones insuficientes y que provocaron que los ayuntamientos, con la FEMP a la cabeza, reclamasen la disposición de la totalidad de esos fondos para poder hacer frente a la situación económica derivada de la crisis del coronavirus. Así, en el propio mes de mayo, la Federación demandaba que las entidades locales pudiesen disponer de todos sus remanentes.
Pese a todo, la propuesta del Ministerio, en esta ocasión, tenía cortapisas. Así, el planteamiento inicial resultaba una forma de financiación a coste cero para el gobierno, que recibiría el remanente municipal -una cifra que asciende a 14.000 millones en el conjunto de España, y que se aproxima a los 100 millones en Vigo-, devolviendo una parte -en torno al 35%, unos 5.000 millones- entre este año y el siguiente, y el resto a 10 años a contar desde el año 2022.
Esta propuesta comenzó a fracturar las posturas en el seno de la Federación, entre los que consideraban que así no se resolvían las necesidades de fondos de los ayuntamientos para hacer frente a la crisis actual, y los que validaban la oferta, con el presidente Abel Caballero a la cabeza, que, antes de que Hacienda realizase un segundo planteamiento, calificaba el inicial como «la mayor concesión a la FEMP en la historia de la democracia«.
Veinticuatro horas después de estas declaraciones, el Ministerio realizaría una segunda propuesta, que es la que finalmente se ha aprobado hoy. Planteaba recibir igualmente todo ese dinero poniendo, a cambio, a disposición de los ayuntamientos un fondo con cargo a los presupuestos estatales -cuentas aún sin aprobar- que ascendería a 5.000 millones entre este año (2.000) y el siguiente (3.000). A partir de 2020, el Ejecutivo central revertiría a los municipios el 100% de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años, así como sus intereses.
Pese a todo, la oferta tampoco logró la unanimidad del municipalismo, teniendo que aplazarse el pasado viernes la Junta de Gobierno Extraordinaria. Junta que finalmente se ha celebrado hoy y que ha hecho pública esa fractura, salvada únicamente por el ‘voto de calidad’ de Caballero.
Reacciones en Vigo
Como no podía ser de otra manera, a lo largo de la mañana se han sucedido las reacciones, comenzando por el propio presidente de la FEMP, que considera que se trata de un «acuerdo horizontal» que beneficia a todas las corporaciones independientemente de su color político.
«La única forma de poder utilizar los remanentes es que los coja el Estado y nos los devuelva libres de déficit«, ha subrayado el regidor, que ha defendido que este «sistema a la carta» permite a los municipios «optar por el sistema de remanentes, el sistema tradicional de superávit o por una mezcla».
Por su parte, desde el Partido Popular de Vigo, su portavoz, Alfonso Marnotes, ha lamentado que el gobierno de España «se quede con el dinero de los ayuntamientos por culpa de Abel Caballero, que se puso del lado del gobierno y dio la espalda a los vecinos».
Cifra Marnotes ese ahora en «más de 70 millones euros que se llevará el gobierno de Madrid para otro lado«. «Ese dinero es el que Abel Caballero ha recaudado de todos los vigueses elevando la presión fiscal un 26,5% desde el año 2007«, ha incidido.
Por su parte, el concejal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha calificado el acuerdo como «una muy mala noticia para el conjunto de concesllo y una pésima noticia para el concello de Vigo». «Lo que acaba de acordarse es nada menos que permitir la incautación por parte del Gobierno de España del 75% de los remanentes municipales. Esto significa que, con el voto de calidad del alcalde de Vigo, el Gobierno central incauta a la ciudad 43 millones de euros», añade.