Nunca desde la ingenuidad

«El caso de Vigo vuelve a ser paradigmático, con un alcalde que, por pura demagogia, se cargó el Plan General en ciernes, que nada ha hecho en esa materia para remediarlo en lustros, que prometió la construcción de 6.000 viviendas de protección oficial y no ha llevado a cabo ni una siquiera»

Hace unos días, mi sobrino Miguel se iniciaba en lo de exponer públicamente sus reflexiones, y lo hacía con un artículo en el que analizaba la responsabilidad de la Administración en el problema de la vivienda, advirtiéndonos de su ingenuidad a la hora de analizar el problema desde el prisma de la lógica, en una argumentación a la que nada hay que objetar.

Comenzaba por citar la base a la que todos hemos recurrido sobre el particular, el texto del artículo 47 de la Constitución, un texto al que he tenido que recurrir muchas veces en mis análisis tras largos años dedicados al mundo de la vivienda, la construcción y sobre todo el urbanismo. 

Se trata de un artículo puramente voluntarista, mal interpretado en general, y sobre todo incumplido por parte de la Administración sistemáticamente, por voluntad propia, por desconocimiento, y porque políticamente es una bomba. Trata, en gruesas lineas, de cuatro problemas fundamentales en todo el proceso que liga la vivienda con el urbanismo: el derecho al disfrute de una vivienda digna, la regulación del uso del suelo, la lucha contra la especulación, y el derecho de la comunidad a las plus valías del proceso, asuntos fuertemente relacionados, imposibles de dar frutos si no van ligados íntimamente.

Acaba mi sobrino hablándonos de la oferta y la demanda, sus desequilibrios y los efectos que producen, para terminar por responsabilizar a la Administración de la falta de vivienda pública, y todo ello lo hace desde la limitación de espacio que supone su publicación, pero con los conceptos bastante claros aunque, como anuncia en su principio, con un toque de ingenuidad que su tío, con ya percebes en los cataplines, va a tratar de equilibrar desde el “piensa mal y acertarás”, algo que aplicado a la clase política suele dar acertados resultados.

Pero volvamos al famoso 47, al que en una lectura apresurada, fruto de una mala, o mal intencionada redacción, se le achaca regularmente la virtud de otorgar a cada españolito el derecho a ser propietario de una vivienda, cuando la redacción habla de “disfrutar” de una vivienda “digna”, dos términos que cambian, como no podía ser de otra forma, el supuesto derecho del que no dispone ningún ciudadano en el mundo por el simple hecho de serlo, el que le asista el derecho a ser propietario de una vivienda. “Disfrutar” una vivienda puede ser por ser propietario de ella, o bien por arrendamiento, pues para ser propietario lógicamente es preciso adquirirla. Por otra parte, el termino “digna” viene a dar cobertura a lo que en las ordenanzas municipales de edificación se regula como “vivienda mínima” y “vivienda higiénica”, negando el concepto de vivienda a la que no responda a unos requisitos mínimos de dignidad, tanto en superficie como en instalaciones y demás complementos, siendo este el término correcto a la hora de interpretar el primer párrafo del 47 C.

Esto en cuanto al concepto de vivienda que define la C. y el derecho del ciudadano a su acceso y a que tal vivienda cumpla con un mínimo de condiciones, derecho que hasta ahora ningún gobierno ha hecho absolutamente nada por otorgarlo, en uno más de los artículos de nuestra Constitución absolutamente incumplidos por nuestra lamentable clase política, sea del partido que sea.  

Curiosamente fue la España de Franco quien pasado el periodo inmediato de posguerra “inventó” la vivienda protegida, para satisfacer las primeras necesidades de las capas mas desfavorecidas de la sociedad, con varios tipos de modalidades según la ayuda a considerar, tanto en régimen de propiedad como sobre todo de alquiler, algunas construidas por el propio Estado y otras en colaboración con la iniciativa privada, así fueron las viviendas protegidas, subvencionadas, de renta limitada, bonificadas, y las llamadas sociales para las rentas más desfavorecidas, de manera que en 1956 se aprueba la ley del suelo, sin duda la mejor ley urbanística de todas las vigentes hasta el momento, curiosamente la más moderna de Europa, algo reconocido por cualquiera con unos mínimos conocimientos sobre el particular, olvidándonos de preferencias políticas, para ya en 1957 crear el Ministerio de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, con la Dirección General de la Vivienda, quien habría de crear, a su vez, el Plan Nacional de la Vivienda, completado posteriormente por los sucesivos Planes de Desarrollo, lo que dio lugar a la creación de varios millones de viviendas, entre sociales, protegidas, bonificadas o de renta limitada, tanto en régimen de propiedad como de alquiler.

