El Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partido Popular (PP) han forzado la convocatoria de un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Vigo para que el alcalde, Abel Caballero, dé explicaciones sobre la sentencia del ‘caso Guns N’ Roses’. El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 condena al Concello al pago de cerca de dos millones de euros por las irregularidades en la contratación del concierto que la banda ofreció en Balaídos en junio de 2023.
Ambas formaciones han registrado este jueves la solicitud de sesión extraordinaria, superando el apoyo mínimo necesario de siete concejales. De este modo, el regidor local dispone de cuatro días hábiles para fijar la fecha dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles, con al menos dos días de margen desde la convocatoria. El PP ha señalado que el registro se efectuó el 20 de febrero para evitar que Caballero intentase hacer coincidir esta sesión con el Pleno ordinario de febrero, con el objetivo de minimizar su impacto.
Exigencias de dimisión y transparencia
Los acuerdos planteados en la solicitud exigen la dimisión o destitución de los concejales Patricia Rodríguez y Pablo Estévez, directamente involucrados en el caso. Además, demandan que Caballero pida perdón a la ciudad por el daño causado a su imagen como sede de grandes eventos y que se constituya una comisión de investigación para esclarecer todos los detalles de este proceso administrativo.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, criticó la opacidad del Gobierno local y señaló que «es imprescindible que se depuren responsabilidades y que nunca más se vuelva a amañar un contrato en el Concello». En la misma línea, el portavoz del PP, Miguel Martín, acusó al alcalde de no haber dado explicaciones públicas a los vigueses, reprochándole que su única declaración sobre el asunto haya sido en un programa de televisión estatal. “El señor Caballero se debe a los vigueses y no a la audiencia de Risto Mejide”, señaló Martín.
Medidas de control y posible acción judicial
BNG y PP también proponen implementar medidas de control de transparencia, incluyendo la constitución de la Comisión del Pleno de Vigilancia de la Contratación, la aprobación de una ordenanza municipal de transparencia y la creación de una Oficina Municipal Anticorrupción. “Es el momento de desplegar medidas efectivas de tolerancia cero frente a cualquier práctica irregular o riesgo de corrupción”, insistió Igrexas.
En cuanto a posibles acciones judiciales, Martín se refirió a la reciente inadmisión de una querella presentada por un particular sobre este caso, advirtiendo que la situación podría cambiar con la existencia de una sentencia firme que evidencia las irregularidades. El PP ha dejado en manos de sus abogados la posible decisión de acudir a otra instancia judicial para exigir responsabilidades penales.
Con esta convocatoria, BNG y PP buscan arrojar luz sobre un escándalo que consideran sin precedentes en la política municipal viguesa, exigiendo transparencia y responsabilidades políticas en la gestión de fondos públicos.