«El tribunal lo único que hace es pronunciarse sobre un error en la tramitación del expediente al entender que debió dictarse un acto administrativo previo al cobro que debía cuantificar la deuda en cuestión», indican

La Xunta estudia presentar un recurso de casación para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha anulado sus resoluciones destinadas a detraer al Ayuntamiento de Vigo 884.455 euros por los gastos de la acometida de la instalación eléctrica del Hospital Álvaro Cunqueiro. «Adoptaremos todas las medidas que sean necesarias para exigir que el Ayuntamiento se haga cargo del coste de las obras que adeuda», subraya la administración autonómica en un comunicado.

Esta decisión hace referencia a unas obras que, según un convenio firmado en 2006 y anulado en 2013, tenía que hacer la Administración local, pero que finalmente sufragó en 2015 el Gobierno gallego. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo concluye que no existe, antes del requerimiento de pago en periodo voluntario, realizado por la Xunta el 12 de abril de 2016, un acto administrativo que fijase la cantidad adeudada por daños y pérdidas. «Se reclama una deuda que no se declaró previamente y que el Ayuntamiento no pudo discutir», indica la Sala en la sentencia, según la cual «no puede haber un requerimiento válido de pago si antes no se determinó la deuda».

Para el TSXG esa carencia es «trascendental», pues implica que el Ayuntamiento de Vigo no tuvo «oportunidad de discutir la existencia de la deuda o sus características» y califica de «inconcebible» que un montante de 884.455 euros «no pudiera ser combatido jurídicamente por la Administración local ni, de ser el caso, tutelado jurisdiccionalmente por los tribunales de justicia».

La Xunta, por su parte, afirma que la sentencia del TSXG anula la resolución de la Administración autonómica por un problema formal, no de fondo. «El tribunal lo único que hace es pronunciarse sobre un error en la tramitación del expediente al entender que debió dictarse un acto administrativo previo al cobro que debía cuantificar la deuda en cuestión», señala.

Entiende, pues, que el tribunal no entra a dirimir la existencia de un incumplimiento injustificado por parte del Ayuntamiento de Vigo en el convenio para la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro, como defiende la administración autonómica.

Según la Xunta, «el convenio que firmó el Ayuntamiento era claro, pero ante los incumplimientos reiterados del Gobierno municipal, la Xunta ejecutó las obras y después solicitó reiteradamente al Concello el pago de las actuaciones». Argumenta la Xunta que «en ningún caso» el procedimiento sobre el que se pronuncia el TSXG se tramitó de espaldas al Ayuntamiento, el cual «era perfectamente conocedor de la posición de la Xunta y de la deuda», que consistía simplemente en las cuantías que la Administración autonómica tuvo que pagar por las obras que el Ayuntamiento se negó a ejecutar.