La asociación de consumidores En-Colectivo ha puesto en marcha una recogida de firmas en su web para solicitar al Gobierno de España que asuma las consecuencias de las ilegalidades cometidas en las prórrogas de la concesión de la Autopista AP-9
En-Colectivo demanda el apoyo toda la sociedad para conseguir que el Estado deje de aislar a Galicia y que «los costes de los errores que se produjeron en las prórrogas de la concesión de la AP-9 no tengan que ser asumidos y sufragados por todos los gallegos que ya llevan pagando unos peajes que no les corresponderían desde el año 2013»
Tras la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea en las prórrogas de la concesión de la Autopista AP-9, la asociación de consumidores En-Colectivo ha puesto en marcha una recogida de firmas para solicitar al Gobierno de España que asuma las consecuencias de las ilegalidades cometidas y anule la concesión a AUDASA que tiene vigencia hasta 2048.
A través de su página web, la Asociación demanda el apoyo a toda la sociedad para conseguir que el Estado deje de aislar a Galicia y que los costes de los errores que se produjeron en las prórrogas de la concesión de la AP-9 no tengan que ser asumidos y sufragados por todos los gallegos que «ya llevan pagando unos peajes que no les corresponderían desde el año 2013 y que, si no se anula la segunda prórroga de la concesión, seguirán pagando desde el 2023 hasta el 2048».
Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha apuntado que será complicado recuperar los importes ya cobrados en los peajes de la AP-9 y que el objetivo es proteger el interés público del Estado y de los contribuyentes para que esto no suponga un perjuicio económico de resarcimiento a la concesión. Ante esta postura, desde la asociación En-Colectivo se pide a los gallegos que se unan con su firma para solicitar al Gobierno que no nos obligue a seguir asumiendo los costes de utilizar una autopista que lleva amortizada desde el año 2013 y que debería ser gratuita, tal y como ocurre en otras Comunidades Autónomas.
Diego Maraña, presidente de En-Colectivo y abogado, señala que “no podemos permitir que la única vía de conexión entre el norte y el sur de Galicia sea una autopista de pago que tiene un coste anual para los gallegos, turistas y empresas de transporte y logística de más de 140 millones de euros. Gracias a la denuncia que hemos realizado y a la respuesta de la Comisión Europea, ahora tenemos la oportunidad de que se haga justicia en beneficio de todos los ciudadanos, por ello hemos puesto en marcha esta campaña. Esperamos que el Gobierno nos escuche y que, en lugar de intentar justificar lo injustificable ante Bruselas, asuma los errores cometidos y actúe en consecuencia, anulando la concesión y dando los pasos necesarios para que la AP-9 se convierta en una autopista gratuita lo antes posible”.
La campaña permanecerá activa hasta que acabe el plazo de dos meses concedido por la Comisión Europea al Gobierno de España para dar una respuesta a su carta de emplazamiento, es decir, hasta el próximo día 23 de noviembre. «El objetivo es llegar a 500.000 firmas en este período, así que todas las personas que quieran apoyar esta iniciativa pueden hacerlo en el enlace habilitado en la web www.en-colectivo.com«, señalan.
Denuncia de En-Colectivo
Tras la denuncia realizada por la Asociación de consumidores EN-COLECTIVO en el año 2019, el pasado 23 de septiembre, la Comisión Europea hizo llegar una carta de emplazamiento al Gobierno de nuestro país en la que se le insta a la correcta aplicación de las normas de la UE sobre contratación pública y contratos de concesión. Tal y como explican, España amplió la duración de la concesión de la autopista AP-9 sin haber convocado previamente un concurso público. Por tanto, la Comisión Europea considera que no ha cumplido sus obligaciones en virtud de las normas de contratación pública de la UE, especialmente en virtud de la Directiva 93/37 / CEE y Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios – Concesión de Obras Públicas-. Según la Comisión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación.
Tal y como se encuentra regulado en el artículo 258 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tras recibir la carta de emplazamiento de la Comisión Europea, España tendrá un plazo de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión. En caso contrario, la Comisión puede decidir enviar un dictamen fundamentado a España para que en un plazo razonable se ponga fin a dicho incumplimiento.
En última instancia, si España se niega o por el contrario, no deja de incumplir la normativa comunitaria, la Comisión podrá demandar al Estado Español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, mediante Sentencia, obligue al Estado al cumplimiento de lo establecido en la normativa de contratación. El Estado deberá cumplir con la misma, o en su defecto, se le impondrá una multa de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En caso de que la justicia europea dicte sentencia y obligue al Gobierno español a invalidar las prórrogas de las concesiones, desde EN-COLECTIVO se realizarán los trámites necesarios para iniciar una demanda colectiva contra AUDASA o contra la Administración competente, reclamando la devolución de los peajes pagados de forma indebida por todos los usuarios de esta autopista desde el año 2013. Para unirse a esta reclamación tan sólo será necesario sumarse a EN-COLECTIVO cubriendo el formulario de inscripción que pueden encontrar en la web www.en-colectivo.com (la adhesión es totalmente gratuita).
