La patronal de Pontevedra advierte de inseguridad jurídica, paralización de proyectos y pérdida de competitividad tras la suspensión del marco eólico gallego
La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) ha expresado su profunda preocupación por el impacto económico que puede tener en Galicia la suspensión de la normativa eólica autonómica, una decisión que, según advierten, amenaza inversiones estratégicas, frena proyectos en marcha y genera un clima de inseguridad jurídica poco favorable para el desarrollo empresarial.
La paralización llega tras la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Constitucional, como consecuencia del recurso presentado por el Gobierno central contra una ley gallega aprobada en 2024 que buscaba agilizar los procedimientos administrativos vinculados al despliegue de energías renovables.
Incertidumbre jurídica y freno a la inversión
Desde la CEP se subraya que este bloqueo administrativo tiene efectos inmediatos sobre la economía gallega, al detener inversiones ya previstas y comprometer la planificación de empresas directamente relacionadas con el sector eólico, así como de otras actividades auxiliares.
El presidente de la patronal pontevedresa, Jorge Cebreiros, incide en que “la incertidumbre es el principal enemigo de la inversión” y lamenta que se frene una normativa que permitiría reducir trabas burocráticas y acelerar proyectos estratégicos para Galicia.
Energía renovable, empleo y desarrollo rural
El empresariado defiende que el impulso a las energías renovables no solo responde a los objetivos climáticos, sino que también contribuye a generar empleo, dinamizar el medio rural y reducir los costes energéticos, reforzando la competitividad del tejido productivo gallego.
En este contexto, la CEP hace un llamamiento al diálogo institucional y al consenso político, reclamando soluciones conjuntas que eviten conflictos jurídicos prolongados que, según advierten, bloquean una medida clave para el futuro económico de Galicia.