La Xunta asume más de la mitad de la subida del canon de Sogama

Hace unas semanas, cuando se liquidó la tasa municipal de la basura, los vigueses que tenían el recibo domiciliado comprobaron con sorpresa que había pasado de unos 90 euros a más de 130. Un incremento cercano al 40 % que ha encendido el debate político, pero que según los datos aportados por Sogama no se corresponde con la realidad que defiende el alcalde.

El origen: los nuevos impuestos estatales

El presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, ha recordado que el problema nace en la ley estatal de residuos de 2023, que impuso impuestos a la incineración y al vertido. Esa medida generó un agujero de unos 30 millones en las cuentas de la empresa pública, obligando a subir el canon de 66 a 108 euros por tonelada.

La Xunta, consciente del impacto en los concellos, decidió asumir el 60 % de la subida, lo que significa que los ayuntamientos solo pagan 17 euros de los 42 de incremento. En Vigo, de los 4,1 millones adicionales, el Concello abona 1,68 millones y la Xunta otros 2,47 millones. Además, Vigo disfruta de un canon reducido (95 euros) y recibió en abril más de 1,3 millones del Fondo Ambiental Adicional. Con todo ello, recalca Domínguez, el coste real para la ciudad no son los 108 euros, sino 83 por tonelada.

Caballero, contra la Xunta

Pese a estas cifras, Abel Caballero ha responsabilizado a la Xunta de la subida del recibo, llegando a acusarla de “hacer negocio” y de “estafar” a Vigo. El alcalde asegura que la ciudad paga 4,1 millones más a Sogama y justifica así el incremento aplicado a los vecinos. Sin embargo, desde Sogama recuerdan que Caballero está repercutiendo en los ciudadanos más de lo que corresponde, hasta el punto de que el presidente de la empresa pública lo instó a “devolver 2,47 millones de euros” que la Xunta está cubriendo.

El reciclaje, la asignatura pendiente

Otro de los argumentos que desmontan el relato municipal es el bajo nivel de reciclaje de Vigo. La ciudad apenas alcanza un 13 %, muy lejos del 55 % exigido por la Unión Europea para 2025. Si Vigo cumpliera ese objetivo, se ahorraría 3,4 millones anuales, lo que permitiría rebajar sustancialmente el recibo a los vecinos.

Los vigueses, los pagadores de la disputa

Mientras Caballero insiste en cargar la culpa sobre la Xunta y el Gobierno central, las cifras evidencian que el Concello podría haber reducido el impacto en los bolsillos de los vecinos. La Xunta asume más de la mitad del sobrecoste y ha inyectado fondos adicionales, mientras que el alcalde decide repercutir la mayor parte de la subida en los recibos. En esta pugna política, los vigueses son quienes acaban pagando más de 130 euros por un servicio básico.