«Resulta incomprensible en un Estado de derecho el flagrante incumplimiento de tales mandatos», subrayan en una de sus once conclusiones remitidas en un comunicado de prensa
Los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia han clausurado hoy en Vigo la XVII edición de sus jornadas anuales, que comenzaron el pasado lunes y en las que han concluido que «resulta incomprensible» que no se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
«La renovación del CGPJ al cumplirse el período de su elección es un mandato constitucional desarrollado por la Ley Orgánica del Poder Judicial que no puede quedar al albur de la conveniencia de las fuerzas políticas. Resulta incomprensible en un Estado de derecho el flagrante incumplimiento de tales mandatos», subrayan en una de sus once conclusiones remitidas en un comunicado de prensa.
Tal y como exponen, la limitación de las competencias del CGPJ ha supuesto la privación de unas competencias constitucionalmente legítimas para efectuar el nombramiento regular de plazas de provisión discrecional, «una fórmula que al margen del debate de su discutible y discutida legitimidad constitucional ha venido a perjudicar gravemente el funcionamiento ordinario del gobierno del Poder Judicial».
Los participantes en las jornadas han reclamado también «la necesidad de crear órganos judiciales colegiados en la primera instancia, dentro de cada orden jurisdiccional y especialización» frente al actual modelo de funcionamiento, basado en crear juzgados o unidades judiciales independientes, separadas y numeradas, el cual «resulta totalmente ineficiente, disfuncional y alejado de los modelos de gestión modernos y más eficientes».
Por otra parte, consideran «imprescindible» acometer la comarcalización de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer definiendo un ámbito territorial que comprenda varios partidos judiciales con grandes similitudes y cercanía geográfica para proporcionar una respuesta más especializada, coordinada y con mejores recursos a la mujer víctima de este tipo de delitos.
Entre sus conclusiones, reivindican la implantación de mecanismos alternativos y/o complementarios al judicial para la solución de conflictos, dado que España continúa en su línea de país con una gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, lo que origina una sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria de los órganos judiciales.
Añaden que el proceso penal debe ser reformado porque el modelo actual genera una «exasperante lentitud» en múltiples trámites, lo que ocasiona gran insatisfacción entre los ciudadanos, entre los propios afectados por el proceso e incluso entre los propios jueces y fiscales.