Mientras tanto, un pacto, no de gobierno, entre ambos partidos mayoritarios evitaría que el legislativo aprobase leyes o disposiciones de interés para independentistas contrarias al nuevo ordenamiento
En España, quienes tenemos la manía de analizarlo todo y ponerlo en entredicho, estamos hartos de asegurar que nuestro sistema electoral es un absoluto desastre, pues nos lleva siempre a situaciones muy poco deseadas por la mayoría, sean de una facción o de otra, ya que la mayor parte de las veces pone en manos de desastrosas, pintorescas, perniciosas o nocivas minorías, las más altas decisiones.
Somos actualmente 35 millones de electores que en las pasadas elecciones al Congreso de los Diputados, es decir al poder legislativo, único poder elegible aunque sea con un sucedáneo o caricatura de democracia, obtuvo los siguientes resultados:
PP 33,05%
PSOE 31,70%
VOX 12,39%
SUMAR 12,31%
ERC 01,89%
JUNTS 01,60%
BILDU 01,36%
PNV 01,12%
BNG 00,62%
CC 00,46%
UPN 00,21%
Lo primero que llama la atención es que existen 11 partidos con representación en nuestro Parlamento, de los que cuatro de ellos superan el 12% de porcentaje nacional en votos, mientras el resto no llegan ni al 2% y, de ellos, tres no llegan siquiera al 1%.
También que ningún partido ha conseguido una mayoría absoluta y que ni siquiera las coaliciones naturales PP-VOX y PSOE SUMAR lo consiguen.
De los que no llegan ni siquiera al 2%, la totalidad son independentistas en mayor o menor medida, y de ellos, los que están entre 1,12% y el 1,89% desean independizarse de España por encima de cualquier otra consideración, pues así como ERC+BILDU+BNG (3,87%) son de izquierdas, JUNTS+PNV+UPN (2,93%) son de derechas, anteponen su carácter independentista a su postura hacia un lado u otro. Incluso los que desean la independencia del Pais Vasco BILDU+PNV (2,48%) o de Cataluña
ERC+JUNTS (3,49%), no llegan, aunque formaran una extraña alianza, a alcanzar el 2,5% en el caso de los vascos y al 3,5% en el de los catalanes.
Siendo así las cosas, actualmente y aunque haya sido el PP el ganador de las elecciones, todo depende sobre todo de la postura que adopte el PNV, el único que podría optar por dar el poder al PP, y ello con solo el 1,12% de los votos nacionales, lo que supone una absoluta locura, que un partido, independentista, que no desea bien alguno a España, con una aceptación puramente testimonial y absolutamente centrada en una mínima parte del país, donde ni siquiera ganó, pudiera cambiar los destinos de España, dejándola de nuevo a expensas de comunistas e independentistas, cuando ellos son de derechas, en un Frente Popular ahora mucho más exigente, caro, e injusto para España, pues no olvidemos además que los nacionalismos excluyentes siempre han sido la base del fascismo, algo incipiente tanto en Cataluña como en el País Vasco, con su exclusión de todo lo que sea español.
En Alemania, un país también descentralizado, no como Estado de las Autonomías, donde es el Estado quien cede autonomía y se la entrega a las regiones, sino como Estado Federal, donde son los estados quienes se confederan para ceder parte de su autonomía al Estado central, a efectos de conseguir una mayor fortaleza, para evitar estos problemas, optaron en su día por determinar que para conseguir representación en el Parlamento nacional, los partidos deberían disponer de al menos el 5% de los votos nacionales. Que los que no lo lograsen podían estar representados en el gobierno del Land al que pertenecieran, pero no en el Parlamento Nacional.
Si esto ocurriera en España, en nuestro Parlamento únicamente estarían representados PP, PSOE, VOX y SUMAR, nadie más, de manera que corrigiendo porcentajes en función de las nuevas representaciones, el resultado se hubiera convertido en el siguiente:
PP 36,95%
PSOE 35,44%
VOX 13,85%
SUMAR 13,76%
Ello llevaría a la coalición PP-VOX al 50,80%, con 178 parlamentarios y a PSOE-SUMAR al 49,20%, con 172. Con este resultado, o con otro similar a la inversa, para nada habría que contar, para constituir el poder ejecutivo, con partidos que odian a España, que quieren independizarse, empobrecer nuestro código
penal, que ya han conseguido que la secesión no sea un delito, que la malversación de fondos tampoco lo sea, y que incluso el dar un golpe de Estado tampoco (nuevo precio actual), considerando que todo lo malo para España es un triunfo para ellos, quienes al ser llave de gobierno, imponen unos precios ilegales e inconstitucionales, solo al alcance de los más canallas y toda la tropa de mediocres sin la menor dignidad a la sombra de la sopa boba como único medio de sustento.
Curiosamente, si pronto el dar un golpe de Estado deja de ser delito, podría ser probable que sus autores denunciasen al Rey por su condena al respecto cuando tal delito (entonces) se produjo, ya que la amnistía no es un perdón en si, sino mucho más allá, la inexistencia del delito, no el perdón de la pena como puede ser un indulto, e incluso acabaríamos los españoles por indemnizarles.
Acabar con esta lacra, no obstante, está en manos de un acuerdo PP-PSOE que podría materializarse a corto-medio plazo si realmente estos quisieran solucionar el asunto definitivamente, sin tener que recurrir a los enemigos de España para hacerse con el poder ejecutivo, y no gobernando juntos, algo impensable.
