El pleno del TC avala la aplicación de la norma, con la excepción del punto referido a la vacunación, una cuestión que la Xunta ya había tratado de acordar con el Estado en la comisión bilateral, pero que el Gobierno central no quiso abordar
La Administración autonómica se muestra satisfecha con el contenido del auto, que por otra parte, califica los alegatos de la Abogacía del Estado “de desmesuradas”
La Xunta celebra que el Tribunal Constitucional había decidido levantar la suspensión de la Ley de Salud de Galicia, tal y como habían solicitado los servicios jurídicos de la Administración autonómica y en contra del que pedía la Abogacía del Estado. El pleno del TC avala la entrada en vigor de la normativa gallega con la única excepción del punto que hace referencia a la vacunación.
En el auto en el que el Constitucional levanta la suspensión de la norma aprobada por la Xunta en febrero de este año y contra la que el Gobierno central interpuso un recurso de inconstitucionalidad, el TC califica los alegatos de la Abogacía del Estado “de desmesuradas”, sobre todo en lo que se refiere a medidas recogidas en el texto legal que, según esos alegatos, no precisaría de una autorización judicial. El TC lo rechaza y subraya que “los argumentos expuestos por el abogado del Estado en su escrito de alegatos no pueden ser atendidos”.
La Administración autonómica se muestra satisfecha con el contenido del auto y recuerda que, en el que respeta al único punto en el que se mantiene la suspensión, lo que hace referencia a la vacunación, la Xunta siempre quiso llegar a una solución pactada. De hecho, en la comisión bilateral creada a tal fin, había propuesto un acuerdo que el Gobierno central nunca aceptó, ni siquiera cuando se les remitió una propuesta alternativa que no fue tenida en cuenta.
El levantamiento de la suspensión de la Ley de Salud de Galicia implica su entrada en vigor cinco meses después de que haya sido aprobada por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, negando así a los gallegos de garantías jurídicas para actuar en momentos decisivos de la pandemia.
El vicepresidente primero, Alfonso Rueda, manifestó su satisfacción por el auto, ya que “llega en un momento acomodado para aplicar las medidas que precisamos para luchar contra la pandemia” y lamentó que el Gobierno central “lamentablemente” siga negando una solución consensuada.