La Xunta alerta de que la prohibición de obras en edificios habitados provoca «una avalancha de ERTE»

La conselleira de Vivienda, Ángeles Vázquez, mantienen una videoconferencia con representantes de la Federación Gallega de la Construcción y de la Cámara de Contratistas

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha asegurado hoy que la prohibición de obras de rehabilitación en edificios habitados decretada por el Gobierno central está provocando una «avalancha» de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Así lo ha manifestado hoy después de mantener un encuentro por videoconferencia con la Federación Galega da Construcción y la Cámara de Contratistas de Galicia.

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Durante el encuentro, Vázquez Mejuto subrayó que una vez retomada la actividad de los sectores productivos no esenciales, entre los que se encuentra la construcción, la Xunta ha acordado reactivar más de 500 obras en toda la comunidad, parte de ellas, dependientes de su departamento. En concreto, les trasladó que se retomaron un total de 13 obras de rehabilitación del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y de la empresa pública Xestur que dan trabajo a 200 personas en las localidades de Betanzos, Lugo, Vigo, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Arteixo, A Pontenova y Santiago de Compostela.

En todos estos casos, las actuaciones fueron reactivándose de forma paulatina desde el lunes 13 de abril, una vez levantada por el Estado la paralización de la actividad no esencial y previa adopción de las medidas de protección recomendadas, como el mantenimiento de un aforo dentro de la obra de entre dos y tres trabajadores. A este respecto, aprovechó también la reunión para recordarles que hace unos días el Issga publicó una guía de prevención de riesgos y seguridad laboral para resolver dudas y orientar a las empresas sobre las medidas de protección que deben adoptar con su personal.

En todo caso, la conselleira aclaró que algunas obras de rehabilitación del IGVS aun siguen paralizadas en cumplimiento de la instrucción del Estado de no retomar aquellos trabajos que afecten a edificios habitados, una decisión que, indicó, está teniendo ya un impacto económico sobre las empresas adjudicatarias.

De hecho, los representantes de ambas entidades le trasladaron a la responsable autonómica que, según los cálculos del propio sector, hay unos 20.000 trabajadores autónomos y de pymes afectados por la prohibición del Gobierno de retomar los trabajos a ejecutar en inmuebles habitados, por lo que demandaron mayor seguridad jurídica y claridad sobre el alcance del actual estado de alarma en este sector.