Un grupo de investigación de la UVigo aboga por movilizar los 25.000 millones de superávit de los municipios para afrontar las crisis del Covid-19

Los investigadores abogan porque la Fegamp y la FEMP se posicionen a favor.

Destacan que los ayuntamientos gallegos cuentan con 888 millones de euros en concepto de fondos líquidos

El grupo de investigación Governance and Economics Research Network (Gen) de la Universidad de Vigo aboga por movilizar los 25.000 millones de superávit de los municipios para afrontar la crisis del Covid-19. «Ante una crisis profunda e inesperada», subrayan sus responsables, «la necesidad de liquidez es vital». «Hace falta dinero para mantener la demanda, para garantizar que las empresas cuenten con la tesorería necesaria para afrontar los pagos que deben hacer, incluso en una situación de ERTE». La liquidez, recalcan, es necesaria para que «el sistema no colapse en el primer semestre del año y para que en el segundo se pueda retomar la senda del crecimiento económico». También es «indispensable», añaden, que el Instituto de Crédito Oficial «lidere el proceso de flujo del crédito».

Los investigadores Santiago Lago, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y director del Grupo Gen, y Alberto Vaquero, profesor de la Universidad de Vigo y co-director de la Red Localis en la que participa este grupo, recogen así la propuesta del economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Diego Martínez, «de mirar hacia el elevado importe de los saldos a favor que mantienen municipios y diputaciones en los bancos, consecuencia de los sucesivos superávits que registraron estos años».

Según indican desde el Grupo Gen, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense, se calcula «que ese superávit supera los 25.000 millones de euros, que no están generando rentabilidad dada la situación de los tipos de interés y de hecho, en muchos casos, los costes de mantenimiento y custodia implican una rentabilidad negativa para las corporaciones locales».

Movilizar estos recursos sería una actuación en la que todos ganarían. «A cambio de una remuneración baja pero positiva, los municipios obtendrían un rendimiento y el Tesoro una fuente de financiación más barata que la opción de emitir deuda de tesorería hoy», subrayan los investigadores de la Universidad de Vigo en una nota hecha pública por el grupo de investigación este jueves.

Aprazamento del pago de los principales impuestos locales

Este dinero, añaden los investigadores, podría utilizarse también para aplazar hasta final de año, sin recargo, el pago de los principales impuestos locales. Desde el Grupo Gen recuerdan como desde el Observatorio Municipal de Galicia, instrumento de la Red Localis, se ha señalado en repetidas ocasiones como «la gran mayoría de los ayuntamientos gallegos disfrutan de una excelente salud financiera y podrían permitirse pagar sus propias nóminas y facturas con cargo a sus saldos en cuenta». Así, detallan, «la liquidación de presupuestos de los ayuntamientos para Galicia en 2018, publicada por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, muestra que los ayuntamientos gallegos cuentan con 888 millones de euros en concepto de fondos líquidos dentro del remanente de tesorería».

En esta línea de análisis, los expertos del Grupo Gen señalan que se trataría de «diferir el momento de pago en aquellos impuestos locales que lo permiten», aplicándose a los impuestos de naturaleza periódica, como son el IBI, el IAE y el IVTM, y dejando fuera de esta propuesta los que son de naturaleza accidental, como la Plusvalía Municipal y el ICIO, «que no permiten técnicamente su aplicación». «Las cifras avalan esta propuesta», recalcan los investigadores de la Universidad de Vigo, que indican cómo «el montante global de los tres primeros ascendió a 822 millones de euros, de los que 609 millones corresponden al IBI».

Segundo explican desde el Grupo Gen, su propuesta «desde el punto de vista de la legislación tributaria tampoco generaría un problema; bastaría con modificar el calendario del contribuyente, estableciendo nuevos períodos para el pago de la deuda tributaria». Por último, los investigadores apuntan cómo «el remanente y los depósitos bancarios no se distribuyen homogeneamente», señalando cómo «en algunos municipios esos depósitos sencillamente no existen». Por eso, detallan, «la medida debería aplicarse caso a caso y con el consenso de los respectivos plenos municipales». Sin embargo, subrayan, «una toma de posición favorable por parte de la Federación Gallega de Municipios y Provincias y, en su caso, de la Federación Española de Municipios y Provincias, ayudaría a discutir en serio y con celeridad sobre este aplazamiento generalizado».

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