Ballesteros se sienta en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación, así como cómplice en el delito de falsedad documental para llevar a cabo las obras de la Praza da Cruz

Roberto Ballesteros, ex alcalde pedáneo de Bembrive, ha comparecido hoy en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, para declarar en el juicio en el que se le acusa de haber amañado el pago a una constructora de una obra que supuestamente habría ejecutado previamente otra empresa. Ballesteros ha subrayado que los contratos se hacían «de forma verbal» y ha defendido que actúa como «se hacía antes y ahora» en la Pedanía.

En este marco, Ballesteros ha defendido que, una vez concluidos los trabajos de las obras contratadas, él mismo iba a verlos para corroborar que estaban bien, y sólo entonces se abonaba la factura. En este sentido, y sobre la obra de la Praza da Cruz, motivo de la actual acusación, ha expuesto que primero se adecentó una parte de la zona y luego, ante la petición de los vecinos, se acometió una ampliación de un área adoquinada. Para llevar a cabo esta segunda fase, recurrió a una constructora que ya estaba llevando a cabo otra obra en otra zona de la parroquia.

El ex alcalde pedáneo ha defendido que nunca ha cobrado cantidad alguna de las empresas que realizaban las obras, del mismo modo, asegura, que tampoco «infló» ninguna factura porque «no se iba a complicar la vida por una tontería».

Un perito judicial que elaboró un informe para determinar cuál fue la obra realizada por la constructora, ha apuntado que «esta obra da la impresión de que se realizó en una acometida, porque el diseño es similar y continuo». Así, ha considerado que la llevó a cabo «una empresa única y al mismo tiempo» y que la constructora cuyo administrador ha sido encausado «no hizo aquí ninguna obra». No obstante, en respuesta a preguntas de la defensa ha reconocido que en las ampliaciones de las obras, lo habitual es buscar la homogeneidad.

En este sentido, tras admitir que el material tampoco arroja pistas concluyentes, ya que la obra se llevó a cabo en 2014 y su visita para elaborar el informe pericial fue en 2020, ha reconocido que no puede descartar «absolutamente» que la obra no se llevase a cabo en dos fases y por empresas distintas.

En una línea similar, la Fiscalía y la acusación particular consideran que la obra fue realizada en su totalidad por otra empresa, puesto que se aprecian discrepancias en el tamaño de los adoquines o en la cantidad de material comprado por la primera empresa en el momento en que, supuestamente, se realizaron las acometidas.

En su escrito de acusación, el ministerio público subraya que Ballesteros contrató una obra en la pedanía por algo más de 15.700 euros, y que fue ejecutada entre septiembre y octubre de 2014. Posteriormente, se concertó con el representante legal de otra constructora y simuló la contratación verbal de otra obra por importe de más de 9.400 euros. Esta segunda obra nunca se ejecutó y los conceptos de los trabajos que figuraron en la factura, pagada en 2015, se correspondían con los ya realizados por la otra empresa, que hizo las obras en 2014.

La Fiscalía considera a Ballesteros autor de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación, así como cómplice en el delito de falsedad documental. Mientras, acusa al representante de la constructora de ser autor de un delito de falsedad y cooperador necesario en un delito de malversación. Así, pide que el primero sea condenado a penas que suman 4 años y cinco meses de cárcel, 17 años de inhabilitación y a pagar una multa de 3.750 euros; mientras que para el constructor solicita penas que suman 3 años y 8 meses de prisión, y multa de 6750 euros.

El exalcalde pedáneo de Bembrive ya fue condenado en 2017 (la pena fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2018) por un delito de prevaricación a 7 años de inhabilitación, por haber suspendido (en junio de 2013) las retribuciones de los vocales del PP en la entidad local menor.