Los dueños del ‘Villa Rosa’ de Baiona afrontan hasta 4 años de cárcel

Rotonda del 'Villa Rosa', en Baiona.

El juzgado de lo penal número 3 de Vigo acoge hoy y mañana el juicio contra el empresario y su hijo, denunciados por un matrimonio vecino del complejo por delitos contra el medio ambiente y de lesiones por el ruido que generaba la discoteca

El dueño de la mítica discoteca de Baiona, Villa Rosa, y su hijo, se enfrentan hoy a un juicio, que tendrá lugar esta jornada y la de mañana en el juzgado de lo penal número 3 de Vigo, en el que la Fiscalía pide para ellos hasta 4 años de prisión por los ruidos y las molestias ocasionados durante años de actividad a un matrimonio vecino, que denunció la contaminación acústica.

Durante la vista, que ya se había fijado para abril y julio pasados, y que finalmente ha sido señalada para estas dos jornadas, los acusados se enfrentan a sendos delitos contra el medio ambiente y de lesiones. Tal y como recoge el escrito de la Fiscalía, «al menos desde 2014» esta discoteca generaba ruidos que excedían los límites legales y, a pesar de las numerosas denuncias, mantuvo su actividad.

Como consecuencia de estos hechos, el matrimonio denunciante hubo de ser atendido varias veces en urgencias, llegando incluso a llevar a sus hijas a casa de otros familiares cuando la discoteca iniciaba su actividad. Finalmente, ellos se mudaron en el 2018, y durante cuatro años sufrieron un trastorno adaptativo por estrés, insomnio, ansiedad, dolores somáticos. Asimismo, les queda como secuela un trastorno neurótico.

Las mediciones realizadas entre 2014 y 2017 en el exterior del local arrojaron resultados de más de 70 decibelios -el máximo permitido entonces eran 50-, y las realizadas en la vivienda de los denunciantes superaron con creces los 40 decibelios -cuando el máximo eran 30-. El local fue denunciado y el Ayuntamiento de Baiona ordenó la suspensión de la actividad e incoó expediente sancionador en 2015 por los ruidos, y también por la realización de algunas obras sin licencia.

Sin embargo, esos apercibimientos no dieron resultado y, de hecho, el propio consistorio fue instado por los tribunales a ejecutar esa suspensión de actividad. Aunque se precintó la discoteca, posteriormente reabrió tras subsanarse las deficiencias detectadas.

Por todos estos hechos, el ministerio público pide para cada uno de los dos acusados 4 años de prisión y el pago de una multa de 84.000 euros. Además, solicitan una indemnización a cada uno de los perjudicados de 39.000 euros, a los que habría que añadir el pago de los gastos médicos que afrontaron durante esos años. También solicita 4 años de inhabilitación para ejercer profesión en el ámbito de la hostelería. Por otra parte, para la sociedad creada por padre e hijo y dueña del local, el Ministerio público pide la imposición de una multa de 360.000 euros y el cierre definitivo.