Dos de las 20 personas que debían constituir el jurado popular, no han comparecido
El juicio contra Álvaro C.C., alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo acusado de aceptar como soborno los servicios sexuales de dos prostitutas que, supuestamente, abonó un empresario a cambio de la adjudicación de obras, se ha suspendido al no poder constituirse el jurado popular que debía juzgar los hechos.
En este sentido, han faltado dos de las veinte personas que debían integrar el mencionado jurado. La próxima vista se ha figado para el 15 de diciembre.
El fiscal pide para el funcionario un año de cárcel y para el empresario que, supuestamente, lo sobornó, Enrique A.P., considerado el cerebro de la llamada ‘Operación Patos’, nueve años de prisión.
El escrito de la Fiscalía subraya que, en junio de 2013, «el acusado mantuvo en un motel» de Vigo «una relación sexual con L.M., mujer dedicada a la prostitución» en fecha 14 de febrero de 2014. Posteriormente, en febrero de 2014, «mantuvo en establecimiento sin determinar y con una prostituta sin identificar otra relación sexual».
Ambas citas, apunta el ministerio público, fueron concertadas y abonadas por Enrique A.P. «en atención al cargo que desempeña en la administración municipal».
Estos hechos son constitutivos de un delito continuado de soborno por el que, además de la pena de cárcel, pide para el funcionario la suspensión de empleo y cargo público durante tres años, y al empresario, la inhabilitación especial para toda actividad relacionada con la construcción o contratación pública.