El escrito presentado por su defensa señala que, si bien no hubo respuesta para aceptar la medida de gracia, tampoco hay resolución expresa para desestimarla
Nuevo capítulo en el ‘Caso enchufe’: el exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo, Francisco Javier G. O., condenado a más de 5 años de prisión por colocar a una cuñada de la presidenta de la Diputación y teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva, en una contrata municipal -cobrando más de 100.000 euros sin hacer ningún trabajo-, ha presentado recurso de súplica contra el auto que le da un plazo de 5 días para ingresar voluntariamente en prisión a cumplir su pena.
Caba recordar que hace unos días la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, decretaba el ingreso en prisión de este exfuncionario al estimar que el silencio administrativo transcurrido un año desde la petición de indulto que había solicitado debía entenderse como una negativa. Frente a esto, el escrito presentado por su defensa señala que, si bien no hubo respuesta para aceptar la medida de gracia, tampoco hay resolución expresa para desestimarla.
A este respecto, su abogado recuerda que, cuando el Tribunal accedió a suspender la entrada en prisión mientras se tramitase el indulto, lo hizo sin ninguna matización de plazo, aunque Fiscalía y acusación popular sí pidieron que esa suspensión no fuese por un tiempo superior a un año.
Por tanto, la defensa de Francisco Javier G.O. entiende que esa solicitud de indulto «sigue en trámite» y que, si el exfuncionario entra en la cárcel y luego se le perdona la condena, se habrían vulnerado sus derechos. Así las cosas, suplica a la Audiencia que estime el recurso y mantenga suspendida la ejecución de la pena mientras se tramita el indulto.
El ex funcionario fue condenado en febrero de 2019 por el mismo tribunal a 5 años y 3 meses de prisión por un delito continuado de prevaricación en concurso con los de malversación y falsedad documental por orquestar una trama de corrupción de la que se benefició la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde del Ayuntamiento vigués, Carmela Silva, que cobró 108.000 euros por unos trabajos que nunca hizo.
El 16 de diciembre de 2021 el ex funcionario solicitó el indulto y cuatro meses después, el 21 de abril de 2022, se dictó un auto en el que se acordó la suspensión de la condena mientras se tramitaba el expediente de indulto.
La polémica aumentó al hacerse público que varias decenas de entidades vecinales, sociales y culturales de Vigo, que reciben subvenciones por parte del Ayuntamiento, remitieron cartas de adhesión a esa petición de indulto, todas con la misma redacción.