Entre las cuestiones a resolver, figura la modernización y ampliación de la potabilizadora de O Casal, actuación que ya figuraba en un informe municipal de 2010
El Gobierno local de Vigo ha informado hoy, a través de un comunicado de prensa, de la prórroga de cinco años de la concesión del agua a Aqualia. Una decisión adoptada en la Junta de Gobierno y que, argumentan, se sustenta en supuestos incumplimientos de determinadas actuaciones por parte de la Xunta de Galicia.
En este sentido, y según reza el comunicado, los técnicos municipales llevaron a cabo, con el apoyo de una consultora externa, diversos trabajos preparatorios para considerar una nueva licitación. No en vano, y como el propio alcalde había proclamado en julio, la idea del ejecutivo municipal era la de no renovar este contrato, que rige desde 1991, finalizó en 2016, y es prorrogable hasta un máximo de 25 años a través de prórrogas de 5 años.
El gobierno de Vigo ha decidido volver a recurrir a esta prórroga, extendiéndolo, por ahora, hasta 2026. Y lo hace alegando que «los análisis técnicos señalan una serie de incertidumbres e indefiniciones que hacen aconsejable la prórroga del actual contrato». Incumplimientos que, aunque de infraestructuras municipales en algunos casos, el gobierno local achaca a la Xunta.
Es el caso, por ejemplo, de la potabilizadora de O Casal, de la que el Concello vuelve a decir en el comunicado de hoy que resulta necesaria su «ampliación y modernización». Algo que ya figuraba en un informe técnico municipal del año 2010, en el que se valoraba el coste de dicha modernización de la ETAP de O Casal en algo más de 21 millones de euros.
Informe 2010 
Informe 2017
Una necesidad ratificada años más tarde, en 2017, por otro informe técnico, en esta ocasión de la propia concesionaria municipal ‘Aqualia’, que dice textualmente que «la ETAP del Casal actualmente presenta un diseño claramente obsoleto y unas carencias en el tratamiento que imposibilitan el cumplimiento de las limitaciones establecidas en el RD 140/2003″.
Más allá de la potabilizadora, alega también el gobierno municipal para justificar la prórroga las incertidumbres relativas a la explotación de la presa de Eiras, sobre si cuya competencia corresponde a la administración autonómica o local deberán posicionarse los tribunales; y a la explotación de la presa de Zamáns, cuyos planes de emergencia y normas de explotación están en proceso de aprobación.
«Estas cuestiones se encuentran sin una resolución definitiva y afectan de forma directa al Ayuntamiento de Vigo en la fase de diseño del proyecto de gestión para el nuevo contrato de gestión integral del ciclo del agua», se justifica el Gobierno de Vigo para estirar el contrato de Aqualia.