Vigo demanda más residencias públicas para mayores y un plan de choque contra las listas de espera

La moción fue presentada por la concejal de Bienestar, Yolanda Aguiar, quien indicó que Vigo cuenta con menos de una plaza por cada 100 mayores de 65 años, cuando la OMS recomienda cinco plazas

El Pleno acordó instar a la Xunta de Galicia a construir residencias y a paliar una lista de espera que supera los 15 meses

La propuesta fue presentada por el grupo de gobierno y apoyada por todos los grupos políticos salvo por el Partido Popular, que votó en contra.

ZFV

La OMS recomienda disponer de cinco plazas por cada cien mayores de 65 años, un ratio del 5% que en Vigo es actualmente del 0,9%: la ciudad tiene 604 vacantes por las más de 3.250 que debería en función de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Vigo se sitúa también por debajo del ratio gallego -que no llega al 3%- y del promedio nacional -que consigue el 4%-.

Así, el Ayuntamiento requiere que la Xunta de Galicia dote «de forma urgente a la ciudad de Vigo del número de plazas en residencias públicas para personas mayores que recomienda la Organización Mundial de la Salud», mediante la construcción de nuevos centros. Además, el acuerdo adoptado pide que el gobierno autonómico elabore un plan de choque para aminorar unas esperas de más de quince meses entre la solicitud y el acceso del usuario a la residencia.

Por último, y ante denuncias públicas de usuarios y trabajadores de residencias que tienen plazas concertadas con la Xunta de Galicia, la Corporación solicita «inspección, control y, en su caso, sanción» de haber irregularidades tanto en centros públicos cómo concertados, fruto de los recortes en materia de recursos humanos, medios técnicos y asistencias».

Este punto también hace referencia al último informe de fiscalización del gasto en atención residencial a personas mayores y dependientes, elaborado por el Consejo de Cuentas, que «llama la atención», según la moción presentada, «sobre las graves deficiencias en la gestión de los centros, en especial de aquellos con una gestión privatizada, referidos a incumplimientos en materia de personal, deficiencias en los protocolos de funcionamiento, graves irregularidades en los registros y cumplimiento de los horarios, etc.»