Tras las elecciones, España ya conoce a su poder legislativo a falta de contar con el ejecutivo. Entre el PP y el PSOE, superan el 66% de los votos válidos emitidos, sin necesidad siquiera de contar con VOX ni con SUMAR, lo que tal mayoría supone la necesaria para modificar la Constitución, e incluso la promulgación de cualquier ley orgánica, lo que les permitiría, entre otras cosas, el suprimir el Senado como cámara que nada tiene que ver con asuntos territoriales, para lo que fue creado, y que como de segunda lectura no hace otra cosa que complicar más las cosas, y modificar la ley electoral introduciendo el porcentaje mínimo del 5% para formar parte del Parlamento Nacional, incluso suprimir el carácter cerrado y blindado de las listas para una mayor riqueza democrática, modificaciones todas ellas al alcance de los partidos mayoritarios actualmente, como acometer las necesarias para llevar a cabo lo que expondré a continuación.
Nunca me ha gustado la crítica gratuita, si no se aportan ideas, ya sean utópicas, irrealizables o necesitadas de muchas matizaciones, como es el caso.
Para lograrlo, sin tener que decidir de momento el poder ejecutivo, en cuanto a partidos políticos se refiere, se podría proceder de la siguiente manera: Al igual que en su día se procedió con los llamados “senadores de designación real”.
Tanto el PP, como el PSOE y el Rey, como entonces, designarían 10 representantes independientes, no militantes, de reconocido prestigio cada uno, que integrarían el poder ejecutivo provisional (gobierno), en tanto la comisión que ellos designaran para acometer las reformas no terminase sus trabajos (se supone que un año y medio). Lógicamente esta sería la base del acuerdo del que seguramente habría que entrar en múltiples matices para una adecuada articulación.
Una vez reformada la Constitución, la ley electoral y eliminado el Senado como cámara obsoleta actualmente, se convocarían nuevas elecciones de las que saldrían los posibles cinco partidos que evitarían el problema abriendo el panorama nacional a todas las ideologías constitucionales que a todos nos afectan: Un partido de derecha (VOX), uno de centro-derecha (PP), otro de centro (de nuevo cuño), otro de centro-izquierda (PSOE) y finalmente otro de izquierda (SUMAR) quienes, de no conseguir mayoría absoluta, ir a una segunda vuelta para definir finalmente el gobierno.
Me limito a no abogar por un partido u otro, pues para PP y PSOE, ello significaría esperar a principios de 2025 para optar de nuevo al gobierno, pero ya con todo perfectamente definido y a partir de ahí… Mientras tanto, un pacto, no de gobierno, entre ambos partidos mayoritarios evitaría que el legislativo aprobase leyes o disposiciones de interés para independentistas contrarias al nuevo ordenamiento, y sí lo hiciese para aquellas en que hubiese consenso entre ambos partidos, recuperando peajes injustificables como la abolición de los delitos de sedición, malversación de fondos y sin tener que amnistiar a delincuente alguno como nuevo chantaje al ejecutivo.
El principal problema es que conseguirlo requiere de un patriotismo que para nada parece actualmente en mente de ninguno de los dos grandes partidos, ni de sus líderes, y menos de la tropa de paniaguados que los sostienen, hoy viviendo a cuerpo de rey, que de tener que abandonar la política no harían otra cosa, profesionalmente, que engrosar las listas del paro.
Evidentemente en el periodo aproximado de año y medio en el que tuviera que llevarse a cabo la transformación, el ejecutivo de notables, vaciaría de políticos las instituciones, que serían negociadas por altos funcionarios, expertos en sus cometidos para, entre otras consideraciones, evitar perdidas de tiempo y trabajo en la constante guerra partidista que actualmente ahoga la efectividad esperada en el devenir diario de tales instituciones.
Los partidos independentistas centrarían sus trabajos en sus administraciones autonómicas regionales, y aquellos que quisieran estar presentes en el Parlamento Nacional deberían presentarse también en otras circunscripciones, a los efectos de conseguir ese 5% del ámbito nacional (1.775.000 votos), en lugar de pretender cambiar de arriba a abajo un país con unos cuantos votos, de partidos que para nada representan la voluntad de la mayoría de los españoles, sino todo lo contrario.
Creo que se trata de una propuesta que si nuestros principales partidos quieren a España no deberían echar en saco roto, por muchas ambiciones particulares que concurran en sus líderes, pues se trata únicamente de demorar sus ambiciones a cambio de librar a España de la lacra de los chantajes a que estamos sometidos, por seguir disponiendo de una ley electoral enemiga de nuestra pacifica convivencia.
Otra solución, que no se va a dar, sería una revolución interna en el PSOE por parte de sus barones clásicos que aun mantienen los ideales del partido, poniendo como coto a la investidura de Sánchez, el lograrlo a través de quebrar el orden jurídico, constitucional e ideológico, algo que evitarían los “socialistas” de nuevo cuño, en defensa de sus muy rentables prebendas, donde la ideología ha pasado a mejor vida.
También evitaría que el Rey, como garante máximo del cumplimiento de la Constitución, tuviera que enfrentarse a ese sujeto, capaz de vender a quien sea, a lo que fuera, cometiendo todo tipo de ilegalidades, con tal de seguir en el trono de esa dictadura “democrática” a la que apela permanentemente en pro de sus intereses y a los de los que lo sostienen, creando de nuevo otro frente de polarización entre españoles, como rio revuelto del que sacar provecho. Por parte del rey, fracasada la propuesta Feijoo, me temo, o no, que no queda otro camino que ir a nuevas elecciones.
Con lo expuesto, España recuperaría el prestigio internacional que ahora no tiene y que perdió en los últimos años, tras haber sido en su momento un ejemplo de transición, respeto y consideración.
Creo que sería un logro definitivo para la “pacificación” del país, su recuperación y su seriedad, pero también estoy absolutamente seguro que, a parte de que esta propuesta nadie la conozca pues su repercusión mediática es absolutamente nula, nada interesa a quienes viven muy holgadamente de la política, más interesados en la controversia que en buscar soluciones.
