Habrá acceso a una primera consulta de especialista y a una prueba diagnóstica en menos de 45 días, y una intervención quirúrgica en menos de 60 para patologías graves de cánceres de mama, colon, próstata, pulmón, cabeza y cuello, vejiga, melanoma, endometrio y oncohematología
Sanidade incorpora siete patologías nuevas al sistema de garantía de tiempos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias, a mayores de las 108 actuales.
De este modo, se elevan hasta conseguir las 115, el número de patologías graves que van a tener garantizado el acceso a una primera consulta de especialista y a una prueba diagnóstica en menos de 45 días, y la una intervención quirúrgica en menos de 6 días, además de ocho vías rápidas.
Así, en concreto, se incorporan tres patologías relacionadas con la salud de las mujeres (neoplasia maligna de útero, displasia de regazo uterino y displasia vulvar leve y moderada), así como cuatro tipos de linfomas (linfoma de Hodking, folicular, linfoma no folicular y linfoma de células T/NK maduras).
Igualmente, se añaden al sistema de garantías las nuevas vías rápidas para primeras consultas externas hospitalarias de cáncer de endometrio y de onco-hematología, creadas en los últimos años pero que aún no tenían blindadas normativamente sus garantías.
Además, en el ámbito de la atención a lesiones potencialmente malignas del aparato reproductor femenino, se garantizan las primeras pruebas diagnósticas o terapéuticas programadas y no urgentes en el plazo máximo de 45 días. En concreto, el informe anatomopatológico de la biopsia endometrial, la histeroscopia, el TAC y las pruebas de estadiaje. Aun así, como en el caso de todas las vías rápidas fijadas, el objetivo del Servizo Galego de Saúde es no superar un promedio de 15 días.
El éxito de este sistema implantado en 2018, con más de 270.000 pacientes beneficiados, lleva a la Xunta a actualizar seis años después este decreto para ampliar las patologías recogidas. Una ampliación solicitada además por el Parlamento de Galicia en una iniciativa aprobada hace un año sin ningún voto en contra.
En el caso de no ser posible cumplir con los plazos establecidos por ley, el paciente podrá ser derivado a la privada tanto para las consultas como para la operación. En todo caso, en los seis años que lleva en vigor el decreto, el 100 % de los pacientes eneficiados por esta ley fueron atendidos por la sanidad pública.