A partir del advenimiento de nuestra pretendida democracia, el compromiso estatal en la vivienda ha sido puramente testimonial, con una política de vivienda paulatinamente en desaparición hasta el momento actual, prácticamente inexistente en la práctica totalidad de las distintas comunidades autónomas, a quienes se ha trasladado las competencias en materia de vivienda, y ni siquiera en los distintos ayuntamientos, siendo únicamente la iniciativa privada quien tiene actualmente la “obligación” de ejecutarlas en los suelos urbanizables, obligada a mantenerse en unos precios imposibles por la carestía del suelo, y en proporciones a la vivienda libre que impiden su ejecución, o que llevan a un encarecimiento en las libres para poder soportar las pérdidas en las protegidas, lo que propicia por una parte la especulación y por otra el no acometer desarrollos urbanísticos de transformación de suelo. En definitiva un abandono absoluto por parte de la Administración en materia de política de vivienda, en manos siempre de auténticos indocumentados.

Si nos centramos en el mandato de la regulación del uso del suelo, desde la promulgación de nuestra Constitución, este capitulo, que debería consistir en planificar las ciudades a partir, simplificando, de tres categorías de suelo: los urbanos como aquellos que dan frente a viales ya construidos y con todos los servicios, los urbanizables o de reserva urbana, como suelos no urbanizados pero reservados al crecimiento y expansión de la ciudad, y los rústicos, no aptos para la edificación y protegidos por tanto, en cuanto a su vocación agraria, forestal o de cualquier otro tipo de reserva, la realidad poco tiene que ver con la lógica expuesta, ya que es en esta materia en la que la corrupción política se ha adueñado de todo desde entonces, pues se han generado artificialmente, de la nada, todo tipo de plus valías en un mercado persa en el que la confección de un Plan General de Ordenación no era otra cosa que un coto de caza, donde los distintos partidos se han ido financiando a base de otorgar todo tipo de prerrogativas (no olvidemos que un particular no compra a un político, si este no está en venta, y estos, a parte de lo que caiga por el camino, deben hacer caja para el partido). Esta dinámica generalizada, ha hecho que los Planes, en general, nada tengan que ver con las verdaderas necesidades de las ciudades y sus previsiones de crecimiento ordenado, sino de la localización de los mejores postores por un lado y por vulnerar sistemáticamente la prohibición de construcción en los suelos rústicos para no enfrentarse a votantes que no se resignan a que sus terrenos no tengan otro valor que el puramente agropecuario, lo que al final acaba dando como resultado un caos urbanístico, del que ciudades como Vigo son un ejemplo tristísimo.

El tercer mandato, la lucha contra la especulación, no solo no se ha llevado a cabo, sino que se ha propiciado todo lo contrario, pues con planes desequilibrados en cuanto a sus previsiones de crecimiento, y cargas burocráticas insoportables, el desarrollo de transformación del suelo resulta de tal punto costoso en tiempo y dinero que al final el suelo edificable en el mercado hace que la demanda supere en mucho a la oferta, lo que lleva a una especulación galopante del suelo, que repercute en el alza del precio de la vivienda, pues no solo la componente suelo eleva los precios, sino que la reserva financiera para siguientes promociones, donde el suelo tendrá un precio muy superior, contribuye todavía más al alza de los precios, todo ello en una espiral y carrera sin fin, que acabó provocando la enorme crisis de 2007, y lo que es peor, nada se ha hecho desde entonces por solucionarlo y hoy nos encontramos de nuevo recorriendo el mismo camino. Aquí también el caso de Vigo es paradigmático, donde la demanda de suelo es siempre superior a la oferta y la especulación campa a sus anchas, hasta el punto en el que hoy solo se construyen edificios de vivienda de alto coste, y las prometidas viviendas de protección, en las proporciones requeridas, nunca han hecho acto de presencia.

