El Gobierno gallego advierte de inseguridad jurídica, posibles indemnizaciones millonarias y un impacto directo sobre sectores clave como la acuicultura, los astilleros o la hostelería
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que el Gobierno autonómico ha solicitado formalmente al Ejecutivo central la suspensión inmediata de la reforma del Reglamento de Costas, al considerar que invade competencias exclusivas de Galicia y vulnera derechos de los titulares de concesiones en el litoral. La petición se sustenta en un amplio informe de alegaciones aprobado por el Consello da Xunta y presentado dentro del trámite de información pública, finalizado el pasado 15 de abril.
Rueda denunció que la modificación normativa se está impulsando “de manera unilateral y sin ningún tipo de consulta” con las comunidades autónomas ni con los sectores afectados, lo que, a juicio del Ejecutivo gallego, agrava aún más los problemas de fondo que plantea el texto.
Un conflicto competencial con consecuencias económicas
El rechazo de la Xunta se apoya en argumentos competenciales, jurídicos y económicos. En primer lugar, el Ejecutivo autonómico sostiene que el Gobierno central pretende alterar los procedimientos de concesión y revocación en el litoral, una materia que corresponde en exclusiva a Galicia según el Estatuto de Autonomía y la normativa autonómica vigente.
Pero más allá del ámbito jurídico, la Xunta alerta de un potencial impacto económico significativo. Según explicó Rueda, los cambios podrían derivar en la obligación de indemnizar a los afectados, sin que el anteproyecto aclare quién asumiría esos costes. En este contexto, el Gobierno gallego interpreta que el Estado podría estar trasladando a las comunidades autónomas la factura de decisiones adoptadas de forma unilateral.
“Podría darse el caso de que decisiones tomadas por el Gobierno central fueran indemnizadas por las comunidades con costa”, advirtió el presidente.
Riesgo para empresas y actividades del litoral
Uno de los puntos más críticos del informe autonómico es el impacto sobre la actividad económica en la costa. La Xunta considera que la reforma introduce medidas de carácter retroactivo que ponen en peligro inversiones ya realizadas y la continuidad de numerosas actividades.
En este sentido, Rueda subrayó que la intención del Ejecutivo central sería “limitar al máximo la actividad en el litoral”, lo que afectaría directamente a sectores estratégicos para Galicia como astilleros, conserveras o establecimientos hosteleros.
Inseguridad jurídica y aumento de litigios
Otro de los ejes de las alegaciones es la inseguridad jurídica que generaría el nuevo reglamento. La Xunta sostiene que el texto es contradictorio con la propia Ley de Costas vigente, lo que podría provocar su nulidad y abrir un escenario de inestabilidad normativa.
Entre las medidas más controvertidas se encuentran:
- La anulación de prórrogas ya concedidas
- La denegación de prórrogas en trámite
- La aplicación de un régimen más restrictivo a nuevas concesiones
- La eliminación de la figura de las prórrogas extraordinarias
Todo ello, según el Gobierno gallego, derivaría en un incremento de recursos judiciales y conflictos legales, afectando tanto a empresas como a las propias administraciones.
El caso de la acuicultura: un sector especialmente expuesto
Las alegaciones hacen especial hincapié en el impacto sobre la acuicultura, un sector clave en Galicia que cuenta con 2.500 empresas y cerca de 4.500 trabajadores. La Xunta advierte de que la aplicación indiscriminada de la normativa europea podría equiparar actividades industriales como las bateas con usos recreativos o temporales, como los chiringuitos de playa.
Esta equiparación, consideran, ignora la singularidad del tejido productivo gallego vinculado al mar y pone en riesgo su viabilidad.
Choque con la normativa europea
El Gobierno central justifica la reforma como respuesta a un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea en 2023. Sin embargo, la Xunta sostiene que la solución planteada no garantiza la adecuación al Derecho comunitario, ya que Bruselas exige cambios con rango de ley y no mediante un reglamento.
Por ello, el Ejecutivo autonómico defiende la necesidad de impulsar una reforma legislativa consensuada, en lugar de una modificación reglamentaria.
Petición de diálogo y solución consensuada
Ante este escenario, la Xunta ha reclamado la convocatoria urgente de una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas con competencias en el litoral, con el objetivo de alcanzar una solución estable, jurídicamente sólida y compatible con la normativa europea.
“Somos los primeros interesados en preservar nuestro litoral, pero también en que haya vida económica, ordenada jurídicamente y con seguridad”, concluyó Rueda.
Galicia, con 2.555 kilómetros de costa y cerca de 1,5 millones de habitantes en su franja litoral, se sitúa así en el centro de un debate que combina ordenación territorial, seguridad jurídica y modelo económico en uno de sus principales activos estratégicos.