Muchas ordenanzas siguen sin actualizarse pese a rozar los 30 años de antigüedad. Algunas están inspiradas en leyes de ministros como Corcuera. Otras, recogen sanciones en pesetas
Los plenos del Concello de Vigo han dejado de funcionar como un órgano de representación, control y decisión sobre los asuntos de mayor trascendencia municipal para transformarse en una tertulia de los concejales socialistas basada en atacar a la Xunta, aunque ello suponga relegar los problemas de los vigueses a un segundo plano o, directamente, al abandono absoluto.
La política de confrontación que de forma unilateral ejerce Abel Caballero contra el Ejecutivo autonómico ha convertido los plenos en una herramienta al servicio de su partido, carente de contenido y que no resuelve ningún problema ciudadano. De hecho, de las casi 200 mociones presentadas por el PSOE, 190 fueron contra la Xunta y, a falta de ideas y argumentos, la mayor parte de ellas se repitieron constantemente -hasta en siete ocasiones presentaron la del IFEVI en el último año-.
Sin embargo, el Gobierno local prefiere olvidarse de cuestiones como el dispositivo antibotellón, el necesario asfaltado de numerosas calles, cuyos socavones comienzan a ser una seña de identidad de la ciudad, o la instalación de puntos de luz en zonas que no disponen de la iluminación correcta.
Esta pasividad y dejadez también queda constatada en la antigüedad de los reglamentos municipales sobre aspectos esenciales de la vida municipal, pues algunos cuentan casi con dos décadas. De hecho, el del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua es de 1993; el PXOM es de 1993, la ordenanza de circulación es de 1993, la de quioscos en la vía pública, de 1995, y la de mercados municipales de 1994, al igual que la de medio ambiente.
Del mismo modo, el Plan de movilidad urbana caducó en el 2020, la ordenanza de ruidos es del año 2000 -sancionando todavía en pesetas-, la de carga y descarga es de hace 14 años, la de tenencia de animales supera los 20 años y la de convivencia y ocio es del 2009 -basada en la Ley Corcuera del año 1992 que lleva lustros derogada-.
Ante esta situación, no resulta extraño que el Concello se niegue a que los plenos vuelvan a ser presenciales, como sí ocurre en las Cortes Generales, en el Parlamento y en el resto de ayuntamientos gallegos. Además de impedir el acceso al público, tampoco se facilita un enlace abierto que permita a la ciudadanía seguirlos vía online.
Asimismo, el alcalde también rechaza comparecer ante la oposición para responder a sus preguntas y dar explicaciones de su gestión, llegando a ausentarse de manera habitual. Esto último resulta paradójico pues, mientras Caballero es el presidente de todos los alcaldes de España en la FEMP, en Vigo no preside ni su propio pleno.