El tribunal anula la decisión del Concello de Vigo de suspender la licencia para reformar los antiguos juzgados y Diego Calvo avanza que la Xunta estudia reclamar los costes ocasionados por la paralización
La disputa entre la Xunta y el Concello de Vigo por el futuro de los antiguos juzgados de la calle Lalín acaba de experimentar un giro judicial relevante. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso presentado por la Administración autonómica y ha anulado la resolución municipal que suspendió los efectos de la licencia urbanística concedida para transformar el inmueble en un centro destinado a asociaciones y entidades sociales.
La sentencia, fechada el pasado 11 de septiembre, revoca el pronunciamiento de primera instancia, que había respaldado la actuación municipal. El fallo afecta a una licencia que el propio Concello había concedido el 29 de noviembre de 2024 para acometer la reforma integral y ampliación del edificio, con una superficie resultante de 12.793 metros cuadrados y un presupuesto de ejecución material recogido en el proyecto de más de 8,4 millones de euros.
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha valorado este lunes la resolución como una «buena noticia» para la Xunta y ha incidido en que el tribunal respalda la tesis defendida por el Gobierno gallego: una licencia ya concedida no puede suspenderse fuera de los supuestos establecidos legalmente.
El TSXG considera que la suspensión no se ajustó a derecho
El conflicto tiene su origen en la titularidad de los terrenos sobre los que se levantaron los antiguos juzgados. La parcela figura en el Registro de la Propiedad a nombre del Concello de Vigo y la sentencia constata que no consta que se tramitase un procedimiento de cesión o enajenación a favor del Ministerio de Justicia, circunstancia que el propio tribunal identifica como el origen de la controversia.
Sin embargo, el TSXG deja expresamente fuera de este procedimiento la cuestión de quién es el propietario del inmueble. La Sala señala que no se pronuncia sobre la propiedad y remite a las administraciones al procedimiento correspondiente para resolver esa disputa.
Lo que sí analiza es si el Concello podía suspender la licencia que había otorgado previamente a la Xunta. Y en este punto la Sala concluye que la resolución municipal no se ajustó a derecho.
El tribunal recuerda que la suspensión de licencias tiene carácter excepcional y debe limitarse a los supuestos expresamente contemplados por la legislación urbanística. También subraya que el Concello ya conocía antes de conceder la licencia las circunstancias registrales del inmueble: durante la tramitación había solicitado a la Xunta documentación sobre la propiedad y, pese a no aportarse una nota simple porque el inmueble no constaba inscrito a su nombre, acabó autorizando las obras.
La Sala considera además que no existe una situación de invasión del dominio público, sino dudas sobre la titularidad surgidas como fundamento de una suspensión posterior a la concesión de la licencia. Por ello estima la apelación de la Xunta, revoca la sentencia anterior y anula la resolución municipal que había provocado el litigio.
La resolución todavía puede ser recurrida en casación si se acredita interés casacional.
La Xunta estudia reclamar los costes de la paralización
El pronunciamiento judicial puede tener también consecuencias económicas. Diego Calvo ha anunciado que la Xunta está estudiando reclamar los costes derivados de la suspensión de la licencia.
Según ha explicado el conselleiro, cuando se produjo la decisión municipal existía ya un contrato que había sido licitado y adjudicado, por lo que su anulación generó gastos para la Administración autonómica.
«Estamos estudiando la posibilidad de reclamar todos los costes que conllevó esta anulación de la licencia por parte del Concello de Vigo», ha señalado Calvo, que ha apuntado tanto a la cancelación del contrato como a otros costes asociados.
El responsable autonómico ha elevado además a más de 20 millones de euros la inversión prevista para el proyecto y ha acusado al Concello de haber privado durante este tiempo a Vigo y, especialmente, a sus asociaciones, de disponer del nuevo espacio.
Un edificio de casi 12.800 metros cuadrados para las asociaciones
La licencia que queda afectada por la resolución judicial había sido concedida a la Xunta para ejecutar la reforma integral y ampliación de los antiguos juzgados de la calle Lalín, con el objetivo de destinarlos a asociaciones y entidades sociales.
El proyecto contempla actuar sobre un inmueble cuya superficie total después de la reforma alcanzaría los 12.793,41 metros cuadrados.
El edificio arrastra una singular historia administrativa. Los terrenos procedían de parcelas municipales y en 1982 el Concello autorizó al Ministerio de Justicia a construir allí un inmueble destinado a juzgados. Sin embargo, décadas después, no consta formalizada una cesión o enajenación de la parcela, una situación que ha desembocado en el actual conflicto entre las dos administraciones.
La sentencia del TSXG resuelve ahora uno de los frentes de esa disputa: la controversia sobre la propiedad continúa abierta, pero las dudas sobre la titularidad no justificaban, según el tribunal, que el Concello suspendiese la licencia urbanística que él mismo había concedido.