La nueva tasa que aprobará el gobierno de Abel Caballero nace más como un gesto político y recaudatorio que como una necesidad real de la ciudad

Vigo está a punto de sumarse a una moda política que recorre las ciudades españolas: la implantación de una tasa turística. El próximo lunes, previsiblemente gracias a la mayoría absoluta del PSOE de Abel Caballero, el pleno municipal dará luz verde a una medida que el gobierno local presenta como una herramienta de sostenibilidad, pero que en realidad plantea muchas más dudas que soluciones.

Porque antes de copiar modelos ajenos conviene hacerse una pregunta básica: ¿tiene Vigo un problema de saturación turística que justifique una tasa de este tipo? Y la respuesta, siendo honestos, es claramente no.

Vigo no es Barcelona. Tampoco Palma, Sevilla, Málaga o San Sebastián. Ojalá lo sea en un futuro. No sufre una presión turística descontrolada, ni un colapso permanente de servicios públicos, ni una expulsión masiva de residentes de sus barrios por el auge de los pisos turísticos. Sólo hay expulsión por una Navidad mal planificada durante la que, por cierto, y según cifras del INE, viene bajando la ocupación hotelera en noviembre, diciembre y enero.

Los datos ayudan a contextualizar el debate. Vigo tiene alrededor de 300.000 habitantes, pero su área metropolitana y su dinámica diaria elevan fácilmente esa cifra por encima del medio millón de personas. Sin embargo, la ciudad apenas alcanza las 10.000 plazas hoteleras. La dimensión del turismo en Vigo sigue siendo relativamente moderada y está muy lejos de generar los problemas estructurales que sí existen en otros destinos masificados.

Por eso cuesta entender qué necesidad urgente existe para crear un nuevo impuesto al visitante.

Medida pensada para ciudades saturadas

La filosofía de las tasas turísticas nace, en teoría, para compensar el impacto que millones de visitantes generan sobre el espacio urbano, el transporte, la limpieza o la vivienda. Tiene cierta lógica en ciudades donde el turismo ha terminado alterando profundamente la vida cotidiana de los vecinos.

Pero aplicar exactamente la misma receta en Vigo parece responder más a una cuestión ideológica o imitativa que a un análisis realista de la situación de la ciudad.

De hecho, el propio argumento de la sostenibilidad pierde fuerza cuando se analiza el contexto local. Si el turismo todavía representa un margen de crecimiento para Vigo, introducir barreras adicionales no parece la estrategia más inteligente. Especialmente cuando otras ciudades compiten agresivamente por atraer visitantes, congresos, escalas de cruceros y eventos internacionales.

Porque esa es otra de las claves del debate: la tasa afectará también a los cruceristas.

El riesgo de penalizar

Por ejemplo, el tráfico de cruceros es uno de los motores turísticos y económicos del Puerto de Vigo. Cada escala mueve miles de pasajeros que consumen en hostelería, comercio, transporte y actividades culturales. No es turismo residencial masivo ni presión permanente sobre la ciudad: es actividad económica puntual que deja ingresos directos en numerosos sectores.

Sin embargo, las navieras analizan con detalle los costes operativos de cada puerto. Y las tasas importan.

Puede parecer irrelevante hablar de uno o dos euros por pasajero, pero cuando un barco transporta 4.000 o 5.000 personas, la factura cambia considerablemente. Las compañías comparan constantemente destinos, condiciones fiscales y costes portuarios. Y en un mercado extremadamente competitivo, cualquier incremento puede influir en la elección de escalas.

Vigo lleva años consolidando su posición en las rutas atlánticas y reforzando su atractivo como puerto receptor. Resulta contradictorio que, mientras se intenta captar más tráfico internacional, se aprueben medidas que pueden restar competitividad frente a otros enclaves cercanos.

Más impuestos no siempre significan mejor gestión

El gobierno municipal insiste en que parte de la recaudación se destinará a sostenibilidad y mejora urbana. La ley autonómica, voluntaria en su aplicación, obliga a reinvertir buena parte de esos ingresos en actuaciones relacionadas con el turismo sostenible. La cuestión es otra: ¿de verdad el problema de Vigo es la falta de ingresos?

La ciudad, con sus hoteleros, ya soporta una elevada presión fiscal municipal. IBI, agua, basura, circulación y múltiples tasas convierten a Vigo en una de las ciudades gallegas donde más pagan vecinos y empresas. En ese contexto, introducir ahora un nuevo gravamen transmite la sensación de que cualquier actividad económica acaba convirtiéndose automáticamente en una oportunidad recaudatoria.

Y existe además un componente simbólico importante. Las ciudades que quieren crecer turísticamente suelen enviar mensajes de bienvenida, apertura y competitividad. La tasa turística, aunque pequeña en cantidad, transmite exactamente lo contrario: la idea de que el visitante representa un coste añadido que debe compensar económicamente por estar aquí.

No parece el mejor mensaje para una ciudad que todavía busca reforzar su posicionamiento turístico nacional e internacional. Y precisamente por eso resulta incoherente implantar ahora una medida diseñada para contener flujos turísticos excesivos que Vigo sencillamente no tiene.

La prioridad debería ser otra: mejorar conexiones, aumentar plazas hoteleras, atraer más turismo internacional, reforzar la oferta cultural y consolidar una marca de ciudad competitiva en el norte de España.

Porque el verdadero desafío de Vigo no es gestionar una masificación inexistente. El reto real sigue siendo convertir todo su potencial en un motor económico estable capaz de generar actividad, empleo y proyección exterior durante todo el año. Y para eso, probablemente, hacen falta más incentivos y menos tasas.