«Lo que está en juego no es solo una cifra o una reorganización técnica: se trata de un golpe directo a la libertad de elección educativa, un principio recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y fundamento esencial de un sistema educativo plural, equitativo y justo»
El pasado febrero, apenas cuatro días antes de que se abriera el proceso de admisión escolar, el Colegio Compañía de María de Vigo recibió una noticia inesperada: la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia reducía de tres a dos las aulas de 4º de Educación Infantil (3 años) autorizadas para el curso 2025-2026. Lo que durante años fueron 60 plazas reconocidas en la etapa de Infantil, quedaban ahora reducidas a 40, dejando fuera a 20 familias que habían confiado plenamente en el proyecto educativo del centro y que habían solicitado legítimamente una plaza.
La decisión ha causado un profundo malestar y desconcierto en toda la comunidad educativa. Y no es para menos. Lo que está en juego no es solo una cifra o una reorganización técnica: se trata de un golpe directo a la libertad de elección educativa, un principio recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y fundamento esencial de un sistema educativo plural, equitativo y justo.
La Compañía de María de Vigo no es un centro cualquiera. Con 139 años de trayectoria vital, es el colegio decano de la ciudad. Su proyecto, inspirado en Juana de Lestonnac, su fundadora, combina valores humanista-cristianos, excelencia educativa, solidaridad y compromiso con la comunidad. Año tras año, ha demostrado su capacidad para sostener tres aulas en 4º de Infantil: cuenta con instalaciones adecuadas, profesorado cualificado y una demanda sostenida que en este momento ha llenado las 60 plazas sin excepción. De hecho, la campaña de admisiones para el curso 2025-2026 se diseñó y ejecutó desde octubre a finales de febrero, bajo estas condiciones, ya que son las condiciones que tenemos en estos momentos: 3 aulas de 3 años. El éxito fue rotundo: 60 familias solicitaron plaza.
Por otra parte, la reducción no se comunicó mediante resolución formal ni con tiempo suficiente para una rectificación. Se impuso de facto, modificando directamente la aplicación informática “admisionalumnado” el mismo día de una reunión con la Dirección General de Centros. Todo ello sin una explicación técnica, jurídica o pedagógica clara, más allá del escueto “no puede ser” esgrimido por una funcionaria. Decidieron la organización interna del colegio, algo que no les corresponde, ya que es autonomía del centro educativo la distribución de las unidades concertadas, según la normativa de conciertos. Ante la solicitud por parte del colegio, en el mes de enero (en tiempo y forma) de un aula concertada más en 4 años debido a que el alumnado sobrepasa la ratio de 20/aula, nos encontramos con la reorganización interna de un centro educativo, decidida de manera unilateral
Hay que resaltar que las 60 plazas ofertadas de 3 años se encontraban validadas por la Consellería de Educación, en la aplicación informática, a día 22 de febrero. Esta actuación, además de arbitraria, crea una grave inseguridad jurídica y organizativa para el colegio y para las familias afectadas. La medida pone en riesgo empleos docentes y afecta al equilibrio educativo de la zona. Otros centros con menor demanda, han mantenido sus líneas intactas. ¿Dónde queda, entonces, el principio de equidad?
El argumento de que “hay plazas disponibles en otros centros que se encuentran a 5 minutos” no se sostiene. No se trata solo de escolarizar niños, sino de respetar el derecho de las familias a elegir el centro educativo que mejor se alinea con sus valores y expectativas.
Si la Consellería permite ampliar unidades en centros públicos como ocurrió recientemente en el CEIP Cruceiro de Canido (Ferrol), donde sí se atendió una petición de nuevas plazas de 3 años tras una demanda bastante inferior a la de Compañía de María de Vigo, ¿por qué se castiga aquí el éxito y la confianza de 60 familias?
Aún más grave: la reducción impuesta puede ser utilizada como justificación futura para denegar la recuperación del concierto educativo solicitado por el centro. Al impedir que haya 60 alumnos matriculados, se crea artificialmente el argumento de que no existe “demanda social”. Un bucle inquietante que daña, sin razón objetiva, a una institución que ha servido a generaciones enteras de vigueses y viguesas.
Estas son las razones por las que el 5 de mayo hubo una concentración delante de las puertas del colegio para pedir la restitución de las 20 plazas, el derecho de elección de las familias y la protección de los puestos de trabajo del equipo docente del colegio. Asimismo, se han recogido más de 2.200 firmas apoyando a las familias y al colegio, a través de la plataforma Change.org.
Por todo esto, urge que la Consellería de Educación reconsidere su decisión. El 15 de mayo se publican las listas definitivas de admitidos y 20 familias se quedarán excluidas sin justificación válida. Por favor, seamos sensatos, coherentes y defendamos un modelo educativo donde prime la libertad, la equidad, la transparencia y el respeto institucional. Porque lo que está en juego aquí va mucho más allá de unas plazas escolares: es la confianza en un sistema que debe estar al servicio de las personas, no de decisiones administrativas arbitrarias.