Pepa Pardo responde a Carmela Silva y convierte la política de vivienda en un nuevo frente de confrontación entre populares y socialistas en Pontevedra
La vivienda vuelve a convertirse en uno de los principales terrenos de enfrentamiento político en la provincia de Pontevedra. La dirigente popular Pepa Pardo ha defendido que la Xunta mantiene más de 4.600 viviendas en marcha y ha contrapuesto esa cifra a los anuncios realizados por el Gobierno central.
Pardo respondió así a las críticas de Carmela Silva y acusó al PSOE de «vender humo» en materia de vivienda mientras jóvenes y familias continúan encontrando dificultades para acceder a un inmueble.
La representante popular sostiene que la Administración autonómica está ejecutando promociones frente a lo que considera anuncios todavía pendientes de materializar por parte del Ejecutivo estatal.
El PP pone el foco en las 185.000 viviendas anunciadas por Sánchez
Pardo centró también sus críticas en el anuncio realizado por Pedro Sánchez de impulsar 185.000 viviendas, preguntando por la localización y el grado de ejecución de esos inmuebles.
«¿Dónde están las 185.000 nuevas viviendas que prometió Pedro Sánchez? Pedimos formalmente que nos mande la localización, porque por más que las buscamos, los gallegos no las encontramos por ninguna parte», señaló.
La dirigente popular considera que los sucesivos anuncios del Gobierno central no se han traducido en soluciones suficientes para quienes necesitan acceder a una vivienda.
Cruce de acusaciones con Carmela Silva
La polémica también ha derivado hacia las relaciones internas del PSOE. Pardo criticó la vinculación política de Carmela Silva con Leire Díez y acusó a la socialista de intentar desviar la atención de las controversias que afectan a su partido.
La representante del PP provincial cuestionó que Silva pueda presentarse como defensora de los intereses públicos de Pontevedra mientras, a su juicio, evita pronunciarse sobre determinados asuntos que afectan al PSOE.
El enfrentamiento se produce en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha situado entre las principales preocupaciones sociales y ha elevado la confrontación entre las diferentes administraciones sobre qué políticas deben aplicarse para ampliar el parque residencial.