Más de 100 alcaldes, concejales y portavoces se concentran en la Plaza del Rey para protestar contra el acuerdo FEMP-Gobierno central sobre remanentes, aprobado gracias al ‘voto de calidad’ de Abel Caballero
Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, alerta del cambio en los plazos de la devolución del dinero -a 15 años desde el 2022- y considera que el presidente de la FEMP «en vez de Abel fue Caín, y en vez de caballero es vasallo» del gobierno de Sánchez
Alfonso Villares, vicepresidente de la Fegamp, entiende que el acuerdo representa la «incautación de remanentes por el Gobierno central para cuadrar las cuentas de su nefasta política nacional»
Ha pasado ya una semana desde la Junta de Gobierno Extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias – FEMP que supuso una ruptura histórica en el municipalismo español, fraccionado desde entonces en dos grupos -PSOE y el resto-, que se manifestaron en la votación del acuerdo para el uso del remanente municipal. La propuesta, por la que la Hacienda dispone de los 14.000 millones de ese remanente a cambio de un fondo de 5.000 millones a dos años, fracturó la Federación registrando un empate a doce votos que sólo se resolvió por el ‘voto de calidad’ del presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Una ruptura que sigue plenamente vigente 7 días después, y que ha desembocado, hoy, en la concentración de más de un centenar de alcaldes, concejales y portavoces municipales del PPdeG en la Plaza del Rey. Delante del ayuntamiento, los ‘populares’ han desplegado una pancarta que resume el sentir de una parte muy importante del municipalismo gallego y nacional: «Abel, Sánchez, devolvede os cartos dos veciños».
Un mensaje simple y contundente que manifiesta la total oposición del PP a un acuerdo «injustificable», en palabras de Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense y miembro de la Junta Directiva de la FEMP. El mismo Baltar entrecomilla la palabra ‘acuerdo’ recordando que el mismo se produjo rompiendo el consenso histórico que siempre había presidido las reuniones de la Junta Directiva de la FEMP.
De 10 a 15 años
«Salió adelante gracias al voto de calidad de Caballero. Unidas Podemos no validó el acuerdo. Y en el Real Decreto Legislativo ya han modificado las condiciones«, alerta el presidente de la Diputación de Ourense, que señala que los plazos de devolución de los 14.000 millones de remanente municipal a los que accede el Gobierno central pasan de 10 a 15 años, a contar desde 2022.
Un Real Decreto que los ‘populares’ aspiran a «tumbar» cuando llegue el momento de su validación en el Congreso, expone Jorge Cubela, alcalde de Cotobade, que califica el pacto como «la mayor medida de la historia contra el municipalismo». «La buena gestión de los alcaldes se la lleva el Estado, sin tener que devolver nada hasta el 2022, y en un plazo de 15 años», advierte, al tiempo que clama también contra el «silencio cómplice» de la Diputación de Pontevedra, presidida por la socialista Carmela Silva. En el caso del ente provincial, expone, hay más de 25 millones de remanentes del 2019 que, tras el acuerdo, no se pondrán invertir en el desarrollo de proyectos y servicios en municipios pequeños.
No todos los concellos
Concellos que, como detalla Baltar, tampoco podrán en muchos casos acogerse al fondo de compensación que ofrece el Gobierno central: «Sólo pueden acudir a él los concellos que cedan el remanente. ¿Y qué pasa con los que no lo tienen o tienen deudas?«, se ha cuestionado el presidente de la Diputación de Ourense, que tiene claro el porqué de esta situación: «El cooperador necesario y lamentable ha sido Abel Caballero, que en vez de Abel fue Caín, y en vez de caballero es vasallo de los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez».
Unos intereses «partidistas», subraya Alfonso Villares, alcalde de Cervo y vicepresidente de la Fegamp. «No podemos entender ni aceptar el cambio de los intereses del municipalismo por intereses partidistas«, incide Villares, que lamenta la «incautación de remanentes por el Gobierno central para cuadrar las cuentas de su nefasta política nacional».
En este sentido, el vicepresidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias ha destacado que la propia ley de sostenibilidad o de techo de gasto, aprobada por Montoro en su día y en la que se escuda Caballero para justificar la decisión, puede ser modificada y derogada «si Pedro Sánchez quiere, con los mismos votos de quienes lo pusieron de presidente«.
Dimisión de Abel Caballero
En este marco el alcalde de Ribeira, Manuel Ruíz, ha calificado de «tropelía» la actuación del gobierno central con el beneplácito de Caballero, y ha pedido «respeto y dignidad» para los alcaldes y para la difícil gestión que tiene por delante ante la crisis del Covid-19. «Es un absoluto chantaje. Es como si estás con las manos atadas en medio del océano y te ofrecen un tablón de madera… pero al final seguimos en medio del océano», ejemplifica.
Una situación que para Ruíz obedece a «intereses espúreos» y por la que no ha dudado en pedir la dimisión de Abel Caballero por no defender los intereses del Concello de Vigo y del resto de concellos de Galicia«.