Finalmente y en cuanto al último mandato del artículo 47 C., el que las plus valías repercutan en la sociedad, tampoco se ha dado nunca, pues aquí se han recalificado suelos rústicos en urbanizadles e incluso en urbanos, creando con ello enormes plusvalías que o bien han sido un regalo absolutamente injustificable para el dueño del suelo, que nada ha hecho por su transformación, o han derivado a los partidos en forma de comisiones, pero para nada han hecho a las ciudades más ricas y con mayores posibilidades de ser mejores y contener mayores dotaciones, fin último del reparto de plus valías para la comunidad.

Es decir, si no regulamos convenientemente el suelo, evitamos la especulación, y no hacemos que las plus valías generadas reviertan en la sociedad, la política de vivienda resulta inexistente e imposible, un engaña bobos.

Por otra parte, actualmente el urbanismo ha dejado de ser en gran medida el nicho de la corrupción política, ya que resultaba bastante evidente su realidad, y finalmente los tribunales han incidido bastante en ello, por lo que los partidos han ido buscando otras salidas fuera del sector. Ello nos lleva a que prácticamente ningún ayuntamiento quiera redactar un Plan General, ya que no les produce “beneficios” y sin embargo es causa de grandes problemas que políticamente cada día interesa menos afrontar.

Hoy los medios en general, el llamado cuarto poder, y debido a los progresos de la informática, a la progresiva incultura del potencial lector, a la competencia de las televisiones y a otros factores adversos, han dado un vuelco hacia lo digital, mucho más barato, con mayor inmediatez, sin demasiadas cargas laborales, de manera que la prensa tradicional se encuentra en general en estado ruinoso, soportado por una publicidad muchas veces obligada desde la administración hacia determinadas empresas para cubrir, a cambio, sus propias alabanzas, sin que quede huella de ello, corrompiendo sistemáticamente a la práctica totalidad de los medios, de un signo y de otro, quienes subsisten gracias a ello a costa de su ecuanimidad, sacrificada en aras de la propia subsistencia (anuncios de concesionarias que nada venden, páginas pagadas para alabanza del líder local, publicidad institucional innecesaria, etc.) todo ello a partir de tarifas de publicidad infladas para compensar el buen trato al cacique local, y ahí volvemos al ejemplo de la ciudad ya citada, donde con solo ojear su prensa, el resultado deviene escandaloso, de un servilismo rampante, vergonzoso, donde nada se cuestiona, nada se investiga y nada se critica.  El urbanismo por tanto no interesa al político, pues ya solo le causa problemas. El caso de Vigo vuelve a ser paradigmático, con un alcalde que, por pura demagogia, se cargó el Plan General en ciernes, que nada ha hecho en esa materia para remediarlo en lustros, que prometió la construcción de 6.000 viviendas de protección oficial y no ha llevado a cabo ni una siquiera, que ha tenido que venir la Xunta a inventarse una “nueva legalidad” para recuperar el Plan de hace décadas, para que no se paralizara la construcción en la ciudad, aunque ello nos lleve de nuevo, por desequilibrio entre oferta y demanda, a nuevas cotas de especulación y que nos siga engañando con la promesa constante de un nuevo y maravilloso Plan que nunca verá la luz, sin política de vivienda alguna, salvo la emprendida por particulares, y restos de los compromisos adquiridos por la Xunta en el inacabado polígono de Navia.

