Solicitan seis años de prisión para dos acusados de tratar de perjudicar a un opositor a bombero

Uno de los acusados, bombero jubilado, solicitó a su esposa, la otra acusada con puesto de funcionaria policial en la oficina de denuncias y atención al ciudadano, que accediese a la base de datos con el fin de obtener información confidencial

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzgará este miércoles a dos acusados de tratar de perjudicar a un opositor a bombero en el cuerpo de la ciudad olívica. Unos hechos por los que la Fiscalía solicita hasta seis años de cárcel por dos delitos de revelación de secretos y una multa de unos 9.600 euros, además de suspensión para empleo y cargo público por tiempo de tres años y para el ejercicio de función pública relacionada con registros informáticos.

El Ministerio público indica en su escrito de acusación que uno de los acusados, bombero jubilado, solicitó a su esposa, la otra acusada con puesto de funcionaria policial en la oficina de denuncias y atención al ciudadano, que accediese a la base de datos con el fin de obtener información confidencial de un opositor al cuerpo de bomberos.

La intención, apunta la Fiscalía, era perjudicar a esta persona en sus aspiraciones a superar la oposición al cuerpo de Vigo, que se celebró en 2018. Para ello la mujer accedió en varios ocasiones al informe, donde constaba una orden de búsqueda del Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas por un delito de tráfico de drogas, una información que trasladó a su marido, que remitió varios mensajes a un agente de policía para la detención del joven.

«Como el agente no otorgó la cooperación pretendida por el acusado, consistente en coordinar con Guardia Civil una operación de intervención contra el opositor y como su intención era perjudicarle en dichos exámenes, contactó con el jefe de seguridad del Ayuntamiento, miembro del tribunal de oposiciones», señala el Ministerio público.

Este funcionario solicitó a un agente de la Policía Local su colaboración en relación a un opositor en busca y captura. A raíz de ello acudió una patrulla al lugar del examen para identificarlo, «causándole gran perturbación», por lo que la Fiscalía solicita también una indemnización de 6.000 euros por el daño moral causado.