Los nacionalistas reclaman transparencia tras la declaración judicial del jefe de la Policía Local, que aseguró que nunca recibió orden de precintar la atracción
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha exigido al Gobierno municipal que haga público de manera inmediata el correo electrónico remitido desde la Concejalía de Seguridad a la Policía Local en relación con la atracción conocida como “Saltamontes”, escenario del accidente mortal ocurrido en las fiestas de Matamá el 3 de agosto de 2024.
Cuando se cumplen 573 días del suceso que costó la vida a un vecino de 36 años, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, volvió a formular la pregunta que, según afirmó, sigue sin respuesta: “Si la atracción no tenía autorización municipal, ¿por qué se permitió que funcionase y por qué no se procedió a su precintado?”.
La declaración del jefe policial, punto clave
La reclamación llega después de que el jefe de la Policía Local declarase en sede judicial que no recibieron ninguna instrucción para inmovilizar la instalación, pese a que se comunicó que carecía de permiso por falta de documentación.
Para el BNG, este testimonio introduce un elemento “muy relevante” en la determinación de posibles responsabilidades municipales. Según los nacionalistas, la ausencia de una orden expresa de precintado contradice la versión ofrecida por responsables del área de Seguridad, que habían señalado la existencia de esa comunicación electrónica.
Igrexas sostuvo que la inmovilización de la atracción “podría haber evitado la muerte” y consideró imprescindible esclarecer el contenido íntegro del correo.
Exigencia de transparencia
El portavoz nacionalista pidió al alcalde Abel Caballero que haga público “hoy mismo” el mensaje completo para despejar dudas y evitar lo que calificó de opacidad prolongada.
El BNG critica que, más de año y medio después del accidente, el Gobierno local no haya ofrecido explicaciones claras ni haya permitido la creación de una comisión de investigación.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y a saber quién es responsable de que no se precintara una atracción que no contaba con autorización”, concluyó Igrexas.
El debate político sobre el caso vuelve así al primer plano municipal, con la transparencia y la depuración de responsabilidades como eje central de la controversia.
