Las ayudas del Bono Consolida alcanzan hasta 30.000 euros por entidad y cubren el 80% de la inversión para impulsar digitalización, eficiencia energética y competitividad
La Xunta de Galicia ha concedido más de 700.000 euros a 38 empresas del área de Vigo a través del Bono Consolida Economía Social, un programa destinado a fortalecer la competitividad de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo. La inversión total asciende a 710.000 euros, según recoge la información oficial.
La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitaron este lunes las instalaciones de la empresa Orballo Automoción, una de las beneficiarias de la convocatoria anterior.
Apoyo a la transformación digital y a la eficiencia energética
El Bono Consolida, impulsado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, tiene como finalidad apoyar la transformación digital, la eficiencia energética y la mejora de la competitividad del tejido de economía social.
En el caso de Orballo Automoción, la ayuda concedida —de más de 24.000 euros— permitió la adquisición de un vehículo híbrido de apoyo y equipamiento informático destinado a optimizar la gestión administrativa, reforzando así su capacidad operativa y su sostenibilidad.
Las subvenciones pueden alcanzar hasta 30.000 euros por entidad, con una intensidad del 80% del coste subvencionable. Entre las actuaciones financiables se incluyen inversiones en equipamiento informático, software, marketing, eficiencia energética, elementos de transporte, formación de socios adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y reformas en centros de trabajo.
Nueva convocatoria abierta hasta el 10 de abril
La nueva convocatoria fue publicada el pasado 11 de febrero y el plazo de solicitud permanece abierto hasta el 10 de abril. La previsión de la Xunta es que estas ayudas beneficien a cerca de 250 entidades de economía social en toda Galicia.
Podrán optar a ellas sociedades cooperativas y laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo que estén debidamente registrados y acrediten una antigüedad mínima de 42 meses.
Como principal novedad, la Administración autonómica priorizará los gastos de inversión frente a los corrientes, con el objetivo de garantizar una consolidación real y sostenible de las entidades beneficiarias. Además, se amplía de dos a tres años la obligación de mantener la forma jurídica y la actividad empresarial, reforzando así su permanencia en el tejido productivo gallego.