El gobierno de Abel Caballero suspende sin fecha el concurso de casi 470 millones y alega que necesita aclaraciones de los licitadores; el PP asegura que existe un expediente por posibles indicios de prácticas colusorias y reclama conocer un informe de Competencia
El futuro del transporte urbano de Vigo vuelve a quedar rodeado de incertidumbre. El Concello ha suspendido la licitación del nuevo servicio de autobús urbano, el mayor contrato de la historia municipal, valorado en cerca de 470 millones de euros, cuando el procedimiento se encontraba ya en una fase avanzada.
La decisión se conoció este lunes mediante un escueto anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Estado. No establece cuándo podrá reanudarse el procedimiento ni explica detalladamente las razones de la paralización. El argumento trasladado por fuentes municipales es que las propuestas presentadas son «complejas» y resulta necesaria una aclaración por parte de los licitadores.
La suspensión abre así un nuevo interrogante sobre un servicio que Vitrasa explota desde 1995 y cuya actual concesión tuvo que ser prorrogada durante cinco años en 2020 y, posteriormente, otros dos años en 2025 mientras el Ayuntamiento preparaba el nuevo contrato.
Un anuncio de apenas tres líneas para un contrato de casi 470 millones
La magnitud económica y estratégica del concurso contrasta con la información ofrecida hasta el momento por el gobierno municipal. El anuncio de suspensión no establece un horizonte temporal para retomar el expediente, mientras el Concello se limita a señalar la necesidad de solicitar aclaraciones a los licitadores por la complejidad de sus propuestas.
La decisión llega, además, con el procedimiento avanzado. Ya se había aprobado la valoración de las propuestas técnicas y se conocían las ofertas económicas presentadas por las empresas aspirantes.
La paralización implica que Vigo tendrá que seguir esperando para conocer quién gestionará durante los próximos años uno de sus principales servicios públicos, precisamente cuando la nueva concesión debía abrir una nueva etapa en el transporte colectivo de la ciudad.
El PP apunta a un expediente por posibles prácticas colusorias
La suspensión ha provocado una dura reacción del PP de Vigo. Su portavoz municipal, Luisa Sánchez, ha exigido la comparecencia urgente del concejal de Fomento, Javier Pardo, y reclama al gobierno de Abel Caballero que explique en profundidad qué ha ocurrido con la licitación.
Sánchez sostiene que existe un elemento que el Concello todavía no ha aclarado públicamente. Según la portavoz popular, el servicio municipal de Contratación abrió el pasado 4 de agosto, a instancias de una de las empresas participantes en el concurso, un procedimiento por la posible existencia de indicios de prácticas colusorias.
Días después, según la información trasladada por el PP, se solicitó un informe al Instituto Galego do Consumo e da Competencia, que habría sido remitido al Ayuntamiento el pasado 8 de septiembre.
El grupo municipal asegura que solicitó formalmente acceder a ese documento hace quince días, pero denuncia que hasta ahora no se le ha permitido consultar su contenido.
«Es incomprensible cómo el ejecutivo municipal mantiene oculto y bajo llave el contenido de dicho informe de Competencia», sostiene Sánchez, que reclama conocer si ese documento guarda alguna relación con la suspensión anunciada ahora.
La dirigente popular plantea además dos preguntas al gobierno municipal: «¿Qué es lo que no quieren que sepamos? ¿Qué irregularidades o defectos de forma se están intentando tapar?».
Por el momento, no consta públicamente que se hayan acreditado irregularidades en el procedimiento, mientras el Concello atribuye la suspensión a la necesidad de aclarar las propuestas de los licitadores.
Caballero y Pardo no informaron durante el pleno
El PP cuestiona especialmente que la suspensión se haya conocido el mismo día en el que se celebró un pleno ordinario de la Corporación municipal.
Para Sánchez, tanto el alcalde como el concejal responsable de Fomento tuvieron la oportunidad de explicar la situación ante los grupos municipales, pero el asunto no fue abordado antes de conocerse la paralización del procedimiento.
La portavoz popular acusa al ejecutivo municipal de «pasar de puntillas» por un expediente que condicionará el transporte público de Vigo durante los próximos años y reclama «luz y taquígrafos».
«Si el proceso era impecable, no hay motivo para esconder los documentos», sostiene Sánchez.
El PP considera además que este «frenazo en seco» evidencia, en palabras de su portavoz, la «incapacidad manifiesta» del gobierno local para sacar adelante los grandes contratos municipales y advierte de que el nuevo modelo de transporte urbano vuelve a retrasarse.
El BNG alerta de inseguridad jurídica
Las críticas no proceden únicamente del PP. El BNG ha mostrado también su «enorme preocupación» por la forma en la que se ha comunicado la suspensión.
Su portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas, cuestiona que una decisión de esta dimensión se haya hecho pública mediante un anuncio que, según denuncia, no aclara quién adopta la decisión, cuáles son exactamente sus motivos ni cuál es su fundamentación legal.
«Lo único que añade es una enorme inseguridad desde el punto de vista jurídico», ha advertido.
Los nacionalistas ponen además el foco en el momento elegido para detener el concurso: ya se había aprobado el informe valorativo del sobre B y se conocían las propuestas económicas recogidas en el sobre C.
Pérez Igrexas ha calificado la situación de «verdadera chapuza» y considera, a falta de disponer de más información, que la suspensión podría no adecuarse a la normativa de contratación pública e incluso llegar a situar el procedimiento en causa de nulidad.
El futuro del bus urbano vuelve a retrasarse
La situación añade incertidumbre a un proceso iniciado hace años. En 2023, el gobierno local encargó un estudio técnico sobre la demanda del transporte urbano para analizar posibles mejoras y optimizaciones del servicio. Un año después se constituyó un comité técnico para preparar la finalización de la actual concesión y trabajar en el nuevo contrato.
La tramitación de la nueva licitación arrancó en diciembre de 2025 con la elaboración de los informes y pliegos necesarios para sacar a concurso un servicio valorado en cerca de 470 millones de euros.
Ahora, cuando el procedimiento había entrado en una fase decisiva, el mayor contrato de la historia del Concello queda paralizado y sin una fecha pública para su reanudación.
El gobierno municipal sostiene que necesita aclaraciones de los licitadores. PP y BNG reclaman explicaciones mucho más amplias. Y queda pendiente una cuestión especialmente relevante: conocer el contenido del informe de Competencia al que alude el PP y determinar qué relación tiene, si existe alguna, con la suspensión de la licitación.