Luisa Sánchez reclama desbloquear la licitación del transporte urbano ante las denuncias de los trabajadores sobre el deterioro del servicio
La concesión se encuentra en una prórroga forzosa que vence en junio de 2027, mientras el gobierno municipal lleva mes y medio sin aclarar el futuro del concurso, según los populares
La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha reclamado este jueves 12 de noviembre al alcalde, Abel Caballero, que informe sobre la situación de la licitación del transporte urbano, suspendida desde el pasado 28 de septiembre tras detectarse supuestos indicios de prácticas colusorias en el procedimiento.
La dirigente popular considera que la falta de explicaciones del gobierno municipal está aumentando la incertidumbre sobre el futuro de uno de los principales servicios públicos de la ciudad, cuya nueva concesión está valorada en 470 millones de euros para los próximos diez años.
Sánchez también se ha hecho eco de las denuncias realizadas esta semana por el comité de personal de la empresa concesionaria, que advierte de un deterioro de las condiciones del servicio y de la negativa de la compañía a acometer determinadas mejoras mientras continúa paralizado el proceso de adjudicación.
«Desbloquear la licitación y aportar seguridad jurídica es ahora mismo lo más importante y debería ser una prioridad para dar certezas a las empresas, a los trabajadores y a los usuarios», afirmó.
Una concesión de 470 millones pendiente de adjudicación
El procedimiento para adjudicar el nuevo contrato de transporte urbano de Vigo permanece suspendido desde el 28 de septiembre, cuando se anunció su paralización por supuestos indicios de prácticas contrarias a la competencia.
Según recordó el PP, ha transcurrido aproximadamente un mes y medio desde aquella decisión sin que el gobierno local haya ofrecido las explicaciones que reclama la oposición sobre el estado del expediente y sus próximos pasos.
La presidenta popular criticó lo que considera un «silencio sospechoso e irresponsable» del gobierno municipal ante la situación de la mayor concesión del Concello.
Además, advirtió de que la incertidumbre administrativa puede tener consecuencias sobre el funcionamiento cotidiano del transporte público.
La concesión actual se encuentra en una prórroga forzosa con un plazo máximo de dos años, que finaliza en junio de 2027. Sánchez reclamó que el Concello aclare qué ocurrirá cuando llegue esa fecha si todavía no se ha resuelto el nuevo procedimiento.
«No sabemos qué va a pasar a partir de entonces y tenemos derecho a saberlo», manifestó.
Los trabajadores denuncian un deterioro del servicio
Uno de los principales argumentos trasladados por la presidenta del PP son las quejas expresadas esta semana por el comité de personal de la concesionaria.
Según expuso Sánchez, los representantes de los trabajadores denuncian un aumento de la precariedad y un deterioro del servicio, que relacionan con la negativa de la empresa a realizar mejoras mientras persiste la incertidumbre contractual.
La dirigente popular considera que esta situación refleja una falta de seguimiento y control del gobierno municipal sobre las empresas concesionarias.
En este sentido, acusó al ejecutivo de Abel Caballero de mantener una gestión deficiente de los servicios públicos, especialmente en lo relacionado con el mantenimiento de las infraestructuras y la supervisión de las concesiones.
«La degradación y la precariedad son una marca del PSOE, tanto en la ciudad de Vigo como en el resto de España», aseguró Sánchez, en una valoración política sobre la gestión del servicio.
El PP reclama la comparecencia del concejal Javier Pardo
Desde la suspensión de la licitación, el Partido Popular ha solicitado explicaciones al gobierno municipal y ha reclamado la comparecencia pública y en el pleno del concejal responsable del área, Javier Pardo.
Sánchez denunció que el gobierno local no haya atendido estas peticiones y acusó al alcalde de impedir que el edil comparezca ante la corporación para informar sobre el procedimiento.
La presidenta popular considera que, debido a la cuantía del contrato y a su importancia para la movilidad de la ciudad, el Concello debería informar sobre las causas de la suspensión, la situación administrativa del concurso y las posibles consecuencias para los usuarios.
«Hacen falta explicaciones y, cada día que pasa, de forma más urgente», insistió.
Finalmente, la dirigente reclamó al gobierno municipal que priorice la resolución del procedimiento y garantice la continuidad y calidad del transporte urbano.
Con la actual prórroga próxima a finalizar en junio de 2027, el PP sostiene que resulta necesario aclarar cuanto antes el futuro de la concesión para ofrecer seguridad tanto a los trabajadores como a las empresas y a los usuarios del transporte público vigués.