La política se cuida y se seguirá cuidando de aquellos sectores donde pescar a gusto, sin problemas y abundantemente, ya sea votos o dinero, y ese campo ya no es el de la vivienda, de ahí que, como dinero llama a dinero,  no se construya otra cosa que viviendas de lujo, reformas de viviendas existentes, alquileres cada vez más caros por desequilibrios entre oferta y demanda, se fomente la emigración de los más preparados (demandantes todos ellos de vivienda), se acoja a los menos (imposibles clientes), se aumente el chabolismo, se proteja a los okupas, mientras los indices de natalidad bajan hasta proporciones altamente preocupantes. El problema de la vivienda no es además el problema de ningún político, tampoco por ello van a tener manifestaciones masivas de colectivos que lo reclamen, pues nunca les faltarán excusas para zafarse y echar balones fuera a costa de cualquier excusa. Malos augurios, por tanto para un sector que hace 20 años era el 15% de la economía de la ciudad y una cantera de generación de puestos de trabajo, mientras hoy las empresas son incapaces de encontrar operarios especializados (albañiles, fontaneros, electricistas, carpinteros, etc.) dedicados, los pocos que quedan, a las chapuzas en reformas, pequeñas ampliaciones, etc., gran parte en la economía sumergida, pero ajenos a la dinámica de promoción de empleo que el sector necesita y que lo ahoga por falta, una vez más, de previsiones en nuestra clase política.

Llevar a cabo una política de vivienda efectiva requiere de profundas reformas, sobre todo en el sistema impositivo, que condena la inactividad, la especulación del suelo y prime lo contrario, una concepción muy distinta del planeamiento y la gestión urbanística y una recuperación efectiva de las plus valía para la sociedad, reformas que a ningún partido, más pendientes de sus propios intereses, le compensa en España, donde además no existe una conciencia ciudadana potente que exija reformas en profundidad, mas allá del oropel del que son especialistas, desde una demagogia y populismo que todo lo ocupa nuestros actuales políticos, en general una fauna con una preparación lamentable, incapaces de delegar en el conocimiento y de afrontar retos de los que no puedan adquirir un rendimiento inmediato.

Hace ya bastante tiempo, cuando el urbanismo y sus derivados cubrían gran parte de mi vida laboral, en un largo articulo, expuse mi receta para solucionar el problema del “disfrute de una vivienda digna”, con todo tipo de detalles y tras un estudio exhaustivo sobre el particular, afrontando hondas modificaciones en el urbanismo y en la fiscalizad (radicalmente equivocada actualmente y ya entonces), una idea que sigue hoy más vigente que nunca, que nadie me pidió, nadie me pedirá y sobre todo nadie seguirá ya, sobre todo porque la política da ciencia infusa o al menos eso creen los políticos, con lo que lo saben todo y a ninguno le interesa seguir los consejos de quienes hemos dedicado nuestra vida a un campo que, hoy por hoy, no hace otra cosa que crearles problemas. En Vigo, con un auténtico analfabeto en esta materia al frente, auxiliado, desde la “casa”, por absolutos desconocedores del urbanismo, más allá de lo que no sea la legislación urbanística, una parte auxiliar de la fundamental, pero sobrevalorada al máximo, no solo es imposible conseguir resultados, sino que no se quiere, para nada, afrontar el problema. Experto como nadie en la mentira y en ir engañando al personal (muy sencillo, por otra parte) a base de notables chorradas, tras cargarse un Plan General que había costado casi una década de gestionar y consensuar, y ello en aras de la demagógica razón de la falta de viviendas de protección que iba a remediar de inmediato, ha pasado otra década y la ciudad sigue sin Plan General y seguirá al menos otra década, como poco, sin lugar a dudas, ya que entre otras cuestiones, el urbanismo, en lugar de aligerarlo de burocracia, lo han ido cargando cada vez más hasta hacerlo impracticable. 

Queridísimo sobrino, hace unos años, muchos años, un sabio de pueblo (del Ampurdán, para más señas), pariente nuestro, me dijo algo que no he olvidado, y es que la naturaleza es tan sabia que equilibra paisaje con paisanaje, y España no es una excepción, es un país maravilloso regido por canallas, y no solo me refiero a los que ahora nos pastorean, sino también a todos los que lo han sido anteriormente. 

Miguel, nunca desde la ingenuidad. Todo tiene un porqué y conviene incidir en algo que ya los medios (hoy incursos en la mamandurria) no practican: desenmascararlos. No servirá de nada, pero al menos uno se desahoga, unos escribiendo y otros (muy pocos) leyéndolo, aunque nada cambie.   Buena proa, buena mar, buenos vientos y,… al abordaje.

«Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes por un palmo más de tierra; que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes.

Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor.

¡Sentenciado estoy á muerte! Yo me rio; no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna entena, quizá de su propio navío.

Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí.

Y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por la mar.

Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar».