Se suspende de nuevo el juicio contra un constructor y un funcionario de Vigo acusados de soborno

La decisión obedece en esta ocasión a la falta de un testigo

El juicio contra el gerente de la constructora Eiriña y contra un alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo, acusados de soborno, y debía celebrarse esta semana en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, ha vuelto a suspenderse, en esta ocasión debido a la falta de una testigo.

Se trata de la segunda vez que se da un aplazamiento de este caso, toda vez que su celebración estaba prevista inicialmente a finales de noviembre, no pudiendo llevarse a cabo entonces por la no comparecencia de dos de las veinte personas que debían integrar el jurado popular.

El caso se deriva de una de las piezas separadas de la conocida ‘Operación Patos’, que investigó supuestos amaños, prevaricación, tráfico de influencias y otros delitos en relación a la adjudicación de obras públicas en la provincia de Pontevedra. En este caso, se acusa al alto funcionario del Concello de Vigo de aceptar como soborno los servicios sexuales de dos prostitutas, que supuestamente abonó el mencionado empresario.

El fiscal pide para Álvaro C.C. un año de cárcel y para el empresario Enrique A.P., considerado el cerebro de la mencionada ‘Operación Patos’, nueve años de prisión.

La Fiscalía recoge en su escrito de acusación que, en junio de 2013, «el acusado mantuvo en un motel» de Vigo «una relación sexual con L.M., mujer dedicada a la prostitución». Posteriormente, en febrero de 2014, «mantuvo en establecimiento sin determinar y con una prostituta sin identificar otra relación sexual».

Ambas citas, apunta el ministerio público, fueron concertadas y abonadas por Enrique A.P. «en atención al cargo que desempeña en la administración municipal».

Estos hechos son constitutivos de un delito continuado de soborno por el que, además de la pena de cárcel, pide para el funcionario la suspensión de empleo y cargo público durante tres años, y al empresario, la inhabilitación especial para toda actividad relacionada con la construcción o contratación pública.