El PP eleva la presión por el contrato del bus de Vigo y pregunta si Competencia detectó indicios de prácticas colusorias

Imagen de archivo de Luisa Sánchez en el pleno municipal del Concello de Vigo.

Luisa Sánchez exige al gobierno de Abel Caballero que explique el contenido de un informe que, según asegura, está en poder del Concello desde el 8 de septiembre y advierte de que la suspensión puede abrir un escenario de «incertidumbre e inseguridad jurídica»

La suspensión del mayor contrato de la historia del Concello de Vigo continúa generando interrogantes. Un día después de que se paralizase la licitación del nuevo servicio de transporte urbano, valorado en cerca de 470 millones de euros, el PP de Vigo ha vuelto a reclamar explicaciones al gobierno municipal y ha puesto el foco sobre un informe del Instituto Galego do Consumo e da Competencia relacionado con posibles prácticas colusorias en el procedimiento.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, sostiene que el Concello dispone desde principios de septiembre de documentación que podría resultar relevante para conocer las razones y consecuencias de la paralización. Por ello, reclama que el alcalde, Abel Caballero, o el concejal responsable del contrato comparezcan públicamente para aclarar la situación.

La licitación fue suspendida este lunes. La explicación trasladada por fuentes municipales es que «las propuestas de los licitadores son complejas y es necesaria una aclaración por su parte». El procedimiento, con un valor estimado de 468,6 millones de euros, contempla nueve años de prestación del servicio.

El PP pone el foco en un informe de Competencia

Sánchez considera insuficiente la explicación ofrecida hasta ahora por el Concello y plantea dos cuestiones que, a su juicio, deben ser respondidas públicamente: si el servicio municipal de Contratación solicitó en agosto un informe al Instituto Galego do Consumo e da Competencia sobre posibles indicios de prácticas colusorias y si ese documento está en poder del Ayuntamiento desde el 8 de septiembre.

La dirigente popular asegura que ambas circunstancias aparecen recogidas en el gestor municipal de expedientes y reclama conocer el contenido del informe.

El PP ya había denunciado este lunes que el 4 de agosto se abrió, a instancias de una de las empresas licitadoras, un procedimiento relacionado con la posible existencia de prácticas colusorias y que posteriormente se solicitó el citado informe a Competencia.

Sánchez va un paso más allá en sus nuevas declaraciones y plantea como hipótesis que el documento pueda haber confirmado la existencia de indicios. No consta públicamente, sin embargo, el contenido del informe, por lo que la existencia efectiva de una práctica colusoria no está acreditada con la información disponible.

«Este apagón informativo e institucional acrecienta las sospechas de que efectivamente el informe de Competencia confirmaría los indicios sobre una supuesta práctica colusoria», sostiene Sánchez, que advierte de las posibles consecuencias que, a su juicio, tendría ese escenario para la licitación.

Comparecencia urgente o petición en comisión

El PP reclama ahora que el concejal de Fomento convoque una rueda de prensa urgente para explicar qué ha provocado la suspensión, cuáles serán los siguientes pasos y qué calendario maneja el Concello para adjudicar el servicio.

En caso de que no se produzca esa comparecencia pública, Sánchez anuncia que su grupo solicitará que el responsable municipal dé explicaciones en la próxima Comisión Informativa de Contratación.

La portavoz popular considera que la paralización genera «incertidumbre e inseguridad jurídica» sobre la renovación de un servicio esencial para la movilidad de Vigo y recuerda la dimensión económica del procedimiento.

El concurso tiene un valor estimado de 468,6 millones de euros y busca regular la prestación del transporte urbano durante nueve años, con posibilidad de una prórroga adicional. El procedimiento acumula además retrasos respecto a las previsiones iniciales y, tras la decisión de este lunes, permanece suspendido sin que se haya comunicado públicamente una fecha para su reanudación.

Para Sánchez, el gobierno municipal debe poner fin a las «evasivas» y explicar qué sucede con un contrato que condicionará el transporte público de Vigo durante prácticamente una década.