El acusado condujo a la víctima al servicio de la estación, donde trató de que le hiciese una felación amenazándolo con una navaja
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzgará el miércoles a un hombre acusado de intentar abusar sexualmente de un varón profundamente borracho en los servicios de la estación de tren de Guixar, en Vigo, llegando a amenazarlo con una navaja cuando opuso resistencia.
Tal y como se detalla en el escrito de la Fiscalía, los hechos sucedieron a las 6.40 horas del 28 de diciembre de 2019, cuando el acusado, «apercibiéndose del estado de fuerte ebriedad» de la víctima -«sólo podía deambular con ayuda y estaba acompañado de su amiga»- se acercó a ambos con la excusa de querer ayudarlos.
De este modo, el acusado se quedó a solas con el hombre mientras que su amiga iba a comprar los billetes, y consiguió que accediera a ir al servicio de minusválidos de la estación, teniendo que sujetarlo por la espalda para ayudarlo a caminar. «Tras entrar en el servicio y cerrar la puerta, guiado por un ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y de que le hiciese una felación«, empujó a aquel hacia la pared intentando que se arrodillase.
La víctima trató de desasirse, y el acusado esgrimió una navaja que portaba para obligar a la víctima a acceder a sus órdenes, momento en el que entraron en el servicio los dos vigilantes de seguridad acompañados de su amiga, que los había alertado al no encontrar a su amigo, por lo que el acusado no pudo conseguir su propósito.
La Fiscalía solicita nueve años de prisión y ocho de libertad vigilada, que está diagnosticado de trastorno bipolar crónico sin que conste contención terapéutica estable desde junio de 2019, y que permanece en situación de prisión provisional por esta causa desde el 29 de diciembre de 2019.
La Fiscalía aplica en su petición de penas las agravantes de penetración bucal, vulnerabilidad de la víctima y el uso de armas, en grado de tentativa, y la eximente incompleta de anomalía psíquica.
Además de la pena de cárcel, el ministerio público pide la medida de seguridad de libertad vigilada durante ocho años, que incluye la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima y de acudir a determinados territorios, y la obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a control médico periódico.